¿La calle quiere gobernar?

Por: Sergio De Piero

¿Un fantasma recorre la Argentina? ¿Masas violentas “orquestadas” por dirigentes políticos están pergeñando la toma del poder? Estos han sido los principales argumentos presentados por el gobierno de Cambiemos, luego de las movilizaciones y la represión desatada el lunes. Argumentos similares, casi idénticos, desplegó ante el caso de Sergio Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Por qué esta visión?

El 22 de octubre último la alianza Cambiemos consolidó su proyecto político con una victoria electoral nacional ganando a la vez en más de la mitad de las provincias, elevando su desempeño de 2015. Menos de dos meses después el tratamiento de una ley, que modifica el cálculo para el incremento de los haberes jubilatorios, desata un conflicto político con un impacto en el espacio público del que si bien tuvimos indicios a lo largo del año, alcanzó una escala que comienza a generar señales de preocupación.

El gobierno encabezado por Mauricio Macri tiene un plan. Sabe lo que quiere. Diría que en algunos casos esa certeza tiene la precisión de un relojero. Las medidas “duras” apuntan en un mismo sentido, que se asemeja a los modelos de modernización económica llevados adelante por la dictadura primero, y por Carlos Menem, después. 

Alguien ha definido: Cambiemos es gradual, pero constante. Ante ciertos conflictos que desatan sus medidas ha presentado una actitud de desacelere en sus decisiones, pero siempre han guardado el carácter de momentáneas, acaso tácticas, jamás de renuncias. La nula remoción de ministros ante determinados temas críticos (la desaparición de 44 marinos en el submarino, hechos de represión que terminaron en muertes), nos muestra el cuadro de situación de un gobierno convencido de su gestión, y por tanto renuente a los cambios de rumbos. 

Así pues, con el 42% de los votos, el macrismo encaró con decisión la primera reforma legislativa que afecta de manera directa el bolsillo de los ciudadanos (los tarifazos son resolución del Ejecutivo), en este caso de los jubilados y pensionados. Primero acordó con los gobernadores a quienes prometió compensaciones a cambio de los votos de legisladores de sus provincias. Luego envió el proyecto al Senado donde el tratamiento fue favorable, aunque casi todas los senadores y senadoras, se encargaron de aclarar, palabras más palabras menos que “votamos esto, porque es lo que acordaron con mi gobernador o gobernadora”. 

Modos elegantes de expresar que el proyecto no tenía una punta de conveniente para los jubilados. Ese trámite expedito, quizás le hizo pensar al Ejecutivo que la situación sería análoga en Diputados. No fue así. El tratamiento en comisión ya se presentó conflictivo. El oficialismo reunió a la comisión bajo el argumento de recibir información de los ministerios involucrados (Trabajo y Economía), pero sintió que sería una pena no aprovechar el encuentro para emitir dictamen. 

La sesión, que ya había sido tumultuosa con la presencia de dirigentes de asociaciones de jubilados, terminó en un clima enrarecido. Ese mismo día, en una acción que tuvo mucho de inexplicable, la Gendarmería se movilizó hasta las puertas del anexo de la Cámara de Diputados. Primera señal de escalada violenta del conflicto, por parte del mismo Estado. 

Evitando que los plazos llevaran la discusión a los días de las fiestas, el oficialismo convocó a sesión para el jueves 14. Todo indicaba que si los gobernadores estaban convencidos de la aprobación de la reforma de la ley 26.417, muchos diputados opositores, no tenían la misma certeza. El oficialismo de pronto se encontró con la  dificultad básica de no reunir el quórum. Lo consiguió por 7 segundos (que, en realidad, hubiesen bastado para iniciar la sesión), pero el clima dentro de la Cámara vaticinaba una jornada compleja. 

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió, empujó a levantarla y lanzó lo que luego sería un anuncio del Ejecutivo: esto es, luego de jurar que los jubilados no perderían nada con el nuevo marco legislativo, el gobierno decide otorgar un bono de compensación. Algo no estaba muy claro en ese devenir que había nacido con la reunión con los gobernadores. Fracasada la sesión, se convocó a una nueva para el lunes 18. Durante la sesión del 14, en un hecho inédito, la Gendarmería había agredido a 7 diputados nacionales que deseaban ingresar al Congreso. En esa represión manifestantes y periodistas, también habían sido víctimas de las fuerzas de seguridad.

¿A qué viene este relato cronológico, que el lector seguramente ya conoce? A la necesidad de enmarcar los hechos violentos y por tanto preocupantes, del lunes 18.

El gobierno no cambió un ápice su estrategia, salvo por la inclusión del bono que recibirán los jubilados en marzo, admitiendo que el nuevo índice generará una pérdida respecto al que se reemplazó: “Sí, van a perder, pero es necesario realizar el cambio”. Esa frase podría resumir todo el argumento esgrimido por Cambiemos de cara a la sociedad y en particular a los jubilados y pensionados. 

Ante estos hechos, sindicatos, organizaciones políticas y partidos volvieron a preparase para la concentración del 18 (como lo habían hecho el día que se votó en el Senado). En no pocos de ellos, pero podría afirmar que se repitió en todos, una consigna persistía: “Que no le pase nada a ninguno de los nuestros”. 

Se daban instrucciones; se acordonaron las columnas para evitar infiltraciones; se dieron instrucciones acerca de cómo evitar que los gases generaran mucha molestia. Por doquier asomaban estrategias defensivas. Con ese espíritu las organizaciones concurrieron en masa, hacia el Congreso. 

Desde el inicio de la sesión, la oposición solicitó levantar el debate a la luz de lo que ya estaba sucediendo puertas afuera (y pidiendo en vano, explicaciones por lo que había sucedido el 14). Y allí se consolidó el primer fenómeno: diferentes espacios opositores fortalecieron una estrategia única frente al proyecto macrista. Habían logrado levantar la sesión del jueves. Y ahora levantaban las mismas razones ante esta nueva sesión, pero fue imposible. La suerte ya estaba echada. La claridad de objetivos del gobierno nacional respecto  de su política económica (en este caso bajar el déficit fiscala a costa de los jubilados), más el triunfo electoral, lo alejó de cualquier posibilidad de negociación. 

El tratamiento de la reforma fue dando claros indicios de resistencia por parte de la oposición legislativa y de numerosos actores sociales. El aval obtenido en octubre por el 42%, no deja la sensación transparente respecto a que esos mismos votantes estén de acuerdo con esta ley. Las encuestas de opinión dicen lo contrario: que el apoyo a la reforma previsional se restringe al núcleo duro del macrismo, esto es el 25%. 

De seguro los motivos para votar a Cambiemos en octubre fueron varios; me atrevería a asegurar que en muy pocos ciudadanos latía el deseo de leyes como esta. Y el gobierno lo sabe. Por eso la represión desatada. Por eso la infiltración de policías fotográficamente probadas. Por eso hablar de “violencia orquestada”, de delirantes alianzas entre el Partido Obrero y la UOM, como sugirió un periodista, o cumbres para montar al violencia como indicó otro. 

La violencia que brotó fuera de las infiltraciones, y que sin dudas las fuerzas represivas dejaron agigantar, respondió a acciones individuales a pequeños grupos, antes que a estrategias de los grupos allí presentes. La única respuesta que el gobierno alza frente a la conflictividad que provocan sus políticas, es la invención de un enemigo homogéneo, violento y salvaje dispuesto a tomar el Congreso y si pudiera a perpetrar un golpe de Estado. Y no. Lo que hubo en la calle fue un heterogéneo colectivo, solo unificado, como sucedió entre las oposiciones en la Cámara de Diputados, por las políticas macristas. 

Si fue posible ver a Graciela Camaño, Agustín Rossi y Nicolás Del Caño, articulando y votando juntos, se debe mucho a la intransigencia de Cambiemos. Si en la calle una multitud enarbolaba un mismo reclamo, fue porque comienzan a percibir que Cambiemos sólo está dispuesto a emprender políticas que benefician a su pequeño círculo, y que nos hace pensar que la “teoría del derrame”, ya ingresa como una extravagancia.

 No hay en el espíritu de movilización, ningún tipo de lógica deliberativa ni de cuestionamiento al orden democrático. Hay demandas concretas. Y con ello otra certeza más: el gobierno no tiene pensado construir mínimos consensos para incorporar esas demandas, y difícilmente retroceda en sus decisiones de política económica.

 Seguro es más relevante observar estos hechos que contar la cantidad de baldosas rotas en torno del Congreso, para comprender la violencia del lunes 18. Cambiemos parece decidido a trazar una raya definitiva entre su proyecto económico y político y los reclamos del mundo del trabajo y los sectores populares, aun sabiendo que lo espera una sociedad civil movilizada y activa. Por ahora la represión parece convertirse en su principal mecanismo de mediación social. Un dato relevante de cara al resto de las reformas que ya ha anunciado y a otras que uno puede imaginarse.

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