¿Juego brusco institucional?

Por: Mariano Fraschini

Las democracias sudamericanas se caracterizan por sus grados bajos de institucionalización, En nuestra región, las reglas se cumplen parcialmente, se interpretan (y re-interpretan) según la correlación de fuerzas existentes, y se encuentran siempre sujetas a modificaciones parciales y totales. Asimismo, la débil institucionalización de estas democracias se observa  en la relevancia que tienen las fuerzas extrapartidarias en la performance política de los gobiernos, como son las Fuerzas Armadas, los jueces, los sindicatos, los movimientos sociales, los gobernadores, la Iglesia, los grupos paramilitares, por mencionar los salientes, y en la fragilidad inter e intra partidaria de las agrupaciones políticas, el armado y rearmado de partidos, las diferencias internas dentro de ellos, etc.. Estos elementos confluyen en otorgarle al presidente una ventaja sustantiva para llevar adelante su proyecto político ya que a diferencia de los países con alta institucionalización del primer mundo (aquí podríamos sumar a Uruguay y a Chile, como casos singulares en la región), en donde  los cambios institucionales son más lentos, Sudamérica se caracteriza como un hemisferio donde las transformaciones son veloces y pueden comportar abruptos cambios económicos y sociales. “Todo parece posible” para los liderazgos presidenciales sudamericanos, siempre que su posición política institucional sea dominante, y resulta “cuesta abajo” cuando los recursos de poder del líder se evaporan al compás de su escasa performance política. Desde allí que en nuestra región hayamos tenido (y aún tenemos) liderazgos muy fuertes que han podido reelegirse por más de un periodo, algunos por caso por más de dos, y presidentes muy débiles que han tenido que abandonar el cargo antes de cumplido el plazo constitucional. Comprender estas cuestiones resulta decisivo a la hora de concebir las posibilidades de éxito o fracaso de quienes ostentan el poder ejecutivo. Es decir, de la eventualidad de convertirse en líderes estables o inestables.

Ese es el contexto político institucional en el que un juez de la nación (a escasos días de jubilarse) decide el pedido del desafuero de una expresidenta y senadora electa y la prisión preventiva de otros imputados en el marco de una causa judicial que a decir de los especialistas resulta de dudoso valor jurídico. La prisión preventiva ya se había inaugurado hace un mes con la detención de Julio De Vido y Amado Boudou, dos dirigentes opositores que había tenido un protagonismo político clave en la gestión anterior.

El objetivo de esta nota no es inmiscuirse en el terreno jurídico, sino la de observar las implicancias políticas que estos sucesos tienen en el sistema político nacional. En ese sentido, y volviendo al principio, la debilidad institucional juega un rol central en la performance de los presidentes, y le ha permitido a Mauricio Macri llevar adelante una agenda económica poco novedosa en términos de apertura comercial, ajuste fiscal y desregulaciones de variadas especies, sin grandes sobresaltos. A pesar de no contar con una mayoría parlamentaria sólida, el líder de la alianza Cambiemos ha podido llevar adelante el recetario neoliberal tradicional por intermedio de diversas estrategias legislativas (decretos, vetos y acuerdos partidarios) sin contar con resistencias importantes en ese ámbito institucional. Asimismo, los recursos de poder que en la actualidad ostenta el presidente (que se vieron fortalecidos luego de la elección de octubre) le permite comenzar a calzarse el traje de la estabilidad. Los recursos de poder financieros, judiciales, partidarios, comunicacionales y federales en manos del presidente derivan en una posición política institucional sumamente ventajosa y, por ende, dominante para el líder del PRO.

Sin embargo, a partir del último semestre de este año, ha emergido en el horizonte político, y las decisiones judiciales con olor político de ayer lo ratifican, un “juego brusco institucional”. Defino a este “juego” a la existencia de una tensión en los límites de la baja institucionalización propia de la región que de avanzar puede poner en riesgo “derechos fundamentales”. Para decirlo de otro modo, la fortaleza presidencial clásica en una democracia de endeble institucionalización como la argentina puede resultar un escenario proclive para el “juego brusco” gubernamental. Y en ese marco, el desborde de las fronteras de la baja institucionalización puede poner entre paréntesis derechos civiles y con ello el mismo formato democrático con las características mencionadas.

Esta “brusquedad”, sin embargo, no resulta una táctica novedosa de estos días, sino que ya ha sido observada en varios frentes. Repasemos: a) durante el “caso Maldonado” la defensa ultranza del gobierno al cuestionado accionar de la Gendarmería, el vínculo de funcionarios del Ejecutivo con estrategia comunicacionales que ubicaban al joven artesano en diferentes ciudades del país y un “20% en Chile”, la evidente infiltración de sectores que no han sido identificados por las autoridades durante las marchas convocadas para reclamar la aparición de Maldonado dan cuenta de un auténtico  “juego brusco”. El caso Rafael Nahuel, el mapuche asesinado por la espalda por las fuerzas del estado resulta, por la reacción oficial, de similares características a las de Maldonado. Por otro lado, b) el ataque sistemático a jueces por el tenor de sus sentencias,  a dirigentes gremiales por su posicionamiento ante la reforma laboral (incluida las “las acusaciones extrajudiciales” al titular del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María que es asimismo el director de Página 12, uno de los escasos medios opositores), la intervención (o “amenaza” de intervención) a gremios opositores, como el de canillitas, y en la actualidad a los ligados a la familia Moyano, configuran acciones que sobrepasan los límites de la baja institucionalidad y se convierten en elementos de un “juego brusco” preocupante para el respeto de las garantías constitucionales. Por último, por mencionar algunas, está c) la libertad de expresión: El “juego brusco” institucional se observa de forma evidente no solo en la presencia de un mapa de medios claramente de colores oficialistas, sino también en los ataques recibidos a periodistas con posiciones opositoras que incluyen las salidas de Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales del aire televisivo (ambos líderes de audiencias en sus horarios), la compra de dicho canal por parte de un empresario “afín” al gobierno y la salida “transitoria” de Horacio Verbitsky de Página 12. Las “prisiones preventivas” de dirigentes opositores sin sentencia condenatoria firme, son otra de las caras de este juego institucional brusco, y se suman a las precedentes en un contexto económico complejo donde las necesidades del gobierno de realizar reformas sensibles a los derechos (y a los bolsillos) de jubilados y trabajadores se hacen presentes.

La débil institucionalización es, como dijimos, el escenario habitual de los líderes sudamericanos. En sus versiones populistas (de izquierda o progresista a gusto del lector o lectora) o neoliberales, los presidentes en la región cuentan a su favor (o en su contra) la labilidad de las reglas para llevar adelante su agenda de gobierno. Esto les permite disfrutar, cuando ostentan abundantes recursos de poder, de una ventajosa posición política institucional; pero sufrir cuando los recursos son escasos y la ubicación política se debilita. Hasta hoy esta ecuación es sumamente conocida y predecible para quienes ejercen la primera magistratura.

El “juego brusco” institucional aparece, en ese contexto, como una novedad para la Argentina. Las experiencias precedentes a la de Cambiemos, y que tuvo variados signos políticos, no ha ido a grandes trazos más allá de la configuración institucional endeble y no ha forzado los límites de la misma. ¿Estaremos asistiendo entonces a un deterioro de la “baja institucionalidad democrática” argentina? ¿Se trata sólo de tácticas oficialistas en un contexto de avanzada política o de una estrategia política destinada a profundizar el “juego brusco”?. El gobierno que enarboló las banderas del “republicanismo” y de la “calidad institucional” se encuentra hoy muy lejos de sus promesas de campaña. El viaje a la “alta institucionalidad” blandida en los discursos oficiales parece hacerse añicos en la praxis política posterior. Las promesas de ir hacia un futuro venturoso de instituciones fuertes, sólidas y carentes de labilidad discrecional parecen ser por ahora piezas de museo en la lógica de gobierno de la alianza Cambiemos.

El tercer presidente no peronista desde el retorno a la democracia en 1983 parece comprender mejor que sus antecesores el escenario de baja institucionalidad existente en nuestro país y en la región. El 42% de voluntades que lo apoyó en las recientes elecciones marcan un aval al ejercicio de poder llevado adelante por el expresidente de Boca Juniors.  Desde allí que las miradas  ciudadanas se posen en el dispositivo de toma de decisiones del poder ejecutivo. Está en sus manos, entonces, conservar las condiciones de endeble institucionalización  o pasar a una escena novedosa de difícil pronóstico. Como siempre son los liderazgos presidenciales quienes tienen la llave para resolver estos dilemas.   

*Mariano Fraschini es editor del sitio http://artepolitica.com/.

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