Correo Argentino: citan a declarar al exprocurador del Tesoro

En el marco de la causa que investiga si el presidente Macri benefició a su familia, el juez Ariel Lijo le tomará declaración a Carlos Balbín, que abandonó su cargo en medio del escándalo y había ordenado investigar el acuerdo entre el Estado y la empresa.

El juez federal Ariel Lijo citó hoy a declarar el exprocurador del Tesoro, Carlos Balbín, en el marco de la causa que investiga si el presidente Mauricio Macri benefició a su familia mediante el polémico acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino.

Balbín dejó su cargo a fines de abril, poco antes de entregar un informe con su firma, en donde aludía a la responsabilidad del Estado en el extenso concurso de acreedores con la empresa vinculada al grupo Socma. El entonces procurador del Tesoro había ordenado en febrero un sumario administrativo y una auditoría para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, en el marco del concurso preventivo de la empresa, que fue rechazado por "abusivo" por parte de la fiscal de Cámara del fuero comercial, Gabriela Boquín. 

Y días antes de renunciar había preparado un informe donde aseguraba que el Estado había sido víctima de un "detrimento" en su "patrimonio" y había cuestionado tanto las posiciones de la empresa como del Estado para demorar un trámite judicial por más de 16 años. Al renunciar al cargo de jefe de abogados del Estado, Balbín volvió a su puesto de juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Hace diez días, el fiscal Juan Pedro Zoni amplió la imputación en el expediente en donde investiga si hubo favorecimiento a la empresa del Correo y solicitó una serie de medidas. Ahora el juez Lijo hizo lugar al pedido de citar a Balbín para el el próximo miércoles, y al exjefe de auditoría de la Procuración del Tesoro, Guillermo García, quién también había renunciado a su cargo con la salida del entonces jefe.

En el expediente que tramita en la Justicia comercial por el polémico concurso de acreedores, la fiscal Boquín denunció que el Estado y la empresa habían arribado a un acuerdo que representaba un multimillonario perjuicio para el erario. Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende del dictamen, quien dio la orden para ello habría sido el presidente Mauricio Macri.

"Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del presidente la Nación. Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés", resumió el fiscal Zoni.


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