Otra solución a la búsqueda de un problema

Por: Juan Pablo Ruiz Nicolini y Tomás Aguerre

“Pese a que en ningún caso las cifras son significativas, en un sector dela sociedad pervive el prejuicio de que los extranjeros vienen en masa yaprovechan para atenderse gratis en los hospitales públicos, estudiar gratis enla universidad pública, traficar drogas, trabajar en las calles para no pagarimpuestos y cobrar jubilaciones sin haber trabajado”.

Cecilia González, en REVISTA CRISIS

En noviembre de 2016 una nota del diario Clarín señalaba la intención de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de avanzar con un proceso de control más riguroso sobre la identificación de los electores.
El pasado 6 de febrero la “novedad” (publicada 3 meses antes en Clarín) se publicó en La Nación: “el Gobierno no sólo reforzará las fronteras para evitar la migración delictual. También se dispone a combatir lo que denomina la “migración electoral”: ciudadanos de naciones vecinas que, con DNI argentino, votan tanto en nuestro país como en su país de origen. A cambio de una dádiva, incurren en el “doble voto”, que, además de ilegal, amenaza con distorsionar los resultados electorales, sobre todo los locales”.

Dos semanas antes de la elección, la Cámara Electoral presentó la iniciativa al público .
El diagnóstico de fallas en el control de identidad se sostiene, según dichos oficiales en esas notas, en la identificación de 27.366 coincidencias de nombres al comparar padrones de Argentina y Paraguay. Es el número que sirve como argumento para iniciar la implementación de un programa que alterará la forma de votación en algunos distritos del país el próximo domingo.

Como ocurrió con la propuesta de implementar el voto electrónico, la primera pregunta que cabe hacerse sobre la solución a un problema es: ¿cuál es el problema?

En esa respuesta hay que buscar el diagnóstico y, en este caso, el diagnóstico sobre el problema referido no parece estar tan claro. ¿Estamos frente a otra solución a la búsqueda de un problema? Veremos.

Lo sucedido en las elecciones mexicanas de 1994 puede servir para ilustrar el problema y ayudar a pensar la cuestión. José Woldemberg (politólogo de ese país, profesor de la UNAM y ex consejero del Instituto Federal Electoral — IFE) narra en “17 horas en el Consejo General” el caso del millón de homónimos: “Existía la presunción de que tras las homonimia se escondía una operación para desvirtuar la identidad de los votantes y multiplicarlos artificialmente”. Ante la duda sobre posibles manipulaciones sobre el padrón, la Comisión Nacional de Vigilancia y del Consejo Técnico del Padrón Electoral presentaron informes en los que analizaron la composición de los mismos. Woldemberg relata que el análisis del padrón correspondiente a la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) arrojó los siguientes resultados:

- Un total de 5.326.760 electores habilitados

 -4.350.929 son nombres singulares, sin repetición en el listado.
 - 1.011.831 nombres de personas repetidas en el listado.

El análisis de los casos repetidos estableció que ese (casi) millón de repeticiones se componía de “206.337 nombres repetidos dos veces, 55.746 que se repiten tres veces, hasta llegar a uno (el famosísimo Guadalupe Hernández Hernández) que se repite 126 veces”.
Ese ejercicio sólo se basaba en los nombres repetidos, como lo que anuncian las notas de Clarín y La Nación. Al cruzar esa información con datos de identificación personal la conclusión del Consejo Técnico fue que “se detectaron por métodos informáticos 392 personas con nombres repetidos, misma fecha de nacimiento, sexo y ciudad de origen, sin embargo solo 141 de ellas tienen dos credenciales o son la misma persona, y por lo tanto 55 corresponden a parejas con igual nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento entidad de origen, pero son personas diferentes”. Un “problema” de 1 millón, se transformó en uno de 141 personas.

Hagamos números
“El mayor número de “situaciones”, tecnicismo con que define a los potenciales empadronados dobles, se constató en la provincia de Misiones: son 15.297. Formosa está un escalón abajo: 8.820. En Salta son 1.921, en Corrientes 1.023, en Chaco 302 y en Jujuy apenas 3”, sostiene la nota de La Nación. Pongamos esos números en perspectiva:


Electores habilitados
% Padrón Nacional
Casos
Casos / Padron
MISIONES
849788
2,65%
15297
1.8%
FORMOSA
421702
1,32%
8820
2.1%
SALTA
956439
2,98%
1921
0.2%
CORRIENTES
810712
2,54%
1023
0.13%
JUJUY
549919
1,43%
3
0.00%
CHACO
864683
2,70%
302
0.03%
TOTAL
4453243
13.62%
27366
0.61%

Fuente: La Nación (casos) y OEAR - CIPPEC (Electores 2015, por provincia).

La tabla anterior refleja, en primer término, la cantidad de electores registrados en las provincias en los que se detectaron las “situaciones”. La suma alcanza poco más del 13% del padrón nacional. Pero, ¿qué pasa cuando lo analizamos a la luz de los casos presentados? Podríamos sostener que  la magnitud del problema (asumiendo que la totalidad de los homónimos son extranjeros con documentación que viajan a Argentina para votar) es de medio punto porcentual. Desagregado por provincias podemos notar que en cuatro de los seis casos mencionados esto es sustantivamente menor. Misiones llegaría a un 1.8% del total de los electores habilitados y Formosa cerca de 2%.

Ya definido el problema, entramos en la propuesta de solución. En primer lugar, cabe destacar que la acordada de la Cámara Nacional Electoral establece que se trata de una prueba piloto, es decir, ningún elector puede quedar imposibilitado de votar aún cuando el sistema no logre realizar exitosamente la verificación de su identidad, al menos el domingo próximo. Sea cual sea la solución no corre para el domingo que viene, simplemente se experimenta con los ciudadanos que voluntariamente se presten a ello. Lo cual deja la duda abierta: ¿se va a prestar a experimentación un sujeto que viene con un documento de identidad previamente fraguado para ejercer ilegítimamente el voto de otra persona? Habrá que ver si el resultado no queda, en ese caso, condicionado por la muestra.

¿Cuáles son los riesgos de la implementación de un sistema de este tipo a nivel nacional? El más significativo, el modo en que incrementa los beneficios de los oficialismos que controlan la administración del proceso electoral. Según el especialista, Enrique Chaparro, el riesgo de una conexión central de los datos biométricos es alto y por lo tanto permite una ventaja comparativa en el control de las elecciones a aquel que sea capaz de controlar el sistema”. Es decir, una de las partes en competencia se hace de un dato relevante: el grado de participación minuto a minuto georreferenciado. No se sabe por quién se está votando, por supuesto, pero se sabe demográficamente cuánto se votó en cada lugar del país minuto a minuto.

La implementación de un sistema de este tipo implicaría, por otra parte, la reforma del Código Electoral que sólo exige al día de hoy la presentación del documento nacional de identidad para ejercer el derecho al voto.

La segunda cuestión que se plantea es relativa a la contratación del servicio que, al menos al día de hoy, no puede ser ofrecido por ninguna dependencia estatal. Esto significa tercerizar a manos privadas una parte más del proceso electoral. En este caso, el encargado de contratar los equipos para la prueba piloto fue el Consejo de la Magistratura, a través del administrador general del Poder Judicial de la Nación. El 21 de junio pasado se decidió la adjudicación a la firma Smartmatic International Holding BV Sucursal Argentina por más de 25 millones de pesos para la compra de 1250 equipos y su correspondiente modificación y capacitación.

Smartmatic ofrece soluciones de tecnología para la gestión de identidad y, entre otras cosas, la implementación de sistemas de voto electrónico. El paquete conjunto - la identificación biométrica (que, como dato de color, falló en el control a la identidad de Nicolás Maduro en la elección de hace apenas unas semanas) junto al sistema de voto electrónico - lo implementa esta misma empresa para las elecciones venezolanas.

¿Son estos potenciales riesgos altos, medios o bajos? El parámetro para establecer cualquiera de esos niveles debe partir principalmente de compararlo con el problema que se quiere solucionar. Hasta ahora, las autoridades han mencionado el problema de los DNIs homónimos como el núcleo central de la problemática. La pregunta entonces debe ser puesta en esos términos: ¿es el problema lo suficientemente significativo como para enfrentar los riesgos que el sistema propone? Es una de las preguntas que se comenzarán a responder este domingo.


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