Profesionales bonaerenses se plantan contra Quintana

La posibilidad de que Farmacity vulnere las leyes vigentes encendió un debate profundo en los ámbitos profesionales que salieron a respaldar a los farmacéuticos.

Entidades profesionales de distintas ramas de la actividad apoyaron el reclamo del sector farmacéutico y alertaron sobre los riesgos que representa para la provincia de Buenos Aires que la cadena Farmacity consiga un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le permita instalarse en territorio bonaerense sin dar cumplimiento a las leyes vigentes.

A través de una solicitada que apareció en medios de tirada nacional, la Federación de Entidades de Profesionales Universitarios (FEPUBA) se manifestó en contra de los planteos del Grupo inversor Pegasus, cuyo principal accionista es Mario Quintana, integrante de la jefatura de Gabinete nacional, y recordó que las leyes vigentes "son normas que ordenan un modelo sanitario con garantías para el acceso de la población a sus medicamentos".

"Tenemos un compromiso con la Salud Pública, la transparencia administrativa, la independencia y sustentabilidad económica, que encuentran resguardo en las leyes que regulan los ejercicios profesionales en cada disciplina", concluye el comunicado que lleva la firma de mas de 30 entidades profesionales con actuación en el ámbito bonaerense.

El Colegio de Farmacéuticos ya había logrado un importante respaldo de parte de Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia, que advirtió que concurrirá nuevamente a la justicia si la cadena de Quintana logra un fallo favorable en el máximo tribunal, porque "priorizamos a la gente por sobre la rentabilidad, y nos apoyamos en las leyes que regulan el funcionamiento del sector, las cuales nacieron con el apoyo de todos los sectores políticos y son el resultado de un profundo trabajo a conciencia sobre la importancia de las farmacias".

El temor de los profesionales es que el caso siente un precedente importante y como advirtió el presidente del Colegio de Ingenieros, Norberto Beliera, "si la justicia federal le permite a una empresa violar las normas para la instalación de una farmacia, nada impediría que mañana habilite a otras empresas a aplicar agroquímicos sin supervisión de un ingeniero agrónomo, a realizar obras sin ingenieros civiles, o a prestar algún servicio médico prescindiendo también de los profesionales de la medicina”.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Isabel Reinoso, anunció que entre las medidas de acción que se definieron para visibilizar la situación, el 12 de octubre, en coincidencia con el día del farmacéutico argentino, se realizará un abrazo simbólico al edificio del máximo tribunal, que en principio iba a ser realizado por profesionales de la provincia, pero al que finalmente se plegaron matriculados de otros distritos por lo que se espera una convocatoria masiva.

Farmacity vs. Provincia

En la provincia la ley dispone que la distancia mínima entre 2 farmacias debe ser de 3 cuadras o 3 mil habitantes, para evitar la concentración en las zonas urbanas y céntricas, y garantizar la dispensa de medicamentos en cercanía para todos los bonaerenses y además prohíbe que una sociedad anónima sea propietaria, porque exige siempre una persona o grupo de personas físicas como responsable de la farmacia.

A estas restricciones hay que sumarle la de vender alimentos, productos de librería y otros rubros junto con los medicamentos, que son una característica principal de Farmacity, por lo que el entonces Ceo de la compañía, Mario Quintana, inició una demanda contra el Estado que obtuvo dos fallos en contra y una resolución por unanimidad de la corte provincial que ratificó la constitucionalidad de la ley vigente.

En ese momento el abogado patrocinante del Grupo Pegasus se reservó el derecho de un recurso de queja ante la Corte Suprema de justicia de la Nación, lo que nadie imaginaba era que el representante legal de la empresa, Carlos Rozenkrantz, sería luego designado miembro del máximo tribunal y si bien ya adelantó que se iba a excusar de opinar sobre el recurso que él mismo reservó, su presencia junto a la de Quintana en el gabinete son claros elementos de presión y lobby empresario.

El caso Remax

Los martilleros de la provincia también fueron de los primeros en advertir sobre los riesgos de violentar la normativa a favor de una empresa privada, sobre todo porque también desde hace años ellos mantienen no solo en la provincia sino a nivel nacional, una disputa con Remax, una empresa de "servicios inmobiliarios" que utiliza un sistema de compra venta de inmuebles que prescinde de la figura del martillero o reduce su participación a la mínima expresión creando la figura de "agente inmobiliario", una entidad no profesional que además carece de reconomiento legal.

Los profesionales remarcan que a actividad del martillero no puede brindarse a través de una franquicia, porque cada matriculado actúa de manera individual y a título personal en su inmobiliaria, por lo que su desaparición, al igual que en el caso de las farmacias y los farmacéuticos, pone en riesgo las garantías para los clientes y en este caso distorsiona el mercado inmobiliario.

También han obtenido varios fallos a favor en la justicia ordinaria provincial, pero ninguno que sirva como jurisprudencia para el resto, por lo que en los últimos dos años ha aumentado el nivel de litigiosidad para impedir el avance de las franquicias inmobiliarias.


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