El Gobierno nacional versus los gremios docentes

La decisión del Ejecutivo nacional de no intervenir en las paritarias salariales docentes implicó una movida política de riesgo que desembocó en el dilatado conflicto que enfrenta el gobierno de Vidal con los gremios bonaerenses.


En una movida política de riesgo el gobierno nacional decidió dejar de intervenir en las paritarias salariales docentes. Durante los últimos años las remuneraciones de los docentes se negociaban en dos etapas: primero se fijaba una paritaria nacional de referencia y luego siguen las provincias
Amparado en el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde las provincias gestionan la educación básica de cada jurisdicción, el gobierno de Macri saldó una deuda con las administraciones provinciales pero se embarcó en un innecesario enfrentamiento con los gremios docentes.
Más allá de la no injerencia de la administración nacional en las paritarias docentes las provincias reclaman no perder los recursos monetarios del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que son procedentes de las arcas nacionales.
Es necesario que una descentralización de la educación, a diferencia de la reforma educativa de los años 90, sea acompañada por los recursos necesarios para que las administraciones subnacionales puedan afrontar los gastos de un sistema educativo de calidad.



Si se establece un parámetro comparativo de la educación primaria entre la Argentina y los países desarrollados que se nuclean en la OCDE podemos observar que la educación privada en nuestro país muestra que la cantidad de docentes por alumno es similar a los países de la OCDE.


La gestión educativa estatal muestra una doble cara: por un lado muestra un 46% más de ineficiencia de recursos humanos respecto de la educación privada. Sin embargo, y mucho más importante, al existir menor cantidad de alumnos por cada docente se puede inferir una mejor calidad educativa y contención de los alumnos en la educación pública.
Cabe destacar este último punto ya que los establecimientos públicos, a diferencia de los privados, actúan como una de las últimas redes de contención para los chicos provenientes de familias de menores recursos. Ese segmento de alta vulnerabilidad social no sólo acude a la escuela para educarse sino también para poder acceder a una o dos comidas diarias.




En la actualidad y desde el tercer trimestre de 2016 el salario docente mínimo nacional garantizado es de $9.072 y cabe recordar que cada distrito fija sus aumentos, lo que muestra realidades salariales dispares a nivel interprovincial.
Según el índice del Centro CIFRA de la CTA los aumentos de precios entre 2002 y 2015 fueron del orden del 855% mientras que los aumentos salariales docentes acumularon entre sus extremos 990% (Santiago del Estero) y 2.530% (Salta). El caso testigo de Buenos Aires muestra un acumulado en el periodo de 1.979%, muy por encima de la inflación acumulada.




Sin embargo la tendencia de los últimos 13 años se quebró en el 2016, durante el año la inflación estimada por diversos estudios privados y sindicales rondó el 40,2%. El caso de la negociación salarial en la provincia de Buenos Aires es testigo del resto de las paritarias y en 2016 los gremios cerraron un 34,6% de aumento.
La pérdida de poder adquisitivo de los docentes rondó entre el 6% y el 7%, por lo que el pedido de recomposición salarial contrasta con el 18% ofrecido por el gobierno de María Eugenia Vidal. Las estimaciones de inflación real muestran para 2017 un porcentaje cercano al 25% sumado al 7% de recomposición salarial del año pasado los gremios piden un aumento para este año cercano al 32%.




Respecto de los salarios docentes del resto del mundo la Argentina se encuentra retrasada en términos reales. El salario básico docente anualizado y convertido a dólares muestra que representa menos de la mitad de lo que percibe un maestro en chile y en proporciones muy lejanas al resto de los países desarrollados de la OCDE.
El caso de la discusión salarial en la provincia de Buenos Aires sin dudas marcará el ritmo de negociación para el resto de las provincias, pero deja un antecedente muy preocupante de confrontación.
La pérdida de poder adquisitivo de los maestros durante el 2016 hace imperiosa una recomposición de los ingresos que incorpore los porcentajes perdidos durante el año pasado y no admite que el gobierno imponga un techo a las negociaciones salariales de los docentes.