El Gobierno ya denunció a cinco jueces del fuero laboral

Cuatro camaristas y una jueza provincial afrontan pedidos de juicio político por no fallar en línea con el criterio del Ejecutivo. Las asociaciones lo califican como una práctica de una "inusitada gravedad institucional, que atenta contra la independencia del Poder Judicial".

El Gobierno no quiere jueces del fuero laboral que fallen a favor de los trabajadores. Así lo demuestran tanto las declaraciones del presidente Mauricio Macri como el accionar del Poder Ejecutivo con los magistrados cuyas sentencias no coinciden con la postura oficial.

Desde que asumió, la administración de Cambiemos denunció y pidió el juicio político de cuatro camaristas por sus fallos, favorables a los sindicatos y trabajadores, y recusó a una jueza de primera instancia que se pronunció en favor del reclamo docente.

Dos de ellos, los camaristas Diana Cañal y Luis Rafaghelli, fueron denunciados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que comanda Miguel De Godoy por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la restitución del cargo a 9 trabajadores despedidos del AFSCA, que los jueces consideraron que habían sido desplazados por pertenecer a una agrupación política (Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, extitular del organismo audiovisual).

Lo mismo había hecho ya el Ejecutivo con Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, luego de que intimaran a las cámaras empresarias del sector bancario a cumplir con el acuerdo salarial que habían firmado en diciembre de 2016 con la Asociación Bancaria, de Sergio Palazzo. 

El motivo: el acuerdo firmado estaba muy por encima de la pauta que había determinado el Gobierno, de alrededor del 19%, y superaba las proyecciones inflacionarias del gabinete económico. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, no homologó el acuerdo con el argumento de que no tenía la aprobación de todas las entidades bancarias.

Gracias al otorgamiento de esas cautelares, las asociaciones Abappra (bancos públicos y privados de capital nacional) y Adeba (entidades privadas de capital nacional) debieron cumplir el acuerdo, aunque no así los bancos extranjeros de ABA ni de la banca especializada (ABE). Por esa decisión de Marino y Arias Gibert, el Ejecutivo pidió el juicio político de ambos.

A nivel provincial, el Gobierno bonaerense recusó a la jueza laboral Dora Temis por intimar al Ejecutivo provincial a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes a partir de una denuncia presentada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Repudio y respuesta

La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), que preside Raffaghelli, emitió un comunicado en el que señala que ven "con gran preocupación la generalización de esta práctica de denunciar a los jueces y juezas por el contenido de sus sentencias", y sostiene que es de una "inusitada gravedad institucional, dado que atenta contra la independencia del Poder Judicial" y, además, busca "condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, mediante un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos".

Consultado en FM La Patriada sobre las declaraciones de Macri sobre la "mafia de los juicios laborales", Arias Gibert las calificó como "una patraña" y sentenció: "No existen mafias en el fuero laboral, hace treinta años que trabajo ahí". Según el juez, el objetivo del Gobierno es "desprestigiar a la Justicia Nacional de Apelaciones del Trabajo".

Además, aclaró que "las empresas no se funden por un juicio u otro juicio, las empresas se están fundiendo, quizás esta es una información que falte, debido a que se están abriendo las importaciones, se ha caído el salario real, se está destruyendo el mercado interno, etcétera".

Por otra parte, explicó que "la cantidad de juicios laborales aumentó exponencialmente porque hay más despidos" y no porque haya una "industria" del juicio, como dijo ayer el presidente.

Desde la Asociación de Abogados Laboristas también salieron al cruce de los dichos de Macri y cuestionaron el avance sobre el fuero. "Las palabras de Macri no sorprenden, porque vienen siendo parte de una práctica sistemática de atacar a los abogados laboralistas, a la justicia laboral y a los jueces de trabajo", sostuvo su presidente, Matías Cremonte, en diálogo con el programa A los Botes, de Futurock.

En ese sentido, Cremonte remarcó que "no solo es una estigmatización pública, viene siendo una persecución muy concreta", y precisó: "Jueces que fallan a favor de los trabajadores y en contra del Gobierno son jueces que son, además de estigmatizados públicamente, denunciados ante el Consejo de la Magistratura con pedido de juicio político".

"En este tema, el presidente habla más como un empresario que como un jefe de Estado", sentenció el titular de la asociación, y agregó: "La cuestión de poner siempre el eje en los trabajadores y los abogados que hacen juicio es como una obsesión que tiene. Viene teniendo gestos muy concretos".

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