Inseguridad: las estadísticas del crimen en la Argentina

Desde el caso Blumberg y las multitudinarias marchas del 2004, la inseguridad está en el centro de la agenda de los ciudadanos, los políticos, y los medios de comunicación. Hace pocos días, la marcha #QueNoTePase demostró, con un menor poder de movilización que la del padre de Axel, el lugar central que ocupa el fenómeno de la delincuencia en las preocupaciones de la sociedad civil.

Todas las encuestas de opinión coinciden en afirmar que la inseguridad es en la actualidad el principal problema de los argentinos, por encima de la coyuntura económica. Un sondeo realizado por el Centro de Opinión Pública (Copub) de la Universidad de Belgrano para la Ciudad de Buenos Aires muestra que para el 33% de los porteños, la inseguridad es el problema que el presidente Mauricio Macri debe resolver con más urgencia, seguida por la inflación (21%).

Estos registros están en la línea de lo que indica Poliarquía, para quien uno de cada tres vecinos del conurbano se siente inseguro. Ese sentimiento de desprotección, de riesgo colectivo al habitar el espacio público, hace de la inseguridad un problema cualitativamente diferente. Algunos estudios de victimización y percepción indican que el 80% de las personas que viven en grandes centros urbanos tiene miedo.

¿Qué dicen las estadísticas criminales en la Argentina? ¿Cuál es la tendencia de los homicidios y los delitos contra la propiedad? ¿Y cuál es la situación comparativa del país con el resto de la región y de las naciones desarrolladas?

El ministerio de Seguridad de la Nación volvió a publicar las estadísticas de criminalidad, datos que el kirchnerismo decidió no revelar a partir del 2008. El informe oficial señala que la tasa del total de los hechos delictuosos fue de 3,750 cada 100.000 habitantes en 2015, lo cual representa un aumento del 10% comparado con el año 2008.


En 2015, 2.837 personas fueron asesinadas en la Argentina, un poco menos de ocho individuos por día, en promedio. Los casos incluyen muertes por ocasión de robos, o como derivación de peleas familiares, pasionales o sociales. Esa cifra representa un 13% menor a la registrada en 2014, pero un 20% mayor a la de 2008. La tasa de homicidios es de 6,6 cada 100 mil habitantes.


Al menos según los registros oficiales, si se toma en cuenta los últimos ocho años, la Argentina no exhibe una trayectoria ascendente en materia de homicidios dolosos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que a partir de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, la problemática se considera una “epidemia”. El país se encuentra aún lejos de esos niveles.



¿Cómo fue la distribución territorial de los asesinatos? Buenos Aires concentró el 43,7% de los mismos (un porcentaje apenas superior a su peso demográfico), y tuvo una tasa de homicidios de 7,4 cada 100 mil habitantes. Santa Fe es la provincia que presenta la tasa más alta: 12,2 cada 100 mil habitantes. Sus 413 asesinatos registrados explican el 14,5% del total, muy por encima de su proporción poblacional. El problema del narcotráfico que jaquea al distrito está en la base de sus elevados indicadores de violencia, aunque las autoridades santafecinas sostienen que sus datos de homicidios incluyen a los heridos que mueren posteriormente en los hospitales, algo que no todas las provincias computan.



Las provincias con grandes conglomerados urbanos están correlacionadas a una mayor tasa de homicidios (Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires en menor medida). Córdoba, por su parte, parece escapar a esta tendencia.



La tasa del total de los delitos contra la propiedad disminuyó un 8% entre 2014 y 2015, pasando de 2.163 hechos por 100.000 habitantes en 2014 a 1.999 en 2015. Sin embargo, en 2015 siguió por encima de su nivel del 2008: +3%.

La tasa de robo se redujo un 9% entre 2014 y 2015, aunque si se compara con 2008, la tasa de robo cada 100.000 habitantes en 2015 es un 9% mayor.



Al relevar la distribución de robos por provincia, Mendoza presenta las cifras más altas: 3.407 cada 100.000 habitantes. Neuquén es el segundo distrito con peores tasas en este tipo de delito: 2.188 cada 100.000 habitantes. Le sigue, en tercer lugar, la Ciudad de Buenos Aires (con una tasa de 2.064). Aunque concentra la mayor cantidad de robos en números absolutos (81.703), la provincia de Buenos Aires tiene una tasa 490 cada 100.000 habitantes.





En la última década, el problema de la inseguridad se ha visto jerarquizado en la agenda pública: desde hace tiempo, ocupa los primeros lugares entre las preocupaciones ciudadanas. Ahora bien, si se compara con otros países, la Argentina presenta niveles “medios” de violencia (medidos a través de la tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes).



En efecto, con una tasa de asesinatos de 6,6, Argentina se encuentra entre las naciones menos violentas de América Latina (solo Chile ostenta mejores registros en la región). Centroamérica, Venezuela, Colombia e inclusive Brasil presentan cifras de homicidios mucho más complejas, con tasas que superan largamente los 10 asesinatos cada 100.000 habitantes.

Ahora bien, comparado con los países desarrollados, Argentina evidencia problemas de seguridad pública severos: su registro está muy por encima de las tasas de asesinato que exhiben Canadá, Estados Unidos, Italia, España, el Reino Unido y Francia.

Según el relevamiento de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), de los 10.529 presos registrados en junio de 2016 en las cárceles federales, solo el 39% tiene una condena firme. El 61% restante se encuentra presa por prisión preventiva, sin sentencia firme.

La proporción de detenidos por prisión preventiva viene en ascenso desde 2006, cuando las personas encarceladas sin sentencia firme era del 45%, y la de los condenados era del 55%. Hoy la relación se invirtió: las cárceles federales (aunque este patrón se repite en las provincias) están mayoritariamente nutridas por presos sin condena.


Aunque la Argentina presenta cifras bajas de homicidio comparado con el del resto de la región, la inseguridad es un problema muy instalado en el debate público. Una discusión genuina sobre cómo reducir los niveles de violencia y criminalidad en nuestro país debería dejar de lado el maniqueísmo entre garantismo y mano dura y concentrarse en las causas de fondo: la reforma integral de la institución policial, una agilización del servicio de justicia penal y una mejora del estado de las cárceles. Es decir, repensar la estrategia de intervención del Estado en el combate del delito.