Conurbano a Fondo

Por: Germán Saller

Y finalmente, en 2016, la Provincia de Buenos Aires fue la que recibió el monto más bajo, de todas las jurisdicciones, por el reparto del 10% que se detrae del Impuesto a las Ganancias para la constitución del Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense, según la redacción original de la Ley 24.073 de1992.

Como es sabido, en 1996 la vigencia de la Ley 24.621 estableció el techo de $ 650 millones para dicho fondo, de manera que el excedente se distribuiría entre todas las demás jurisdicciones.

Una rareza más de nuestro complejo sistema de coparticipación, en el que el fondo creado para atender situaciones en la Provincia de Buenos Aires, termina siendo prácticamente insignificante para ella y un botín irrenunciable para el resto.

Gráfico de distribución por jurisdicción del original 10% del “Fondo Conurbano” en 2016. En millones de pesos

El techo colocado en 1996 se hizo operativo de forma casi inmediata y con los veinte años posteriores, la mejora del nivel de actividad, de la recaudación del impuesto a las ganancias y el proceso inflacionario, los $ 650 millones se hicieron tan insignificantes que llegó el planteo judicial y la Corte está a punto de tomar una decisión en la materia. Está claro que podrá sugerir muchas cosas, pero no que todo siga igual.

De la misma manera que hace dos años se pronunció por la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable bruta “para el pago de obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos” y obligó a todos los actores a sentarse nuevamente a la mesa de discusión, es probable que otra vez los gobernadores se acerquen a esa mesa.

El problema es que en este caso no se trata de una medida que los pone a todos los gobernadores a discutir contra la Nación, sino que es una sola provincia discutiendo contra todas las demás. En términos de federalismo fiscal, es más una discusión de la distribución secundaria que de la primaria, aunque ambas forman parte del mismo problema.

Sin contar el monto de la ley de financiamiento educativo, lo que reciben las provincias (excepto la de Buenos Aires) por el reparto del excedente del fondo del conurbano representa aproximadamente un 15% de lo que reciben por coparticipación federal. Ese porcentaje es diez veces más de lo que representa para la Provincia de Buenos Aires.

¿Qué puede esperarse de la discusión? Todos saben que no se puede seguir de igual modo y es muy difícil encontrar una solución en la que no haya actores perdidosos como todo juego de suma cero, a menos que se pongan a jugar muchos otros factores, además del propio techo del fondo que recibe la Provincia de Buenos Aires.

Eliminar el techo, sin más trámite, devolvería el valor original de 10% de la recaudación de Ganancias para la Provincia, monto que pisa los $ 60.000 millones estimados para 2017 y dejaría de ser percibido por el conjunto de provincias. Esa alternativa parece imposible. Claramente para muchas provincias el monto que perciben por el excedente del fondo del conurbano es de gran peso en comparación con la recaudación propia y los gastos corrientes.

Otra alternativa es eliminar el fondo y que no se detraiga ese 10% del impuesto a las ganancias, de manera que pase a integrar la masa coparticipable y se distribuya con los coeficientes correspondientes de la ley vigente (Ley 23548). Sigue siendo una situación conflictiva en la que el conjunto de provincias va a perder y la de Buenos Aires va a ganar pero menos que en la alternativa anterior.

Entre las posibilidades más complejas se encuentra la de seguir poniendo parches al sistema y rediscutir juntamente otros fondos compensadores y especiales, generando una masa de recursos liberados para sumarlos al global y que se apliquen los coeficientes históricos o unos de transición.

El conflicto plantea un desafío interesante para buscar una solución con vistas a debatir de una buena vez una nueva ley de coparticipación federal (el tiempo ha demostrado que representa la solución más compleja que la de poner parches) y es un ejercicio de precalentamiento para tal fin.

 Seguramente que la discusión no será inminente aún cuando la Corte tome una decisión, la misma irá acompañada de un plazo para establecer un mecanismo de discusión. Hay algo en que todas las partes han de estar de acuerdo: la Economía, más allá de los intentos por rebautizarla, es Economía Política y a un mes de las elecciones nadie se pondría a discutir esto seriamente.

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