Por denuncia de torturas, la Justicia intimó al Ejecutivo de Chaco

El máximo tribunal provincial dispuso que de manera “inmediata y urgente” debe adoptar las medidas necesarias y realizar obras para asegurar condiciones dignas de detención en un penal de Resistencia.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ordenó al Poder Ejecutivo adoptar todas las medidas necesarias y realizar obras para asegurar condiciones dignas de detención en el pabellón IX del Complejo I de Resistencia, luego de las denuncias de torturas que trascendieron en los medios locales la semana pasada y de las que se hizo eco el Ministerio Público de la Defensa.

El máximo tribunal chaqueño hizo lugar por unanimidad al habeas corpus correctivo y colectivo presentado por la defensora general Alicia Alcalá y dispuso que de manera "inmediata y urgente” deben tomar las medidas necesarias que garanticen "el cese de toda eventual situación de agravamiento de las condiciones de detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado”.

Las tareas de refacción, que deben realizarse en un máximo de 60 días desde la notificación, deben enfocarse de manera prioritaria a resolver "el problema de la provisión de agua potable, el estado precario de sanitarios y cloacas e instalaciones eléctricas, como así la adecuada y suficiente provisión de elementos de limpieza e higiene personal y el acceso efectivo a la atención médica y/u odontológica y/o de salud”.

La Justicia provincial además exigió que el Instituto Médico Forense del Poder Judicial eleve un informe con las condiciones de la prestación médica, odontológica y de salud que reciben los internos, dado que entre los fundamentos de la resolución judicial destacan que de los 37 reclusos, 20 tienen carpeta médica “por la frecuencia con que solicitan atención y algunos tienen enfermedades como tuberculosis, sífilis, piodermatitis, uno con padecimientos psiquiátricos y dos con cirugías pendientes”.

Otro de los aspectos considerados por la Justicia para ordenar la “inmediata y urgente” intervención del Ejecutivo provincial fue el resultado de la inspección ocular que realizaron los magistrados donde constataron un “avanzado estado de deterioro”. “La instalación eléctrica es deficiente y peligrosa, con cables expuestos sin protección alguna, sólo dos de los cuatro baños están habilitados, en las celdas hay hacinamiento con personas que duermen sobre el suelo, la provisión de agua es fraccionada y los artículos de higiene personal son entregados los días de visita”, señalaron.


Diarios Argentinos