El precio del bioetanol

Por: Jorge Luis Feijóo

El Régimen de Regulación y Promoción de Biocombustibles (Ley 26.093 -2006-, extendido al bioetanol de caña de azúcar por la Ley 26.334 -2008-), que habilita la mezcla obligatoria de biodiesel con gas oil y bioetanol con naftas, fue una acertada decisión, que abrió un horizonte de oportunidades en el campo de la energía, y se ha traducido en diversos beneficios y resultados.

Numerosas y nuevas plantas industriales, de cuantiosas inversiones, se han instalado en buena parte de la geografía argentina, para procesar materia prima y producir biodiesel a partir de soja y bioetanol a partir de caña de azúcar y maíz. A los pocos años nomás, el país ya era unos de los más importantes productores y exportadores de biodiesel del mundo.

La posibilidad de “cultivar energía” estimuló de inmediato a los productores, que en Tucumán llevaron la superficie con caña de azúcar implantada de 220.000 a 280.000 hectáreas entre 2010 y 2016.

Se abrió la oportunidad de destinar parcialmente la producción de esas materias primas a su uso como combustible, que ha brindado a las respectivas actividades tener opciones comerciales para eficientizar su colocación en los mercados externo e interno.

En el caso particular de la caña de azúcar, la posibilidad de destinar parcialmente su producción a bioetanol ha sido central para la sustentación económica de dicha actividad, cuyos excedentes de producción normalmente tienen precios de quebranto en el mercado mundial, por lo que terminan presionando la oferta en el mercado interno, erosionando su precio. En el último año, la producción de bioetanol de caña de azúcar (500.000 m3) equivalieron a unas 260.000 toneladas de azúcar que no fueron al mercado interno (el consumo de 2 meses).

Se han abierto nuevos y numerosos puestos de trabajo directos e indirectos, en condiciones cualificadas, ya que las inversiones son nuevas tecnologías aplicadas al proceso industrial. También ha significado demanda de inversiones para la producción de bienes asociados, en el sector metalmecánico y de logística, donde ha exigido innovación tecnológica y equipos de producción y transporte especializados.

Los cuidados ambientales vinculados, impulsaron inversiones con aplicación de nuevos sistemas en el proceso industrial y en el aprovechamiento agrícola de los productos recuperados; y redundaron en la recuperación y preservación de cauces hídricos.

El interés por el desarrollo energético renovable de origen en biomasa, ha permitido que coincidieran los intereses del sector privado con el Estado Nacional, que progresivamente ha ido autorizando incrementos en el porcentaje de corte de los combustibles fósiles, desde el 5% original. El último, del año anterior, elevó del 10 al 12% la mezcla de bioetanol en las naftas, al mismo tiempo que otorgó cupos de producción a nuevas empresas que, por eso, se sumaron con cuantiosas inversiones para la construcción de nuevas o ampliación de destilerías y deshidratadoras, que se encuentran en pleno proceso.

El régimen creado contribuye a mejorar la matriz energética de la Nación, mediante la sustitución parcial de combustibles fósiles por biocombustibles de origen renovable y más limpios; un proceso de aprovechamiento que tiene por delante un enorme horizonte de crecimiento. Si se tomara la referencia del proceso vivido por Brasil, uno de los mayores productores mundiales de bioetanol, allí el corte de bioetanol de caña de azúcar con naftas se realiza al 25%, y tienen amplia difusión los motores flex, que pueden funcionar con cualquier proporción de mezcla, entre 0 y 100% de alcohol.

La Ley 26.093 establece en su artículo 1 que el “Régimen … tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su aprobación”, por lo tanto, todos los beneficios de esta ley, así como las inversiones y recursos volcados a su aplicación, deben ser garantizados, al menos, hasta el año 2021.

Evidentemente, uno de los factores decisivos de los resultados logrados ha sido el precio, que periódicamente ha sido establecido y revisado, cuya formulación y determinación ha mostrado razonabilidad, porque ha permitido superar cambiantes vicisitudes económicas. Un sistema de determinación de precios que ha mostrado aceptación por el actual Gobierno Nacional, en cuyos dos años de gestión, aplicó la Autoridad de Aplicación designada. También tuvo consenso en el sector privado, que no lo objetó hasta ahora.

El precio oficial que estuvo vigente al 31 de octubre, de $ 16,873 para el litro de bioetanol de caña de azúcar, es consistente con el informado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, institución centenaria de ciencia aplicada, que estimó su costo en $ 16,854 (incluida una utilidad razonable), para valores a septiembre de 2017.

Por lo señalado, resulta inexplicable la Resolución 415-E/2017 (31.10.2017) del Ministerio de Energía y Minería, que dispuso un cambio radical en dicho sistema de determinación de precios, con drásticas reducciones en los precios del bioetanol, del 30% para el de caña de azúcar y del 21% para el de maíz.

Esta medida, sin análisis ni conocimiento previo por los actores involucrados, ha encontrado la lógica reacción del sector privado, que ve en riesgo sus inversiones; también los gobiernos provinciales comprendidos han hecho saber que temen el derrumbe de actividades de alto impacto en la economía, el empleo y el desarrollo de la región que integran.

Esa resolución es una grave amenaza para el presente y futuro de inversiones, empleo, economía regional y desarrollo energético del país; pone en riesgo un Régimen de Regulación y Promoción con vigencia legal hasta el año 2021, y que puede ver truncado injustificadamente su potencial de desarrollo; que ha tenido estímulos del propio Gobierno Nacional (elevó el corte de bioetanol del 10 al 12%) para nuevas inversiones que se encuentran en pleno proceso.

También significa una injustificada transferencia de recursos directa de los sectores azucarero y maicero al petrolero, único beneficiario, que pagará menos por el bioetanol que adquiere. El supuesto traslado al consumidor, con la tardía reducción del 1,5% al precio de las naftas, no pareciera desconectado del inmediato y previo aumento que tuvieron, del orden del 10%.

Urge revertir la medida y dejar a salvaguarda de inseguridades jurídicas este Régimen de desarrollo económico y productivo importantes para economías regionales.

*Ex ministro de Desarrollo Productivo en el gobierno de Alperovich (Tucumán), actual asesor de los Senadores Nacionales José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán).

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