¿De qué se trata III?

Por: Carlos Leyba

I

La ley se sancionó con una mayoría cierta, pero escasa. No es una norma de consenso y es una norma de muy largo plazo. Estructural. 

No se construyen estructuras sólidas sin consenso. Más allá de la cuestión coyunturalmente central, acerca de la magia de un ahorro de 65 mil millones de dólares (la cifra es mutante pero por ahí anda) que sin embargo no afecta a los recursos disponibles de aquellos a quienes se le detractó de su ingreso (¿?), está la cuestión adicional de la extensión de la “obligación” de jubilarse a los 65 años. 

Este mecanismo ahorra recursos de la seguridad social, baja el número de beneficiarios potenciales durante un cierto período, pero en contrapartida frena la capacidad de empleo de los más jóvenes que son la mayor parte de los desocupados. 

Este es un caso clásico en el que, por ausencia de estudios en profundidad, se puede perseguir el equilibrio de la cuentas del Estado y generar un desequilibrio de la Nación. La sabiduría de las leyes es armonizar los dos equilibrios. Esta ley podrá –difícil– crear equilibrio en el Estado, pero sin duda desequilibra la Nación. 

Eso pasa cada vez que la urgencia desbanca a la importancia de las cosas y la visión gerencial se impone a la de los hombres de Estado. Cosa, por otra parte, muy probable dada la notable ausencia de hombres de Estado en todas las comarcas políticas sea la del oficialismo o sea la de las variadas oposiciones.

El PRO tuvo su ley. Pero no hay duda que para ganar en “gobernabilidad”, que toda sociedad necesita como el hombre al oxígeno, no puede instalarse como práctica el mecanismo de presión con el que se ganó esta ley. Al gobierno le hace falta aprender otra forma de “ganar”.

No puede seguir ganando elecciones a base del marketing que no dice lo que va a hacer, porque termina mintiendo. No puede seguir sancionando leyes sin consenso. Porque genera mas riesgo de daño que posibilidades de beneficio. 

Esto lo escribo después de la sanción de la ley en la mañana del martes. Lo que sigue lo escribí el lunes. Días de vértigo.

II

Horrible. Los errores producen consecuencias. La superación de los mismos exige reparación. No es reparadora la asnal insistencia que, si perdura en el tiempo, consagra la irracionalidad. Es cierto. 

Pero son infinitamente peores las reacciones forajidas urbanas que demuestran hasta dónde ha llegado la decadencia civilizatoria de muchos de los que militan condenando los errores y que, con sus reacciones propias de bandidos, multiplican las consecuencias. 

La propuesta y el método usado por el gobierno para sostenerla o imponerla adolecen del mismo vicio de origen. La propuesta oficial, a la que adhieren la mayor parte de los gobernadores y seguramente una mayoría legislativa, en relación a la crisis del sistema de seguridad social o en relación al déficit primario, es sencillamente mínima y como tal sustituible. 

Las posibilidades de sustitución son muchas. Y en esto coincidimos un amplio espectro de economistas, profesionales de la cuestión, que va de lo que se puede llamar la ortodoxia a la heterodoxia, todas las márgenes. 

La crítica a la propuesta y al método, para su desgracia, tiene entre algunos de sus portavoces, no todos, a políticos y legisladores o “militantes” que votaron la privatización de la seguridad social. No se puede dejar de lado el juicio de las actitudes en el presente con lo actuado sobre el mismo tema en el pasado. Ese “chiste” del menemismo nos costó una deuda que se ha estimado en 30 mil millones de dólares. 

También tiene, entre algunos de sus portavoces, a los mismos legisladores esta vez kirchneristas y aliados, que impidieron la vigencia del 82 por ciento móvil. Y también a funcionarios K que se engolosinaron en los directorios de las empresas cuyas acciones pasaron a manos del ANSES. Y además entre ellos están los que celebraron la libérrima moratoria de CFK que permitió que 3,5 millones de mayores, que no habían aportado los años de rigor, se jubilaran. 

De esos 3,5 millones es probable (probable, no solo posible) que no más del 40 por ciento hayan sido trabajadores sin aportes o bien personas sin patrimonio o sin recursos. El kirchnerismo permitió que sea libérrima por no exigir en esos casos condiciones de necesidad. Probablemente (y no solo posiblemente) haya más de un millón de personas jubiladas que legalmente han recibido un beneficio sin tener necesidad de que la sociedad cubra sus necesidades. 

Ese dispendio de “derechos” fue una de las tantas aberraciones cometidas contra el sistema de seguridad por parte de muchos que hoy militan contra esta legislación que es una fórmula de descuento con algunas más que mínimas compensaciones. Una formula de descuento innecesaria, inconveniente e inadecuada al momento. 

Sería mucho más contundente una norma reglamentaria de la ANSES que exigiera a todos los jubilados sin aportes que presenten, como condición necesaria para seguir recibiendo el beneficio, la declaración jurada patrimonial propia y de los familiares directos, cónyuges e hijos, así como los ingresos mensuales de los mismos. Y que se suspenda el pago del beneficio hasta tanto se presente esa declaración jurada. 

Por esa vía –que podría aplicarse– en el mismo sentido a las jubilaciones por incapacidad, que verifique que la tienen o los planes de necesidad de personas que disponen de patrimonio, podrían ahorrarse cifras muy parecidas a la que se discuten todos los años de aquí en más. 

El gobierno ha cometido un error. Pero la principal oposición, con su silencio ante el horror de la Ciudad destruida por forajidos urbanos alentados, conducidos y financiados por militantes de la oposición, ha puesto al país otra vez en el camino de la violencia. 

En 1973, recuperada la democracia, cuando el ministro José Ber Gelbard quiso poner en su cargo al ministro de Obras Públicas, el Ing. Horacio Zubiri, miembros de la “juventud maravillosa” asaltaron el despacho y quisieron tirarlo por la ventana. Gelbard era acusado de ser “la burguesía” en el gobierno popular. Todos sabemos que esa misma violencia fue en ascenso hasta el asesinato de José Rucci. Todos sabemos cómo empieza, nadie sabe cómo termina. 

La condena a la violencia es inexcusable. Si la ley se sanciona, los que creemos que hay alternativas más razonables debemos tratar de ganar voluntades para sustituirla por ellas. 

Pero sin militar contra la violencia ahora, sin exigir la reparación de los daños materiales, sin el castigo a la violencia, habremos dado un paso más, tirar a un ministro por la ventana es una amenaza y lo que le sigue a ella es una historia de decadencia.  

Hasta aquí lo que escribo hoy preocupado, lunes a las ocho de la noche. Lo que sigue es lo que escribí el día anterior ocupado de un problema. 

III

El gobierno ha impulsado, en una ley que llama reforma previsional, un cambio en el método de cálculo con el que se ajustan algunos pagos de transferencia (jubilaciones, AUH, etc.). La finalidad expresa era mejorar la calidad de la fórmula en vigor. 

Detrás de esta búsqueda de precisión aritmética está que el cambio de fórmula genera un ahorro fiscal del orden de los 65 mil millones de pesos (los cálculos varian de 100 a 50 mil millones). El ahorro significa dejar de pagarle esa suma a los beneficiarios.

Lo así ahorrado permitirá financiar recursos para la Provincia de Buenos Aires. Una noticia reparadora de la canalla actitud del kirchnerismo que condenó a la Provincia a no poder contener el drama de las 1600 villas de emergencia que la habitan. 

Los jubilados y otros beneficiarios sociales así financian la posibilidad de obras, apoyos, ayudas para la pobreza del Conurbano. 

Esas mejoras tienen un valor ético indiscutible; y una consecuencia electoral positiva para Maria Eugenia Vidal. Esto un poco más discutible tanto desde el punto de vista ético como electoral. La quita del beneficio potencial de los, para simplificar, jubilados también puede tener efectos electorales negativos. 

Haciendo la suma y resta, los jubilados –que en su mayoría no son ricos–financian la mejora del Conurbano en donde los pobres son mayoría. Es dificil imaginar tanto el resultado neto social como el resultado neto electoral. 

Todo sería más claro si el sector social que financiara fuera el de mayor poder adquisitivo. No es el caso. Este no es, como diría Felipe Solá, un tiro para el lado de la Justicia. No es por maldad. Tal vez sea por la otra razón por que las cosas no se hacen bien. Usted lo sabe.

El gobierno -ante la protesta callejera belicosa y la patética patoteada de los legisladores kirchneristas al presidente de la Cámara de Diputados-, a través de Elisa Carrió abrió una puerta de escape. Se levantó la sesión parlamentaria del viernes y se avisó la llegada de un bono de 4 mil millones de pesos para los beneficiarios de menores transferencias. La suma compensadora es sencillamente ridícula aunque representa una clara confesión de la quita. Nadie trata de devolver lo que no quitó. 

Hoy no sabemos si el bono generará el lunes la presencia legislativa necesaria para sancionar la ley.

Tampoco sabemos si la calle se llenará de protestas y menos aún si los legisladores K volverán a acometer como patoteros para impedir sesionar. 

Nadie sabe si ingresamos en un impasse en el “reformismo permanente” o en un avance en esa dirección deseada por el PRO. 

El avance, de producirse, estará  conducido por una mayoría ocasional formada por los votos convencidos de Cambiemos (¿?) más los votos condicionados de los legisladores que responden a las necesidades financieras de los gobernadores. 

En este caso –de alta probabildad- el “reformismo permanente” pasará a ser un “reformismo permanente transitorio” porque la coalición que lo vota no sería el resultado de la convicción sino del apriete. 

Y por más razones que haya para esas “reformas” esas razones (del apriete) se apagan, cuando la presión afloja, si el método no es el consenso sino la presión.

De todas maneras si la votación fuera favorable, el gobierno lo consideraría como el triunfo del “reformismo permanente” y de la manera de gobernar al ritmo de la presión. 

El gobierno de los gerentes claramente no es el de la persuasión. Es el de la imposición. Y esta tarea lo habría confirmado. Claro que en política esto traducido al maradonismo básico es “billetera mata galán”. Y vale mientras dura la billetera. El problema real es que nadie imagina que la billetera aguante mucho.

Una pequeña digresión. Una ampliación de la billetera es el PPP método extremadamente discutible que permite hacer obras con financiamientoexterno sin que la deuda figure en el Presupuesto. Claro que todo tiene un precio. A la tasa de interés habrá que sumarle, como mínimo, una utilidad “taita” (hay que ser muy macho o cobrar mucho para ese viaje) e igual habrá que pagarlo como deuda externa cara y sin que las obras sean capaces de generar un solo dólar en la balanza comercial. 

Es decir, para ampliar la billetera electoral del próximo período provocaremos una deuda de décadas. ¿Un vicio nacional? 

Dicho esto pasemos al otro escenario posible a partir del lunes. El apriete falla y entramos en el “impasse” de las reformas. 

No se sanciona la ley el lunes y el peso político de la mayoría electoral relativa se oxida. 

Ahí nace una oportunidad -la de los hombres de la política que están en el PRO (Federico Pinedo, Emilio Monzó) y de algunos radicales que todavía tienen ganas de subsistir -para barajar y dar de nuevo. 

La vía positiva es el surgimiento de la construcción de consensos, que no es igual a “negociar”, sino que se trata de acordar una estrategia de fondo de soluciones para problemas concretos. Renunciar al maximalismo e ir por el consenso.

Pero también puede nacer un período de mayor debilidad por incapacidad de consensuar. Obviamente la clave esta en la gestión de gobierno. 

Nada bueno puede suceder si insistimos en el parecido a Antonito de la Rúa que no garantiza el consenso porque añora el estado de sitio. Tampoco nada bueno parecido puede suceder si repetimos el escenario de la 125 de Alberto Fernández. ¿Dónde estamos?

De todas las normas sancionadas bajo presión, nacidas de poca razón y poco consenso, la historia nos enseña, ninguna de ellas ha quedado en pie. Pagamos los costos y nos quedamos sin beneficio alguno. Ejemplos hay muchos. 

Un ejemplo ¿qué quedó de la estabilidad lograda por la Convertibilidad? 

Como era un régimen para adelgazar con anfetaminas: después de destruirnos el cerebro (aparato productivo), volvimos a engordar el doble y nos quedamos con la deuda, la pobreza y sin aparato productivo…Hay más. ¿Le cuento? Mirémoslo con ojos de hoy.

El sistema previsional de reparto depende de una ecuación sencilla: si los trabajadores en actividad –con un aporte razonable– son suficientes como para sostener un porcentaje mas o menos importante del salario de los activos convertido en remuneración (jubilación) de los pasivos, entonces el sistema es estable y está en equilibrio.

Es decir, todo depende de la relación entre trabajadores activos y los pasivos que fueron trabajadores. Si crece el número de pasivos (demografía) y deja de crecer el número de activos (empleados registrados) el sistema se desequilibra. Y si los activos no están registrados el desequilibrio es catastrófico. 

Simple, en la Argentina los pasivos crecen a mayor velocidad que los activos, y los activos, cada vez más, son trabajadores no registrados. Hasta aquí un escenario dramático, pero clásico. 

Cristina Elisabet Fernández produjo dos mazasos irracionales sobre el sistema, ya para entonces precario. 

Primero incentivó el empleo público (es más fácil que incentivar el empleo privado) con lo que más de 1 millón de activos pasaron a cobrar salarios de la administración pública (obviamente sin ningún aumento de productividad); y a reducir la capacidad del sector público para transferir recursos adicionales al sistema de seguridad. 

Si ese millón de trabajadores hubiera obtenido empleo registrado, los recursos de la seguridad habría aumentado y en el sector público se habría liberado una enorme cantidad de pesos. 

Segundo, además CFK instó a que más de 3 millones de personas que no podían jubilarse (por no haber aportado 30 años) lo hicieran con una especie de “autofinanciación” de la deuda previsional. 

Socialmente hay una justificación siempre y cuando el beneficio hubiera estado sujeto a ciertas condiciones de patrimonio e ingreso.

Mirando al sistema, CFK le agregó un 60 por ciento de perceptores e incorporó al sistema público 1 millón de activos que, en lugar de un aporte neto al sistema, representan una detracción neta de recursos al mismo.

Esta “reforma previsional”, que es una quita de recursos a los pasivos, trabaja sobre un sistema profundamente desequilibrado. No hay una creación de empleo tal que supere la evolución natural de la demografía; y ni hablar de las moratorias que han permitido la expansión geométrica del número de pasivos. 

La única “reforma previsional” que equilibra el sistema en todas sus dimensiones es la creación de miles de puestos de trabajo registrados, primero registrando a los que trabajan y no están registrados. 

Ese esfuerzo implicaría aproximadamente un incremento del 30 por ciento en la recaudación de la seguridad. 

La segunda tarea es incrementar (objetivo supremo de la política económica) la creación neta, a lo largo de los próximos diez años, de un número de puestos de trabajo que supere anualmente en un 50 por ciento lo que aumenta la Población Económicamente Activa. 

Es decir, por ejemplo, crear 200 mil nuevos puestos privados para acompañar la expansión de la PEA y sumarle otros 100 mil privados para, en el plazo de 10 años, sumar por lo menos 3 millones de nuevos empleos. 

Está implícito que, con los reentrenamientos y capacitaciones que sean necesarias, los trabajadores de la Administración Pública, en parte deberían ser absorbidos por la creación privada de puestos de trabajo con alta productividad y las dotaciones, como mínimo, deberían quedar congeladas en los niveles de hoy.

Pensar en una reforma previsional que no centre la política en la creación de puestos de trabajo privados es una quimera. 

Con lo que todo vuelve al principio. Gobernar es crear trabajo… productivo. Las frases incompletas son letales. 

Cristina leyó un pedazo de la frase y multiplicó los trabajos que no implicaban generar productividad. (El PRO ha hecho un aporte en esta dirección creando cargos de alta remuneración mensual -más de 200 mil pesos mensuales– para jóvenes bilingues).

CFK se limitó a servir a la etapa, digamos, decadente del sistema capitalista que deviene cuando torna incapaz de crear trabajo productivo y pasa a crear consumidores activos que no generan valor.

Las cosas son más simples de lo que parecen, aunque sean más difíciles de aceptar si se vive encerrado en la jaula de la soberbia y la ignorancia. 

Crear trabajo productivo es crear trabajo con capital productivo. La suma de los dos genera valor. La política económica no puede no tener como objetivo central la creación de empleo y la atracción de inversiones. Ni con CFK ni hasta aquí nada de lo uno ni de lo otro. 

Es cierto, el regimen anterior no lo hizo e instaló esta dinámica de cubrir el error y evitar el horror mediante tangentes. 

Pero–a pesar de la crítica y la denuncia oficial al pasado– estamos en lo mismo. 

Las inversiones productivas no llegan solas. Y este gobierno utiliza el método equivocado para buscarlas. 

Les manda la señal de alta tasa de interés y garantía de mantener un dólar atrasado. 

El dólar atrasado no sirve para producir y sí para importar. 

Y la tasa descomunal en pesos, con un dólar que sirve para importar, garantiza la tasa de rendimiento de la inversión especulativa más alta del planeta. 

¿Cómo van a venir las inversiones productivas (nacionales o extranjeras), cómo se va a crear trabajo productivo, cómo se va aumentar la productividad?

Las personas comparan: papeles seguros líquidos versus enterrar recursos en fierros productivos a manos de un grupo de vikingos de la política que furiosamente quieren bajar aranceles, abrir fronteras, atrasar el tipo de cambio, llevar las tasas de interés a la estratosfera, no tener un Banco de Desarrollo, ninguna ley de promoción industrial y hacerle decir a los periodistas amigos que hay que combatir a los empresarios “prebendarios”, etc. Miedo.

En ese contexto, conceptualmente, esa “reforma previsional” es un capricho inútil por muy poca plata fácilmente extraíble de otras cajas, y sin ninguna consistencia sistémica. 

Y ni siquiera es valiosa en un enfoque de reestructuración: hagan un censo de todos los jubilados sin aporte previo, y determinen cuántos de ellos tienen como único ingreso esa jubilación; y de verificarse un perceptor para el que hay inexistencia de “necesidad” (ya que ese fue el fundamento de la moratoria) se acuerde, digo “acuerde”, la suspensión (o donación) de la misma hasta que la necesidad se verifique. Usted me entiende: por ahí esta la corrección de una norma de nobles intenciones hecha por un conjunto de delirantes. ¿La seguimos?

¿Por qué estas normas, las que hoy se debaten, se imponen por presión y no por la razón? 

Primero, si la cuestión central es la quita de, digamos, 65 mil millones de pesos a los jubilados para resolver un problema del mismo monto, a la provincia de Buenos Aires, esa suma no amerita arriesgar tanto en el ejercicio de la tarea de gobierno. Arriesgar supone la existencia de un premio y poner en su afán mucho de lo que se tiene. 

Aclaro. Esta suma (los 65) es nada frente al pago anual de los intereses que perciben los tenedores de Lebac que equivale al 27 por ciento de 1 billón doscientos mil millones de pesos. Y tampoco nada comparable a los casi 180 mil millones de pesos aplicados a la Reparación Histórica de los Jubilados a la que se aplicó la recaudación del Blanqueo. Y es casi lo mismo que le costó al BCRA el pago de la insólita “ganancia” de la timba realizada por los especuladores del dólar futuro, esquema tan delictivo que mereció la denuncia penal a los funcionarios del BCRA realizada por Alfonso Prat Gay y que, sin embargo, a pesar de lo espantoso, mereció que el presidente del BCRA se conviertiera en el abanderado de tan repudiable pago.

La idea era cumplir con los contratos y llevó al PRO a pagar los escandalosos beneficios del dólar futuro. Esa decisión implicó la emisión de 55 mil millones de pesos. 

Si no se hubiera devaluado antes de junio de 2016, puede que me equivoque en uno o dos meses, ese beneficio habría sido igual a cero y la cancelación del contrato, a su término, no habría costado absolutamente nada. 

Pero, si la lógica decisión de poner el nivel del dólar donde correspondía no podía ser demorada para impedir la continuidad de las pérdidas de los sectores exportadores y además impedir el flujo importador a partir de un dólar atrasado y viajes y otras derivaciones negativas del atraso cambiario; utilizando por esos meses –por ejemplo si fuera el caso hasta junio– instrumentos fiscales (reembolsos, retenciones, gravámenes) se habrían evitado los 55 mil millones que pagó el BCRA y durante esos meses se habría “ordenado” más razonablemente el flujo cambiario sin devaluar por un breve lapso. 

Se podrían haber eliminado las retenciones existentes y restituirlas luego de la devaluación que, trasladada en el tiempo, habría evitado esa inmoral, innecesaria e infame transferencia de ingresos a favor del grupo más ocioso de la sociedad argentina: los especuladores financieros. 

Esa primera decisión del BCRA, que contradijo lo que los militantes del PRO habían denunciado penalmente, fue un escandaloso error además de una sospechosa inmoralidad. Y seguramente dentro de unos años alguien será acusado por ello. Pero el daño no podrá ser reparado al igual que los cohechos de las épocas anteriores. Consuelo por la pena, pero el daño hecho es la represa inútil, el regalo de YPF, los trenes chinos, etc.

Durante la salida de la crisis de 2002 también con el tema de la pesificación asimétrica se realizó una transferencia inmoral a favor de los deudores que cancelaron sus deudas bancarias a plazos y por valores escandalosamente alejados de las prestaciones reales. 

También allí un acto de justicia y de salud económica habría sido que, a todos los beneficiarios de esos créditos reducidos a nada, se les hubiera impuesto un tributo del 3 por ciento anual durante 33 año sajustado por inflación para que la deuda sea cancelada por ellos y no por el Estado al que financiamos todos. Y no es una ocurrencia de ahora: lo recomendó el FMI en aquel entonces.

La última barbaridad es obra del PRO y la anterior de quienes administraron todo el proceso de pesificación asimétrica, levantamiento del corralito y del corral. En todos lados se cuecen habas con el dinero público. Y entre bueyes no hay cornadas.

La segunda del PRO es la “reparación histórica” unida al blanqueo. Un blanqueo cuyo rendimiento fiscal se agotó con esa movida previsional que dejó, por otra parte, un saldo mayúsculo a pagar. Si la decisión del blanqueo fue para aumentar los recursos públicos le recuerdo que en el mismo momento que esos recursos públicos entraron en la Caja salieron a manos de algunos jubilados. 

Claramente sin el blanqueo esas cifras –que no son todas las que se debían– no se podrían haber pagado. 

Pero el blanqueo se acabó en un perdón fiscal muy barato sin ninguna otra contrapartida que una suma muy inferior a la deuda impositiva, lo que no sería repudiable si a cambio de ello se hubiera incrementado el nivel de las inversiones productivas en el país, cosa que no ocurrió. 

Los fondos blanqueados que vivían afuera en su inmensa mayoría lo siguen haciendo.

Llegados a este punto corresponde señalar que una vez que el dólar estuvo en el nivel, digamos, que lo había establecido el mercado marginal, la lógica habría sido mantenerlo en ese nivel impidiendo que la inflación lo devorara. 

Y no se deberían haber eliminado las retenciones ni al agro ni a la minería. Un dólar apto para las exportaciones industriales neutraliza la presión importadora y desincentiva los gastos en turismo para los que cualquier gobierno sensato habría mantenido el impuesto del 30 por ciento que había ya instalado el gobierno saliente. 

Esa inconsistencia generó primero una transferencia de ingresos extraordinaria para el agro (salvo la soja) y la minería y un acicate para el turismo al exterior que lleva en ese año acumulados 9 mil millones de dólares netos. Y todo eso para volver a un atraso cambiario paralizante de la producción.

Un repaso en la vigilia serena de un fin de semana que será el prólogo de un lunes en el que o avanza el “reformismo permanente” a base de presión, lo más probable; o bien surge un “impasse”. 

En ambos casos la conclusión es la misma, en política nada dura sin consenso y nada que se hace sin tiempo genera consenso y por lo tanto, tampoco puede durar. 

Y en verdad no hay trabajo que se haga del que no se pretenda que dure. ¿Cuándo empezamos a hacer las cosas con tiempo y con consenso para que duren? De eso se trata un buen gobierno.

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