Equidad: ¿cómo se reparte la "torta" en Argentina?

La desigualdad de ingresos disminuyó en los últimos años, pero ¿qué sectores perdieron participación en el total nacional? ¿Quién resignó su parte? ¿Las políticas de protección social equilibraron la balanza o los más ricos siguen llevándose la porción más grande?

A lo largo de la historia es posible encontrar una batalla por la apropiación del significado de la idea de igualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad? En términos generales, el liberalismo reivindica el enfoque de igualdad de derechos y oportunidades. Desde esta perspectiva, los individuos son iguales ante la ley. El Estado debe garantizar el cumplimiento de reglas claras, a partir de las cuales los hombres compiten para hacer progresar a la sociedad en su conjunto.

En contraposición a esta postura estrictamente formalista, los sectores más progresistas pretenden imprimirle contenido a la idea de igualdad: no alcanza con que los hombres sean iguales ante la ley, es preciso garantizar condiciones materiales y sociales mínimas para que los individuos y las sociedades se desarrollen.

Este abordaje supone tener a la equidad como horizonte de toda acción estatal. Asociada a la idea de justicia social, las políticas de equidad se basan en medidas desiguales para morigerar desigualdades ya establecidas. No se puede tratar como iguales a quienes son desiguales. El Estado debe intervenir de manera asimétrica para nivelar una cancha excesivamente inclinada para el lado de los que más tienen.




Los defensores de la primera aproximación afirman que la desigualdad no es un mal en sí mismo. Es, en algún punto, el resultado de las diferentes capacidades de los individuos y el motor para que las sociedades sigan avanzando a partir del esfuerzo personal.

Quienes apoyan la segunda postura —la de la equidad— suelen condenar a la desigualdad social porque produce resultados colectivos indeseados, como una baja calidad de vida, niveles educativos pobres y la destrucción de la movilidad social ascendente. En el fondo, detrás de esta crítica a la desigualdad se esconde una amenaza contra la democracia. En una sociedad con altos índices de desigualdad económica y social, la concentración excesiva de la renta lleva a que pocas personas tengan suficiente influencia como para condicionar las decisiones de quienes conducen el Estado. Así, la política seguiría a una minoría rica y poderosa y no a la voluntad popular.





En el marco de una sociedad, pueden existir distintos tipos de desigualdad: de raza, de género, de conocimientos, etc. El modo más extendido para estimarla desigualdad de un país es a través de los ingresos de las personas. El Coeficiente de Gini permite captar este fenómeno. Es una medida que varía de 0 a 1, siendo 0 una situación de igualdad absoluta (cada individuo se lleva una parte similar de la torta) y 1 un estado de desigualdad absoluta (una sola persona se lleva el 100% de lo producido).



Durante buena parte del siglo XX, la distribución del ingreso en la Argentina dio cuenta de una sociedad relativamente igualitaria. Nuestro país supo presentar Coeficientes de Gini más asociados a los de las naciones más desarrolladas que a los del resto de Latinoamérica (la región más desigual del mundo).

Esta tradición igualitarista se quebró a partir de 1975-1976 y continuó hasta principios del 2000. Durante este período, los sectores populares perdieron sistemáticamente participación en la distribución de ingresos. El Gini pasa así de 0,35 en 1974 a 0,54 en 2003.

Del 2003 al 2015 hubo una mejora en la distribución de la renta, pronunciada al comienzo y moderada en los últimos años. Impulsada por los programas de transferencia directa de ingresos, la sociedad argentina recuperó niveles de equidad. El Coeficiente de Gini se ubicó en 2015 en 0,411, lejos de los niveles de equidad alcanzados a mediados de los ´70 pero también de los registrados tras la crisis del 2001.



Los niveles de pobreza e indigencia acompañan históricamente la tendencia del índice de desigualdad. A principios de la década de los ´70, la Argentina tenía niveles muy bajos de pobreza (cercanos al 5%), coincidente con el Gini más bajo (es decir, más igualitario) registrado en la serie. La tendencia se comienza a revertir a partir de la década siguiente, alcanzando un 38% de pobreza por los efectos de la hiperinflación en 1989.

Al igual que la evolución del Gini, la pobreza llegó a su máximo histórico en 2002-2003 (57,8%). Desde entonces, comenzó una reducción sostenida hasta el año 2013, cuando llegó al 18% según CTA-Cifra. En 2015, la pobreza se incrementó ligeramente, registrando un 19,7%.

Pobreza y desigualdad están fuertemente correlacionadas en la Argentina. Resulta evidente que si se pretende disminuir los niveles de pobreza, es necesario reducir también el modo asimétrico en el que se distribuye la renta en nuestro país.




Sabemos que la desigualdad de ingresos disminuyó en los últimos años. Pero, ¿qué sectores perdieron participación en el total nacional? ¿Quién resignó su parte de la torta?
 La mejora en el Gini puede ser graficada con otros números. La brecha de ingresos, que expresa cuántas veces mayor es el ingreso per cápita de los más ricos en relación con el de los más pobres, se redujo en más de un 50% entre 2003 y 2013, pasando de 46,8 a 17,6 veces en dicho período.

Pero la desigualdad sigue condicionando la estructura social argentina. En 2014, el 10% con menores recursos se llevaba el 2% de los ingresos; mientras que el 10% más rico concentraba el 27,6% del total. Los dos deciles más bajos reunían el 5,6% de la renta; los dos más altos, el 44,2%.

En otras palabras, aunque las políticas de protección social hayan mejorado la posición relativa de los sectores más vulnerables, los segmentos más ricos de la sociedad argentina siguen llevándose una porción excesiva de la renta nacional.




Antes que el decil más alto de ingresos, los que verdaderamente inclinan la balanza en la distribución del ingreso son el 1% más rico de la sociedad. En una tendencia que es global, en la Argentina hay un grupo de familias que se llevan una gran parte de la torta.

En 2014, 1040 individuos acumularon un total de 140 mil millones de dólares. Tomando en cuenta el PBI de aquel año, este selecto grupo concentró el 26% de la riqueza nacional. Es decir, un 0,002% de la población se quedó con más de un cuarto de lo producido por el país.

Más aún, las 14 mayores fortunas de la Argentina registraron un patrimonio de más de U$S25.000 millones, lo que representa 80% de las reservas del Banco Central y 4 veces más que lo que ingresó al país por Inversión Extranjera Directa en 2014.

¿Cuánto recaudaría el Estado Nacional si gravara con un impuesto especial a ese 1% más rico? ¿Cuánto mejoraría la distribución del ingreso de nuestro país? 
Si queremos una Argentina con más equidad, quizá sea hora de empezar a poner la lupa en esta cuestión.