El abogado de Carrió admitió que esperan a tener "cobertura mediática" para realizar sus denuncias

Así lo reveló el representante legal de la diputada, Gregorio Hernández Maqueda, en el marco de la denuncia presentada contra Florencio Randazzo por supuesto cobro de retornos en la contratación de seguros del Puerto de Buenos Aires cuando era ministro del Interior.

En el marco de la denuncia presentada contra Florencio Randazzo por supuesto cobro de retornos en la contratación de seguros del Puerto de Buenos Aires cuando era ministro del Interior y Transporte, el abogado Gregorio Hernández Maqueda, representante de Elisa Carrió y referente letrado de la Coalición Cívica, admitió que solo realizan las denuncias cuando está garantizada la cobertura de los medios de comunicación.

"Esta es una investigación que ya tiene más de un año, que comenzó cuando la administración nacional del puerto nos vino a ver", explicó el abogado, para luego reconocer que "lo que nosotros esperamos es tener la cobertura mediática, por lo que (la denuncia) se extendió hasta ahora".

En diálogo con Radio La Plata, Hernández Maqueda aseguró que "como la justicia federal en este país es oportunista y solo actúa cuando se posa el ojo público sobre ellos, porque su agenda no es la ley, la Constitución y el deber sino la presión mediática, nosotros por supuesto que contamos con que los medios de comunicación den conocimiento a nuestro actuar".

Pero de manera llamativa y ante la repregunta sobre el porqué de la necesidad de cobertura mediática, el abogado cargó contra el periodismo "que dice que solo denunciamos y no presentamos proyectos y eso no es cierto", y acusó a la prensa de "hacer de comentadora de la realidad y no investigación", frente a un poder judicial que "lo que hace es garantizar la impunidad de los corrupto", por lo que su fuerza política "debió asumir ese rol por defección del cuarto poder, que no estudia ni una resolución judicial".

En la denuncia, que también es impulsada por la diputada Leonor Martínez Villada, pedirán que se investigue “el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder”, para favorever a la empresa APC SA en el cobro del seguro para obtener el certificado de Transporte Argentino Protegido (TAP), necesario para le manejo de contenedores en el puerto.

Según la presentación, la empresa habría desarrollado un monopolio con la anuencia o por lo menos la falta de controles de parte del Estado, por lo que además esta apuntada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además habría retornado "16 de esos 85 dólares que costaba el seguro, para garantizar la continuidad de la operación".


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