Los daños de las internas en la gestión de la inversión

Por: Jorge Neme

El bajo nivel de inversión de la economía argentina constituye una preocupación central del Gobierno y de la oposición. Más allá de marcos conceptuales diversos que dividen opiniones, cuando se habla de inversión, emerge un acuerdo. Un flujo constante de inversiones en ampliación de negocios existentes, nuevas actividades e infraestructura es lo que esperamos todos para recuperar un camino de crecimiento. Queda para otra discusión si ello supone inclusión social o concentración de riqueza. Esa problemática se plantea con profundidad especial en las provincias del norte. Con menos de la mitad del ingreso promedio del resto del país y alrededor de un 40% de pobreza, la demanda de inversión para desarrollar la producción de agroalimentos y energías renovables concentra las angustias de gobernantes y gobernados.

Así lo entendió Mauricio Macri cuando propuso, durante la campaña electoral de 2015, lanzar un programa de reparación para el norte, bautizado Plan Belgrano. A poco más de año y medio de creado, y más allá de la competencia o la incompetencia de quien fuera nominado para dirigirlo, resulta imposible verificar inversiones significativas en la región.

Ante la preocupación gubernamental, se torna curiosa la suerte de uno de los organismos que, por historia y capacidad, podría haber aportado recursos y gestión para alcanzar los objetivos expuestos. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) ha sido el ejecutor, durante los últimos años, de los programas de inversión del Ministerio de Agroindustria de la Nación, financiados por todas las instituciones multilaterales de crédito, como Banco Mundial, BID, CAF, FIDA y FONPLATA. Por ello, frente a la necesidad de ejecutar proyectos de inversión orientados a reconstruir infraestructura para la producción y mejorar la competitividad de las economías provinciales, no se comprende cómo la UCAR está sufriendo un proceso de destrucción paulatina.

La UCAR ha constituido "corporación financiera de desarrollo agropecuario dirigida a servir a las provincias", según informara el BID en su evaluación y cierre de una de las operaciones en 2015. El Banco Mundial había preasignado 500 millones de dólares para una nueva operación destinada a inversiones en las economías regionales, y el presidente Macri y distintos gobernadores encabezaron actos de inauguración de importantes obras, como el gasoducto del sur de Córdoba, el puente sobre el río Gualeguay de Entre Ríos, el Mercado de Concentración de Trelew, los frigoríficos de Neuquén o los proyectos de riego en Salta, Mendoza y San Juan; y una serie de obras en ejecución en Catamarca, Salta, Chaco, Mendoza, Misiones y Jujuy de gran impacto en la producción regional, así como la finalización del laboratorio central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria (Senasa), un ejemplo en Latinoamérica construido por la UCAR.

Sin embargo, la pelea interna que anima a los secretarios del Ministerio de Agroindustria tiene un objetivo común: el desmembramiento de la UCAR. Sin el menor cuidado por el capital acumulado en conocimiento, en sus recursos humanos calificados y en la calidad de gestión del organismo, reconocido por las instituciones internacionales que asisten al país y por el propio Ministerio de Modernización de este Gobierno, que realizó una auditoría integral de la unidad, los señores Ricardo Negri, Santiago Hardie y Néstor Roulet se disputan "pedazos" de la UCAR ante la pasividad cómplice del ministro Ricardo Buryaile y la resistencia activa, pero aparentemente insuficiente, de su actual coordinador.

Disminución de presupuesto, desactualización de honorarios de sus profesionales, redireccionamiento de operaciones de crédito con los organismos financieros multilaterales que estaban ya priorizadas o en camino de negociación: 500 millones de dólares con el Banco Mundial y 370 millones de dólares con el BID, congelamiento de la relación con instituciones como CAF y Fonplata o bloqueo de la relación con provincias de otro signo político, son algunos de los movimientos más destacados que ahora se advierten. Nunca había formado parte de la modalidad de operación de la UCAR la discriminación por provincias según el signo político bajo el cual se hallaran, pues la unidad siempre había mantenido un diálogo cordial e igualitario con todas ellas.

Esta insostenible situación, articulada además con pequeñas miserias cotidianas para quebrar definitivamente el espíritu de un organismo caracterizado tanto por su eficiencia como por su compromiso con la gestión de las políticas de inversión pública para el desarrollo competitivo de las economías provinciales, tiene como artífices mayores a los tres secretarios cual jinetes del apocalipsis.

La ejecución de programas y proyectos y la apropiada utilización de los recursos que prestan los organismos multilaterales de crédito no son cuestiones para improvisar. Muchos años de bajo nivel de ejecución, proyectos sin su correspondiente impacto y alargamiento excesivo de los plazos acordados en los contratos de préstamos constituyen una experiencia dolorosa que el país termina pagando con comisiones de compromiso, engrosando la deuda externa sin su contrapartida de inversiones para el desarrollo.

La UCAR precisamente fue creada porque muchos de los préstamos que tenía la cartera agropecuaria sufrían enormes retrasos y su subejecución ponía en peligro la continuidad de la asistencia de los organismos financieros al sector. La experiencia de gestión y la especialización de sus recursos humanos tienen el reconocimiento de las instituciones financieras y de los organismos de cooperación técnica, como FAO e IICA, con los cuales la UCAR trabajó en estrecha relación. Baste ver el completo estudio realizado en 2014-2015 en colaboración con FAO para identificar las nuevas áreas con potencial de riego en la Argentina.

Finalmente, cabe destacar el gran respeto que los gobiernos de provincia expresaron por el desempeño de la UCAR formulando proyectos, ejecutando obras, aportando a la capacitación de recursos humanos y contribuyendo significativamente a incrementar el nivel de inversión pública con proyectos de alto impacto en las economías regionales, hasta mejorar su competitividad y crear oportunidades de empleo y bienestar para su gente.

Ante este panorama, sería importante que el Gobierno evaluara la suerte de un organismo que constituye un verdadero activo en la gestión de políticas públicas y que en la actualidad se halla en peligro por la lucha interna sin sentido de unos funcionarios cuya competencia está a prueba, mientras movilizan sus energías para repartirse los restos de la UCAR como si fuera un botín de guerra.


*Sociólogo. Ex coordinador de la UCAR, secretario de Relaciones Internacionales de la Provincia de Tucumán.

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