Derivas de una identidad política

Por: Tomás Aguerre

La última semana fue testigo de tres temas preponderantes que se vieron socialmente problematizados desde distintas visiones. Instalado luego de las elecciones de octubre como el actor central del escenario político argentino, el gobierno de Mauricio Macri marca el ritmo de esos debates. Nos interesa ver de qué manera elige unos por sobre otros y, en especial, qué dice y qué no dice sobre cada uno de ellos. Entendemos la idea de discurso no limitada a lo que se escribe o lo que se expresa oralmente, sino a las prácticas en general que comparten un objetivo: construir el significado político de un hecho.

En primer lugar, encontramos la reacción del Gobierno frente a la muerte de Rafael Nahuel en el marco de un operativo de las fuerzas de seguridad. El Poder Ejecutivo sostuvo, a través de diversos medios y de sus  representantes, que:

- el beneficio de la duda lo debe tener la fuerza;

- le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad;

- la violación de la ley tiene y debe tener consecuencias;

- el Poder Ejecutivo no tiene que probar lo que hacen las fuerzas;

- es necesario volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse;

- a partir de ahora, el Ministerio de Seguridad va a darle instrucciones a las fuerzas de seguridad de que no acepten ninguna orden legal ni antijurídica que invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley.

Los hechos ocurren, pero las interpretaciones son motivo de disputa y el Gobierno nacional eligió esta semana una de las múltiples opciones posibles frente a un tipo de hecho que en nuestro país tiene historia. De las palabras de los representantes del Ejecutivo surge que el Gobierno sostiene la versión de la Prefectura: un grupo armado atacó a miembros de la Prefectura, que devolvieron el ataque. En esa circunstancia ocurrió la muerte de Rafael Nahuel. La descripción de lo sucedido la otorgó el Ministerio de Seguridad a partir de una gacetilla que reproduce exactamente la versión de las fuerzas de seguridad intervinientes. Posteriormente, en la sección “Qué estamos diciendo” de la Casa Rosada, a través de la cual el Gobierno divulga su opinión sobre diversos temas, se reprodujeron declaraciones de sus funcionarios que adherían a la teoría del enfrentamiento armado.

Hasta el momento, en la causa no aparece la existencia de armas de fuego en manos de los mapuches. Luego de conocida esa información, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, insistió con el argumento de las armas de fuego: “Se supone que hay armas de todo tipo, lanzas, piedras... y también hay armas de fuego”.

Si el primero de los temas fue casi elegido como tal para problematizar por el Gobierno, el segundo de ellos parece imponérsele día a día con las distintas novedades. Se trata del hundimiento del submarino ARA San Juan con los 44 tripulantes, que aún no aparece. La comunicación sobre las tareas de rescate el Gobierno la delegó en la propia Armada. Esa decisión le trajo algunos problemas, específicamente de coordinación, como el hecho de que el propio presidente informara de “un día histórico” minutos después de que la Armada anunciara el fin de las tareas de rescate.

El hecho de despegarse de la comunicación de las tareas del submarino no significa que el Gobierno carezca de discurso al respecto. Uno de los argumentos vertidos los últimos días reza que la crisis del submarino obliga a reabrir el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas. El diagnóstico sostiene que a la Argentina le falta una política de defensa desde el regreso de la democracia (el mismo punto de partida elegido por la vicepresidenta Michetti para referirse al despilfarro que, también, obliga a la propuesta de ajuste a los haberes jubilatorios).

El argumento tiene dos partes: en primer lugar, asevera que antes de 1983 existió algo así como una política de defensa hacia las Fuerzas Armadas. Es cierto que el rol de las FF. AA. antes de 1983, como “agente ordenador” del sistema democrático capaz de interrumpir los procesos institucionales, estaba bien claro. También es cierto que eso, además de resultar problemático para la democracia, está bastante lejos de constituir una política de defensa. Las conclusiones del Informe Rattenbach, por ejemplo, permiten dar con un primer indicio sobre la manera en la que el rol de las Fuerzas Armadas pre-1983 para nada repercutió en una fuerza mejor equipada, armada o preparada para la defensa de la soberanía. Muy por el contrario. Por otro lado, la idea de que es necesario rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas en general también es un posicionamiento ideológico fuerte que da por sentado, por ejemplo, que las situaciones planteadas esta semana ponen en crisis el rol que la democracia les dio hasta ahora. Una alternativa podría ser discutir, por ejemplo, si las FF. AA. cuentan con los recursos, las herramientas y las capacidades necesarias para llevar adelante el rol asignado. Pero son, en todo caso, debates diferentes que llevan necesariamente a conclusiones diferentes.

Pero los discursos se construyen también respecto a lo que no se dice y, en especial, a los temas sobre los que no se dice. El jueves pasado, en medio de los dos cuestiones más socialmente problematizada de la semana, se produjo la sentencia en el megacausa ESMA III. El juicio oral más grande de la historia argentina, con cinco años de audiencias por delitos de lesa humanidad y que obtuvo 29 prisiones perpetuas a genocidas que participaron en la Escuela Mecánica de la Armada. Fue, además, la primera vez que se juzgó a los participantes de los vuelos de la muerte.

No fue, sin embargo, uno de los temas elegidos por el Gobierno: un tuit del jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que se trató de un paso más para cerrar un capítulo de nuestra historia que no queremos volver a repetir. Otro tuit, esta vez del secretario de Derechos Humanos, destacó la importancia del fallo y reivindicó las políticas de memoria como políticas de Estado. 

El tema no pareció atravesar ninguna de las discusiones centrales que hacen al oficialismo. Es cierto que no resulta llamativo de parte de un Gobierno que no lo ha elegido como uno de sus temas centrales (el propio Macri se refirió el año pasado al lugar que le asigna al tema: “Tengo un secretario de Derechos Humanos que se ocupa del tema”). Sin embargo, no por poco llamativo debe dejar de señalarse, porque el hecho ayuda a caracterizar la identidad política en construcción de Cambiemos. Y, por otro lado, porque en la selección de temas, para tomarlos o para dejarlos, reside parte fundamental del elemento ideológico en la actividad política.

No se trata de una discusión sobre “comunicación”, sino, fundamentalmente, un debate político que implica diagnosticar. Observar la manera en la que el Gobierno de Macri elige unos temas sobre otros, problematiza de determinada manera algunas cuestiones y ejecuta y comunica decisiones de política pública permite ayudar a comprender la nueva identidad política que se construye en el centro del escenario argentino. Lejos de subestimarlo, igual que lejos que de enceguecer ante la centralidad que ocupa, de lo que se trata es de comprenderlo tanto en su naturaleza como en su dinámica.

* Tomás Aguerre es editor del sitio http://artepolitica.com/

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