Informe: ¿cómo llega la economía de Macri a su primer desafío electoral?

El 2016 fue un año complejo en lo económico: aumento de la pobreza, recesión, inflación, caída del salario real, desocupación, déficit en las cuentas nacionales y un preocupante proceso de ajuste en derechos adquiridos de sectores vulnerables. ¿Hubo recuperación este año?




El gobierno de Mauricio Macri llega a su primer desafío electoral con una compleja situación económica que puede poner en riesgo la ansiada victoria en las urnas.
El 2016 fue un año complejo en lo económico: aumento de la pobreza, recesión, inflación, caída del salario real, desocupación, déficit en las cuentas nacionales y un preocupante proceso de ajuste en derechos adquiridos de sectores vulnerables.
A pesar de las promesas oficiales la economía del primer semestre de 2017 no pudo romper con la inercia del año pasado – salvo algunos sectores aislados – y las expectativas para el segundo semestre aún no son claras.
Para dar un estado de situación general en este informe se relevarán los indicadores más importantes de la economía argentina desde diciembre de 2015 hasta la fecha.



Durante el 2016 - el primer año de Cambiemos - la actividad económica marcó una recesión de 2,3 puntos del PBI producto de la contracción en la actividad fabril (-5,7%), la construcción 8-12,7%) y el consumo (-1,4%).
Las medidas económicas de los primeros meses de gobierno profundizaron la tendencia a la baja de la economía: la salida del cepo cambiario, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, la suspensión de la obra pública y la recesión de Brasil (nuestro principal socio comercial).
Sin embargo en el primer trimestre de 2017 la tendencia recesiva de la economía se revirtió y arrojó números positivos en el nivel de actividad: el PBI desestacionalizado tuvo una suba de 1,1% según el INDEC.




La cifra oficial del INDEC para el segundo semestre de 2016 marca que el 30,3% de los argentinos es pobre y el 6,1% es indigente. Una cifra realmente grave y preocupante que refleja un rápido proceso de destrucción de los ingresos de las clases medias y medias bajas.

Sin embargo estos números muestran una leve mejoría respecto del 32,3% de pobreza medido por el organismo oficial durante el segundo trimestre del año pasado cuando cambió la metodología de medición por decisión de las autoridades.
Hoy por hoy según las estadísticas oficiales 66% de los argentinos tienen ingresos menores a la canasta básica, cada minuto dos personas caen en la pobreza y cada 73 segundos cae una en la indigencia. Solo en un año de gobierno alrededor de un millón y medio de personas cayeron bajo la línea de la pobreza que hoy alcanza a 13 millones de argentinos.
Por otro lado los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA ratifican la tendencia y muestran que durante el 2016 la cantidad de pobres subió casi cuatro puntos y se ubicó en 32,9% de la población tras un 2015 que cerró en 29%.




Según las cifras oficiales del INDEC el primer trimestre de 2017 la desocupación abierta se posicionó en el 9,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) y registró un alza de 1,6% respecto del cuarto trimestre de 2016.


Las situaciones de desempleo más críticas se pueden observar en el Gran Buenos Aires: por un lado la CABA – el distrito más rico del país - mostró un deterioro en el primer trimestre y cerró en 9,4% .Por otra parte en el conurbano bonaerense la tasa saltó más allá aún al 11,8% de la PEA.
Respecto de la destrucción de puestos de trabajo existen diversos informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) donde se analiza la dinámica del mercado laboral durante el gobierno de Cambiemos. Según dicha entidad en el primer trimestre del 2017 se afectaron 12.193 puestos de trabajo: 9.599 despidos y 2.594 suspendidos.


En términos generales, entre el diciembre de 2015 hasta el 31 de marzo de 2017 se contabilizan 253.967 despidos y suspensiones del Los despedidos ascienden a 212.004 y los suspendidos a 41.963 casos. Dentro de ellos, los despidos del sector privado ascienden a 136.656 y las suspensiones suman 41.933”, aseguran desde el CEPA.


Solo en la industria manufacturera desde la asunción de Mauricio Macri hasta abril de 2017 se perdieron 54.609 puestos de trabajo formales según datos el Instituto Estadístico de los Trabajadores. Aquí se puede observar con mayor profundidad la evolución del empleo en los primeros 17 meses de gobierno de Cambiemos.



La fuerte caída del empleo en el sector industrial se debe en buena parte a la situación de las pequeñas y medianas empresas del sector que vienen mermando por un conjunto de variables. Sin dudas las tres más importantes son la baja en el consumo producto de la pérdida de salario real, el tarifazo de servicios y la apertura de importaciones de productos manufacturados.
Los números de junio difundidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostraron un desplome de 1,7% en la producción de las PyMEs industriales y acumulan 20 meses consecutivos de caída. Tambien hubo una retracción de 1,4% en las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en el sexto mes del año.
“El declive es importante cuando se recuerda que en ese mes del año pasado las ventas se habían retraído 9,8% anual, pero el mercado de a poco parece amagar con reactivarse. Con ese resultado acumulan una baja de 3,0% en 2017”, señalaron desde la CAME.
A septiembre de 2016 habían cerrado en el país 2.145 empresas, de las cuales 1.992 correspondían a PyMEs o a empresas de menos de 100 empleados. Sin embargo son las empresas de mayor tamaño las que más despidos produjeron en proporción.
Las empresas de menos de 100 trabajadores despidieron a una tasa de 0,94%. Asimismo, las empresas de entre 100 y 2.500 trabajadores cesantearon a razón de 1,01%, por debajo del promedio general de 1,82%.




Sin dudas uno de los problemas irresueltos por el equipo económico de gobierno fue la disparada de los precios al consumidor durante el 2016. Sin medición oficial durante el primer trimestre de 2016 por el apagón estadístico del INDEC tomaron relevancia otras fuentes metodológicamente confiables.

Tal es el caso del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) dependiente de la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo y el CITRA. Relevó durante todo el año pasado la evolución de los precios al consumidor para el sector de los trabajadores y arrojó que la inflación acumulada alcanzó el 40,9%.
Uno de los datos más relevantes que arroja el IET es que la suba de precios impactó de peor manera en los hogares de menores ingresos debido al tarifazo de servicios públicos. Los hogares más pobres muestran un 76,6% acumulado desde noviembre de 2015 contra un 57,3% en los hogares de mayores ingresos.
La tasa de inflación Argentina fue la más alta de los últimos 25 años y multiplicó varias veces a la de sus vecinos: fue cinco veces la de Uruguay y Brasil, diez veces la de Bolivia o Paraguay y 15 veces la de Chile.
Por otro lado el índice de precios al consumidor medido por el índice paralelo del Congreso alcanzó una cifra similar (40,3%), confirmando el elevadísimo proceso inflacionario durante el 2016.
Las cifras actualizadas al mes de mayo del INDEC arrojaron un avance de 1,3% en la inflación respecto de abril. Con estos números los primeros cinco meses del año acumulan un 10,5% de inflación y proyectan un 24% para el año.
En este sentido el IET midió un 1,3% de inflación para los trabajadores en junio y un acumulado en el primer semestre de 2017 que alcanza el 12,8%, muy por encima de las metas de inflación oficiales.




Una de las consecuencias más visibles de la alta inflación argentina es un fuerte proceso de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Esta destrucción de los ingresos populares impacta de lleno en el consumo y en el aumento de los índices de pobreza.
Según el IET – que mide la pérdida de salario real del sector asalariado – en junio de 2017 los salarios perdieron 5,6% de su poder de compra en comparación con noviembre de 2015.
En la evolución mensual que releva el instituto el poder adquisitivo lleva una caída acumulada de 19 meses y equivale a un 96% de un salario mensual.



Otro rasgo característico de los últimos 18 meses de la economía argentina es el proceso de endeudamiento que está realizando el gobierno. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Externa (ODE) de la UMET el monto total emitido por el gobierno de Mauricio Macri asciende a US$81.792 millones por lo que el stock de la deuda pública argentina acumula US$290.000 millones.


En la comparación octubre de 2015- mayo 2017 el ODE estima que el monto de la deuda creció un 23% y la deuda bruta total aumentó unos USD 55.000 millones, es decir más del 11% del PBI.
A nivel internacional Argentina emitió en los meses del mandato de Cambiemos un 263% más que el segundo mayor emisor que es Arabia Saudita (uno de los principales productores petroleros del mundo).
A este proceso se sumó la novedad en junio de la emisión de un polémico bono a 100 años a tasa de 8,25% por unos US$2.750 millones. Esta es una medida inédita en la historia nacional y según los economistas la pagarán varias generaciones de argentinos.
Uno de los puntos más preocupantes del proceso de endeudamiento es el alto nivel de fuga de divisas. Esto indica que buena parte de la deuda tomada está siendo usada para financiar la salida de divisas de la economía argentina.
En lo que va de 2017 se estima que el monto de capitales fugados asciende a US$ 9.409 millones. Si se le suman los US$ 19.731 millones fugados en 2016, la fuga total de diciembre de 2015 a abril de 2017 asciende a USD 31.864 millones.




Uno de los aspectos más polémicos de la economía del gobierno nacional es el recorte en programas de asistencia social y pensiones para población vulnerable.
Los tres casos más emblemáticos son: la quita de cobertura en medicamentos del PAMI; el recorte de pensiones por discapacidad y la quita de becas de estudio del plan PROGRESAR.





A través de la resolución 395/2017 el organismo ajustó entre 22,9% y 36,9% del financiamiento para estudios diagnósticos, recortó la cobertura de medicamentos, interrumpió la provisión gratuita de anteojos, eliminó programas de prevención de enfermedades recurrentes en los adultos mayores, redujo las prestaciones de trasplantes y limitó la cantidad de alimentos que entrega a los centros de jubilados.
Desde la Fundación Soberanía Sanitaria aseguraron que “las consecuencias de estos cambios para los afiliados son la disminución del acceso y de la calidad de los servicios que se ve reflejada en la dificultad para obtener turnos, el desgaste de los pacientes y el aumento del gasto de bolsillo”.
Ya en enero – bajo la gestión de Carlos Regazzoni – el PAMI había anunciado a través de la Disposición Conjunta 0005-17 un recorte total en la entrega de medicamentos cubiertos al 100% para los afiliados que cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más de un inmueble, y quienes cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos ($8.491 mensuales).



A la vez que también fue disminuido el listado de medicamentos cubiertos al 100%, quitando más de 160 principios activos que eran los más utilizados por esta población, como antiartrósicos, precursores nutricionales, preventivos del deterioro cognitivo, flebotróficos y antibióticos




Situación similar al recorte en el PAMI se dio en los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad. El argumento legal del gobierno se basa en el decreto 432 de 1997 que exige probar la situación de indigencia para acceder al derecho de una PNC. Para esto se aplican criterios como la no titularidad de un auto o la inexistencia de algún beneficio del cónyuge, entre otros.
Desde diciembre de 2015 se han recortado las PNC de más de 170.000 personas, de las cuales 90.000 fueron dadas de baja durante 2016, mientras que 83.133 de ellas corresponden a bajas y suspensiones realizadas durante los seis primeros meses de 2017, según informó el CEPA.


Ante el repudio masivo que despertó esta medida, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se comprometió a dar marcha atrás, restablecer las pensiones y revisar caso por caso, lo cierto es que hasta ahora solo se restituyeron 24.600 de las 83 mil pensiones que se recortaron en la primera mitad de 2017.
Hay que tener en cuenta que las PNC asisten en su mayor parte (72%) a personas con discapacidad. Le siguen las pensiones otorgadas a madres de siete o más hijos, que constituyen el 22%; las especiales y las graciables, con el 5%; y las asignadas por vejez, con el 1%.




En el presupuesto 2017 el Gobierno rebajó en más de un 30% los fondos destinados al programa y según los datos de la ANSES en los primeros tres meses del año 491.785 estudiantes dejaron de percibir la transferencia.
 Los beneficiarios del plan llegaron a casi un millón de estudiantes de entre 18 y 24 años en 2016, pero en febrero de 2017 comenzó un descenso de inscriptos que bajó a 567 mil y en marzo apenas un poco más de 558 mil estudiantes lo perciben.


Las más afectadas por el recorte fueron las universidades del conurbano: Moreno, Lanús, Avellaneda, Quilmes, San Martín, Jauretche (Florencio Varela). Sin embargo también se registraron casos en las de San Juan, Sur (Bahía Blanca), Río Cuarto y La Pampa
Pueden acceder a PROGRESAR todos los jóvenes entre 18 y 24 años -que sean argentinos o que residan en el país hace más de 5 años- que quieran terminar la primaria, la secundaria, estudiar un oficio o carrera. Es requisito que no se encuentren trabajando o perciban un ingreso menor a tres salarios mínimo, vital y móvil y que su grupo familiar posea iguales condiciones.



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