Litio, el mineral clave en las sociedades del futuro

En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80 por ciento de las reservas del elemento más importante de la tecnología. Se estima que para 2020 la demanda mundial del nuevo "oro blanco "va a duplicarse.




En los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile se encuentra el 80 por ciento de las reservas de litio: elemento químico clave para la confección de baterías recargables de los celulares, filmadoras, tablets y cámaras digitales, marcapasos, reactores atómicos, satélites, vehículos eléctricos, antidepresivos, vidrios y cerámicos. Incluso los reservorios de energía que van a utilizar las fuentes renovables van a nutrirse de baterías de litio.
La industrialización del litio es un componente clave de la transición energética. La tendencia marca que los combustibles fósiles van a tener que ser reemplazados por producción eléctrica (mareomotriz, eólica, solar); hoy esa energía eléctrica se almacena en baterías de litio. De ahí la importancia de que la Argentina y Sudamérica tengan un fuerte desarrollo tecnológico-industrial vinculado a los reservorios de energía.

El litio propone un modelo de desarrollo que incorpora la ciencia y la tecnología, vinculado a la soberanía energética y ecológica. Es un mineral que tiende a situarse en el centro de una futura sociedad ecológicamente sustentable, de energías limpias e innovación tecnológica y que contribuye a evitar los riesgos ecológicos que se presentan en el siglo XXI. Se estima que para 2020 la demanda mundial del mineral va a, por lo menos, duplicarse. La proyección indica que entre el 5% y el 10% de la producción automotriz mundial será de vehículos eléctricos, lo que aumentaría la demanda de Litio entre 60 mil y 120 mil toneladas.

Se necesita que desde el Estado se desarrolle una mirada integral acerca de la explotación de litio y las cadenas de valor. Es tiempo de pensar la agregación de valor en el territorio. De qué manera desde el insumo básico se puede llegar a la batería en Argentina y en Sudamérica. Es un proceso tecnológico complicado y requiere de un significativo aumento de la capacidad científica.

 El hecho es que la diferencia de precio entre la materia prima y la batería es, desde ya,  reveladora: una tonelada de carbonato de litio cuesta alrededor de 6.000 dólares mientras que una batería de auto eléctrico, que utiliza alrededor de 10 Kg, entre 10.000 y 20.000 dólares. La industria de las baterías de litio tiene una potencialidad casi interminable: puede formar parte de un nuevo sistema de transporte público, autos eléctricos, bicicletas eléctricas, industria electrónica, etc. Los beneficios estratégicos de producir acumuladores de litio son muy prometedores ya que funcionan como el núcleo esencial en un mundo que se encamina a abandonar los hidrocarburos. Las baterías serían un producto de alto valor agregado cuya capacidad de expansión en las economías regionales argentinas resulta innegable.


En Argentina, la explotación del litio es relativamente reciente. Más allá de la exportación de carbonato de litio, no existe una industrialización del mineral. Es importante destacar que el lugar del litio a nivel mundial es casi inexistente. En la Argentina, ocupó tan sólo el 1,14% de la producción minera nacional en el año 2011. Esto poco a poco comienza a modificarse: en el Salar de Hombre Muerto, situado entre las provincias de Catamarca y Salta, se extraen 16.000 toneladas anuales de carbonato de litio desde 1998; hecho que convierte al país en el segundo exportador mundial. A fines de 2014, el Salar de Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, comenzó a producir con una proyección de exportación de 17.500 toneladas anuales; lo que significa que la Argentina se acerca a los números de Chile que es el primer exportador mundial. El país trasandino comercializa alrededor del 35 por ciento del mineral a nivel mundial; le siguen Australia y China: son estos 4 países los que extraen el 98% del total mundial. Lo cual abre un panomarama de lo más interesante para un país como Argentina.

 Lo significativo de todo esto debería plantearse en términos de agregado de valor con la finalidad de fabricar las baterías de manera local. La idea es que Argentina pueda salir del rol de mero proveedor de materias primas, por lo que se necesitan políticas públicas activas que fomenten la industrialización.






Lo promisorio del llamado “oro blanco” constituyó un nuevo imaginario de desarrollo: aunque el futuro es siempre desconocido, este elemento químico aseguraría el futuro energético del país. Es por esto que a la región se la llama la “Arabia Saudita del litio”. En el denominado “Triángulo del litio”, conformado por Argentina, Chile y Bolivia, solo se realizan trabajos de extracción y exportación. El principal destinatario es EEUU seguido por China y Japón.

La coordinación entre los países es casi nula, lo que complejiza la generación de mecanismos de cartelización similares a los de los productores de petróleo. Promover el desarrollo regional daría como resultado no sólo mejores rentas, sino que fomentaría la integración andina y contribuiría al despegue industrial.

El uso del litio como fuente de una industria de alto valor agregado no parece tener un lugar destacado en la agenda de los Gobiernos de nuestro país. Lamentablemente, hoy la explotación en Argentina está bajo capitales extranjeros. Sin embargo, se está concientizando sobre la vital importancia de fomentar la industrialización del litio; es por eso que Jujuy, una de las más ricas en el recurso, declaró al litio “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la provincia”, poniéndose a la vanguardia con respecto a las otras provincias extractoras.

 Sin embargo, el panorama no es auspicioso sino más bien sombrío. Las razones son muchas: bajo presupuesto científico, escasa coordinación entre los países y entre el Gobierno Nacional, las Provincias y las comunidades, baja inversión empresarial, etc. 

Sin dejar de lado el hecho de que no somos un país industrial capaz de desentenderse de la ayuda técnico-científica que puede brindar el Estado. Resulta necesario trazar una estrategia donde todos los actores involucrados brinden sus conocimientos en vistas a desarrollar y potenciar el producto y esto no es tarea sencilla ya que, además, las situaciones provinciales son disímiles.




En 2011, la provincia de Jujuy creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la Promoción del Aprovechamiento Integral del Liticon el objetivo de sentar las bases técnicas para la industrialización del mineral. A raíz de declarar al litio “recurso natural estratégico”, fundó la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que participará en los proyectos de extracción de litio.

 Así, la intención de la provincia quiso ser la de incentivar y acrecentar su capacidad técnico-científica para, de esta manera, involucrarse en cada uno de los sectores: exploración, extracción e industrialización. Sin embargo, la realidad de JEMSE se acerca más a la captación de la renta de los emprendimientos privados mineros y no a la de potenciar la innovación en el área. Falta mucho todavía en cuestión de trabajo interdisciplinario con el fin de acompañar el crecimiento, no sólo de la industrialización del litio sino también de fomento a las energías alternativas que fue la razón de su creación.




Actualmente, Argentina carece de un marco legal específico que proteja el desarrollo de la explotación del litio. Los principales elementos regulatorios son: el artículo 124 de la Constitución Nacional, la Ley N.° 24.196 de Inversiones Mineras y el Código de Minería; legislación que ha sido sancionada y reformada durante el menemismo y que desreguló fuertemente la actividad, permitiendo el ingreso irrestricto de capitales extranjeros. La provincialización de los recursos que se desprende del artículo 124 produjo que cada una de las provincias vinculadas a la extracción dicte sus propias normas para regular la actividad. A su vez, el Código de Minería, sancionado en 1886 y reformulado en 1997, sostiene que los minerales no forman un bien público sino que son susceptibles de ser aprovechados por quienes los “descubran”. La potestad del Estado es la de concesionar dichas minas. Por último, la ley de inversiones mineras (1993) otorga estabilidad fiscal por un período de 30 años a las empresas del sector y otorga importantes beneficios impositivos para el desarrollo de la actividad.

Las regalías hacia las provincias que cuentan con el recurso son excepcionalmente bajas (alrededor del 3 por ciento en Jujuy y Salta). Actualmente, en la búsqueda de aumentar la actividad minera se ha promovido una legislación casi a medida de las empresas privadas lo que, además, desemboca en una tendencia a la desprotección laboral, un escaso control del uso excesivo del agua, incremento de la contaminación y genera enfrentamientos con los pueblos originarios que habitan esas tierras. Otra cosa a destacar se relaciona con los beneficios fiscales de los que gozan las empresas extractoras de litio y la minería en general que no tienen muchas actividades en la Argentina. Al no existir un esquema tributario específico, los impuestos que deben atender las firmas son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las tasas municipales, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos –sujeto a cada provincia- y las regalías. Por último, la Argentina posee un irrisorio Canon Minero, cuyo monto es establecido por Nación aunque lo perciban directamente las provincias. Además, se suman los gastos deducibles al Impuesto a las Ganancias que tienen que ver con gastos de exploración, conservación del ambiente, etc.

 En febrero de este año Mauricio Macri eliminó las retenciones a todas las exportaciones mineras, profundizando aún más la desprotección del sector y atentando contra las posibilidades de industrialización del mineral dentro del territorio nacional.




Los salares están habitados por comunidades andinas desde hace más de 5 mil años, lo que las vincula a la propiedad concreta del recurso.

La consolidación del litio como un recurso estratégico también repercutió en un crecimiento de los conflictos entre las comunidades originarias, las empresas y el Estado. Las comunidades reclaman al Estado su participación en las discusiones sobre la explotación de litio ya que comprometen sus economías de subsistencia: pastoreo y extracción de sal. 

En 2012, su reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia al considerar vulnerado el derecho a consulta previa y de participación de las comunidades cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, que otorga la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17. La presentación fue en respuesta a la entrega de permisos de extracción violando este derecho. Además, advirtieron que la Ley provincial N.º 5674, que declara como recurso natural estratégico al litio, es inconstitucional y vulnera los derechos de las comunidades indígenas.

 El asunto está lejos de resolverse, al contrario, las comunidades siguen presentando reclamos en organismos provinciales, nacionales e internacionales a través de la “Mesa de comunidades originarias de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc para la defensa y gestión del Territorio”, que fue conformada en 2010 por las 33 comunidades que habitan la cuenca.




En febrero de 2012 los principales yacimientos de litio detectados en Argentina y las empresas poseedoras de los derechos de explotación eran:

El litio es un recurso natural estratégico y como tal es necesaria la planificación de políticas publicas destinadas al desarrollo, donde el Estado sea quien lleve adelante esta tarea. Todavía resta mucho por hacer: no hay legislación adecuada, no existe coordinación con Chile y Bolivia y no hay inversión destinada a la industrialización del mineral en el territorio Argentino.