La Pampa: prohíben las “saladitas” por 180 días

Así lo anunció el gobernador Carlos Verna al presentar el “Programa de Protección del Empleo Pampeano”. Durante el período de prohibición se debatirá una ley que regule la instalación de estas ferias.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, anunció ayer, durante un acto en la Casa de Gobierno, la firma del decreto Nº 3336 que prohíbe la instalación de ferias ambulantes en la provincia durante 180 días hábiles, en el marco de la presentación del “Programa de Protección del Empleo Pampeano”.

El mandatario provincial sostuvo: “En nuestro Gobierno planteamos como eje la generación de trabajo estable, decente, sustentable, es decir, con todos beneficios que implica tener trabajo registrado. La instalación de estas ferias ambulantes está confrontando con el esfuerzo que hace el Gobierno de tener trabajo registrado”.

Verna señaló la necesidad de evitar la instalación de estas ferias conocidas como “Saladitas” porque no sólo son un camino directo al empleo informal, sino que además representan perjuicios económicos para las arcas municipales. El gobernador se dirigió a los intendentes presentes en el acto en la Casa de Gobierno y les advirtió: “Son ferias que no pagan impuestos, y si no hay impuestos, cada uno de ustedes no recibe coparticipación cada martes”.

“No estamos avasallando las autonomías municipales, sino que no les damos la posibilidad a los feriantes de inscribirse en el Registro de Ingresos Brutos y no dejaremos que se instalen. Aquel municipio que los deje instalar en su localidad, será solidariamente responsable, porque la provincia demandará a los dos, ya que esos predios feriales denominados “La Saladita”, no pagan impuestos”, afirmó el mandatario pampeano.

Durante los 180 días que dure la prohibición se debatirá un proyecto de ley que tendrá como objetivo fijar las condiciones de la instalación de ferias en el futuro, para esto Verna convocó a “representantes de todos los sectores involucrados a fines de que aporten ideas”.

“La Ley se hará de manera tal que garanticemos a los trabajadores el acceso a precios razonables. Defendemos la legalidad pero tomamos injerencia en el comercio. No somos como el Gobierno nacional que no toma esa discusión. Nosotros sí vamos a analizar el costo y la cadena de precios. Porque no puede ser que siempre pierdan los trabajadores”, sentenció el dirigente justicialista.



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