La tragedia de Monticas, un dolor de cabeza interminable para Lifschitz

El gobernador separó al segundo de Transporte tras el accidente en el que murieron 13 personas y anunció medidas para el sector. La oposición cree que las decisiones son insuficientes y el secretario del área fue interpelado en Diputados. Buscan establecer responsabilidades políticas.

El fatal accidente en el que murieron 13 personas hace algunas semanas a pocos kilómetros de Rosario generó un sacudón en la política santafesina a tan sólo meses de las elecciones de medio término, donde la gestión de Miguel Lifschitz se juega nada más y nada menos que ser refrendado por los votantes que le dieron el triunfo en 2015 por el escasísimo margen de 1.500 votos en unos tensos comicios que terminaron con denuncias de fraude por parte del PRO. La colisión fue un cachetazo para el gobernador, ya que lo previsible de un desenlace de este tipo habida cuenta los antecedentes de la empresa tiñó el humor social de furia hacia su administración, que tuvo que tomar la iniciativa con varias medidas para intentar revertir esta percepción. De hecho, un miembro de su propio gabinete aceptó sorpresivamente que la quita de la concesión fue una respuesta al malestar social.

Se podría decir, a riesgo de sonar trillado pero sin faltar a la razón, que la de Monticas fue la crónica de una tragedia anunciada. Durante los últimos años, luego de que fuera adquirida por el gigante Flecha Bus, los libros de quejas de la empresa se habían convertido en una colección de reclamos por unidades en mal estado, incendios en medio de la ruta, falta de frenos, butacas rotas, fallas de motores y un sinfín de otros inconvenientes que toleraban diariamente los pasajeros que utilizaban el servicio, víctimas de la voracidad empresarial que nunca pareció encontrar un límite severo en el accionar del Estado.

Sin embargo, y esto fue recordado por muchos usuarios luego del triste episodio, nada de esto fue suficiente para que la Provincia, haciendo uso de sus funciones de control a través de la Secretaría de Transporte, le quitara la concesión de las trazas que explotaba la firma aún cuando la misma acumulaba centenares de actas y expedientes por sus incumplimientos. Nada pasó hasta que sucedió uno de los peores accidentes viales de la historia de la provincia de Santa Fe.

El accidente

El viernes 24 de febrero dos colectivos de Monticas –uno con el ploteado de Metropolitana, una subsidiaria del grupo- impactaron de frente en la estrecha ruta 33, entre las localidades de Pérez y Zavalla. Las pericias indicaron que uno de los coches sufrió la explosión de un neumático, presumiblemente por falta de mantenimiento, lo que provocó que el chofer pierda el control y se cruzara de carril a gran velocidad. El golpe fue violentísimo, y los dos vehículos terminaron en la banquina, con las trompas metidas en un zanjón y las cubiertas posteriores elevadas en el aire, como las patas de un insecto muerto congeladas en una extraña coreografía.

El siniestro se llevó la vida de 13 personas de entre 15 y 82 años, casi todos vecinos de las localidades de Casilda y Zavalla, origen y destino respectivamente de los recorridos de los micros. Muchos de los afectados directos pertenecen a la comunidad educativa de las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Veterinarias y la Escuela Agrotécnica de la Universidad Nacional de Rosario, cuyos estudiantes, docentes y no docentes de otras localidades dependían exclusivamente de Monticas para concurrir a los establecimientos. El luto duró 24 horas: llenos de angustia pero también irritados por lo que siempre temieron y finalmente sucedió, habitantes de ambas localidades salieron ese mismo sábado 25 luego de los velatorios a manifestarse a la calle, cortando rutas, bloqueando las boleterías de las terminales de ómnibus y parando las unidades de la firma que seguían circulando, obligando a los colegas de los dos choferes muertos en el choque que dejen de llorar a sus compañeros para subirse a los coches a tomar servicio.

Reacción

La temperatura fue in crescendo durante el fin de semana largo de carnaval, con más demostraciones de familiares de las víctimas, habitantes de la zona, y encendidos reclamos desde presidentes comunales y Concejos municipales; hasta que el lunes 27 de febrero el gobernador Miguel Lifschitz reaccionó y anunció la caducidad de las concesiones de Monticas en territorio santafesino, que luego efectivizaría por decreto. Como por arte de magia, el mismo día la Justicia rosarina allanó y clausuró los galpones de la firma en Rosario. Las desprolijidades se siguieron acumulando, ya que al todavía tener potestad sobre recorridos interprovinciales a Córdoba, en las taquillas de muchos pueblos la empresa seguía emitiendo pasajes que se anunciaban a localidades de la provincia mediterránea pero llevaban pasajeros a destinos en territorio santafesino. Finalmente, Nación también le quitó esas trazas y terminó con el problema.

La solución tampoco calmó a nadie, ya que muchos usuarios se quedaron sin conexión al resultar insuficiente el cronograma de refuerzos que la Provincia estableció para suplir los servicios de Monticas. Algunos incluso fueron prestados por líneas del mismo grupo, tal es el caso de Arito. "Los reemplazos fueron deficientes, no se llegó a contener la demanda y los días lunes y viernes que van o vienen muchos estudiantes se colapsa el servicio y mucha gente se queda esperando horas en las paradas", dijo a El País Digital Emiliano Scopetta, referente de un grupo de usuarios autoconvocados de Monticas que reclaman mejoras en la prestación.

Tampoco faltaron las denuncias en las redes sociales con fotos que sugerían que la empresa desaparecida repintaba sus unidades para pasarlas a esas subsidiaras que siguen funcionando en las rutas provinciales, trasladando quizás a los mismos sobrevivientes de la colisión y a sus familias. En el medio echó más combustible al fuego la aparición de la noticia de viejos aportes del grupo a la campaña política de 2007 del Partido Socialista, que están bajo la investigación de la Justicia federal por tratarse de una empresa concesionaria de servicios públicos, lo que está prohibido por ley.

Despido

Con los ánimos todavía caldeados, y a sabiendas de que las medidas habían sido insuficientes para dar alguna respuesta que satisfaga a los afectados, Lifschitz decidió una semana después remover de su cargo al subsecretario de Transporte, Gustavo Peirano, que se desempeñaba en el área desde hace casi una década y de cuyo mando dependían administrativamente las inspecciones de los coches. Al igual que con el decreto que declaró caduca la concesión de la empresa, el texto que anuncia la remoción no hizo mención alguna a la tragedia vial. La decisión, a su vez, fue una muestra de apoyo a Pablo Jukic, titular de la Secretaría y blanco –luego del siniestro- de fuertes cuestionamientos por su desempeño en el cargo que asumió hace poco más de un año.

Los diputados opositores reaccionaron inmediatamente pidiendo la interpelación del funcionario y su superior, el ministro de Infraestructura y Transporte José León Garibay, pero sólo consiguieron tras arduas negociaciones con el oficialismo que el secretario concurra a una reunión con los presidentes de bloque, en lugar de ser interrogado en torno a las responsabilidades políticas del accidente por el pleno de la Cámara baja. Las espadas del Frente Progresista en la Legislatura lograron incluso comprarle tiempo para prepararse al acordar que la citación se posponga una semana.

Los diputados opositores se indignaron con la determinación del mandatario santafesino de sostener a Jukic, un ingeniero experto en logística portuaria que era hasta asumir en su cargo el gerente de Terminal 6, el complejo cerealero más importante del país que AGD y Bunge montaron en el puerto de Rosario. "Siempre echan a segundas o terceras líneas, nunca a funcionarios del riñón socialista", protestó en contacto con este medio el diputado macrista Sergio Mas Varela. “La actitud del gobierno parece ser decir «no pasó nada, hacemos un retoque de maquillaje y miramos hacia adelante». Acá hubo una tragedia, hubo falta de previsión y de control. Hay responsabilidades administrativas, políticas y penales. Terminó el servicio de Monticas pero no terminaron las responsabilidades, y las buscaremos”, completó Mas Varela.

"Evidentemente se contaba con información de las graves falencias del servicio que prestaba la empresa, por denuncias de usuarios y constataciones de las áreas de inspección. Sin embargo, el gobierno provincial además de efectuar controles escasos, aún con los resultados que estos arrojaban, no tomó las medidas que pudieran haber evitado esta catástrofe", declaró por su parte a este cronista la diputada del FPV Silvia Simoncini.

 Interpelado

El día anterior a la citación, Lifschitz anunció una batería de medidas tendientes a mejorar el transporte interurbano, que incluyó el llamado a concurso para cubrir los servicios de las rutas 9 y 33 que le quitó a la cuestionada empresa, créditos para la compra de unidades nuevas, aumento de los controles, monitoreo por GPS, y una nueva Ley provincial de Transporte (la vigente data de 1935). En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que ya venían preparando la mayoría de los cambios desde antes del accidente. El timing del anuncio pareció sospechosamente oportuno y le quitó credibilidad a esa afirmación.

En tanto, la interpelación no logró satisfacer a quienes concurrieron a formular sus preguntas. Según los legisladores presentes –no hubo versión taquigráfica ni presencia de público, sólo los presidentes de cada bloque- Jukic detalló que la empresa recibió en 2015 más de 160 multas, y en 2016 unas 174, la mayoría de las cuales estarían impagas. Incluso hay un acta del 27 de diciembre pasado por un neumático en mal estado. El titular de Transporte dijo sin embargo que Monticas era una empresa que "tenía todos los papeles en regla", por lo que no veían razones para extinguir el contrato antes del accidente. Reconoció además que "53 de las 55 empresas" que prestan servicio en la provincia no están en condiciones de haber sido adjudicatarias de procesos licitatorios, y tienen permisos precarios que se van renovando cada 3 años.

"Fue una vergüenza, el oficialismo no quiere iniciar un sumario para aclarar las responsabilidades del Estado en la tragedia. Se la pasaron diciendo «de acá para adelante», lo usaron a Peirano de fusible para evitar investigar quién tuvo la culpa", dijo indignado a este portal uno de los participantes de la reunión que pidió reservar su nombre. En tanto Mercedes Meier, diputada del Frente Social y Popular, resumió sus sensaciones luego de la interpelación en una frase del secretario: "Jukic dijo textualmente que «la concesión de Monticas se quita porque había que descomprimir una situación social muy compungida». Es decir que tuvo que haber 13 muertos para que se tome esa decisión a pesar de todas las faltas y denuncias que tenía la empresa acumulada en los últimos años. Lo que dijo es un sincericidio", analizó en declaraciones a El País Digital.

A modo de resumen, podría decirse que la gestión de Lifschitz intentó responder a las críticas recibidas con decisiones políticas: corrió a Monticas, despidió a un funcionario e hizo promesas de mejoras en el transporte. Pero también es cierto que todas esas medidas llegaron tarde. La pregunta que aún ronda hoy en Santa Fe es quién se hace cargo de haber visto las luces de alarma y luego mirado hacia otro lado. Las señales que envía el poder político, que no parece dispuesto a elaborar un sumario administrativo que deslinde responsabilidades, evidencian muchas ganas de hacer borrón y cuenta nueva. Mientras tanto, los familiares de las víctimas siguen aguardando que algún funcionario les explique por qué hay 13 vidas que quedaron truncas.

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