Garavano también subejecutó la mitad de su presupuesto

Las áreas de Infraestructura Penitenciaria y la política de Derechos Humanos son las más afectadas por el ajuste en el Ministerio. En 2016 no se utilizó el 48% de los recursos presupuestados.

La polémica instalada en la opinión pública por la baja de la edad de imputabilidad pone al ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el centro de la escena. El ministro Germán Garavano salió en la semana a fortalecer la posición oficial y aseguró que se abrirá  una mesa de diálogo para reformar la ley. 

Desde la oposición Sergio Massa y Margarita Stolbizer reclamaron al Gobierno el llamado a sesiones extraordinarias para tratar una reforma penal más amplia que contemple el sistema penal juvenil.  Sin embargo se diferenciaron del oficialismo y calificaron que la baja de la edad de imputabilidad por sí sola es “un golpe de efecto que no resuelve el problema”.

Se puede analizar la problemática inherente a la Justicia y los Derechos Humanos desde el punto de vista discursivo y mediático o por otro lado se puede poner el foco en las políticas públicas. Si se utiliza el segundo criterio se puede observar que la cartera conducida por Garavano muestra una muy baja performance: el ministerio ejecutó solamente el 52% de su presupuesto, lo que es equivalente a una subejecución de $1.400 millones.



El sistema penitenciario argentino se encuentra en una situación crítica, es un problema irresuelto de larga data que requiere de políticas públicas urgentes enfocadas en mejorar capacitación, equipamiento e infraestructura. Sin embargo durante el 2016 el ministerio utilizó el 20% del presupuesto para Política e Infraestructura penitenciaria, una subejecución de $890 millones.

Parece al menos contradictorio que se reflote el discurso punitivista pero por otro lado se subejecute drásticamente los recursos para mejorar el sistema penitenciario.

La ejecución presupuestaria puede ser un indicador de las prioridades de gestión de cada ministerio. En el gobierno de Cambiemos la política de derechos humanos no constituye siquiera una prioridad secundaria: el recorte en el área alcanza al 62% de los recursos del programa de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad. De los $20 millones disponibles sólo se devengaron $8 millones.

En el mismo sentido en el Programa de Formación Universitaria en Derechos Humanos no se ejecutó ni un solo peso de los casi $100 millones asignados.