Reforma política: un proyecto con pros y contras

Al presentar el proyecto de reforma política, el presidente Mauricio Macri expresó que se pretende alcanzar “un sistema electoral más transparente y equitativo”. Según el mandatario, la iniciativa, que se encuentra en el Congreso para que ser tratada por los legisladores, sentará las bases para "simplificar y modernizar" el sistema político argentino.
 Las reglas electorales son mucho más que un modo de traducir votos en cargos públicos. Las elecciones organizan el acceso al poder, viabilizan la representación política y son el acto que funda de legitimidad al proceso democrático. Cada modificación de la legislación electoral tiene impactos profundos en el ejercicio de la ciudadanía y en la competencia política. Por lo tanto, vale la pena revisar en detalle los principales puntos de la iniciativa que presentó el oficialismo, repasando sus pros y sus contras.










Se propone el reemplazo del instrumento de votación: de la boleta partidaria en papel a la boleta electrónica. Mediante este sistema, ya implementado en la provincia de Salta y en la Ciudad de Buenos Aires en 2015, el votante selecciona una opción electoral en la pantalla, que se imprime y se deposita en la urna. El comprobante físico va acompañado de un dispositivo electrónico, por lo cual el recuento de votos se hace tanto de forma manual como por vía digital.




  • Incorpora tecnología con el fin de lograr una mayor equidad, transparencia y agilidad en el proceso de recuento de votos y difusión de los resultados.
  • Termina con el problema del robo de boletas y otras irregularidades electorales.
  • Elimina las dificultades de los partidos para garantizar las funciones del sistema de votación anterior: impresión, distribución y control de boletas en el cuarto oscuro.
  • Cuenta con la agilidad de los mecanismos tecnológicos de votación, pero también con la seguridad del recuento manual.
  • Reduce los costos de la campaña para los partidos.



  • Como el recuento provisorio se hace de manera electrónica, el sistema es vulnerable a ataques y manipulaciones informáticas. Si con la boleta tradicional el fraude debía involucrar múltiples irregularidades en las distintas mesas de votación, con la boleta electrónica es posible alterar los datos de manera centralizada y a través de pocas personas. Esta fragilidad lleva a que tan solo tres países cuenten con el sistema de voto electrónico a nivel nacional: Brasil, Venezuela e India.
  • El hecho de que la votación y el recuento se hagan a través de una máquina restringe la capacidad de la ciudadanía de auditar la totalidad del proceso electoral. La participación democrática encuentra así un requisito inexistente en el sistema anterior: conocer cómo funciona el software de las urnas electrónicas. Los “expertos” ganan lugar ante el ciudadano de a pie.
  • La brecha digital —el acceso desigual al mundo tecnológico— generará complicaciones en el uso de la boleta electrónica, perjudicando a los sectores menos familiarizados con las nuevas tecnologías y a los adultos mayores (menos propensos a interactuar de modo digital).
  • Según cómo se implemente, la boleta electrónica puede generar problemas de gobernabilidad. Mediante la boleta tradicional (cerrada y bloqueada), el efecto arrastre es grande: los votantes suelen optar al mismo partido para las distintas categorías de candidatos. La boleta electrónica, por su parte, puede desincentivar el voto a la lista completa, lo cual provocará una mayor propensión al voto cruzado y, por ende, a la elección de gobiernos sin mayoría en el Congreso.
  • La complejidad que supone la adopción de nuevas tecnologías en el proceso electoral requiere una implementación gradual. Teniendo en cuenta que está prevista la adopción de la boleta electrónica para las elecciones de 2017, no existirían los plazos para su incorporación gradual.
  • Por la misma razón, como el objetivo es implementar la boleta electrónica el año que viene, existen muy pocas empresas capaces de desarrollar el nuevo sistema. Con un mercado con tan pocos jugadores, el Estado queda limitado a un rol de auditor y se ve afectada la transparencia del proceso.





Se busca ordenar la oferta electoral mediante la eliminación de múltiples combinaciones entre agrupaciones de diferente orden. Sin embargo, existe controversia sobre el alcance de este punto, porque las provincias fijan sus propias reglas electorales y por lo tanto, definen el modo de presentar las candidaturas y listas. Como las colectoras están en la intersección entre la legislación nacional y provincial, una norma nacional no podría por sí misma eliminarlas. La misma discusión legal aplica para las candidaturas múltiples (es decir, que una misma persona pueda ser candidata simultáneamente en una categoría de orden nacional y en otra de orden provincial o municipal).

Las listas colectoras permiten que diferentes agrupaciones que presentan sus propios candidatos para una categoría de cargos adhieran a una misma lista de candidatos para otra. Dos casos ilustran este recurso: en las elecciones del 2011, Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) y Daniel Scioli (FpV) compitieron por la gobernación de Buenos Aires, pero ambos fueron en la categoría presidente con la boleta de Cristina Kirchner (FpV). En 2015, Gerardo Morales fue candidato a gobernador por la lista Cambia Jujuy. La particularidad es que su candidatura fue pegada, en la categoría presidente, a las listas de Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (Frente Renovador) y Margarita Stolbizer (GEN).





  • Apunta a mejorar el vínculo entre la gente y los candidatos.
  • Contribuye a quitarle opacidad a la oferta electoral.
  • Ordena y da equidad a las fuerzas que compiten.




Todo indica que el alcance de la ley no eliminaría las listas colectoras ni las candidaturas múltiples, porque las reglas electorales subnacionales son jurisdicción de las provincias. Para que tenga efectos, las provincias deberían adherir a la ley nacional.





Se propone que cada elector seleccione candidatos en una única primaria, es decir, podrá elegir sólo entre diferentes listas dentro de la agrupación en la que decide participar (tal como ocurre en países como Uruguay y Estados Unidos). Se elimina así la posibilidad de elegir candidatos de diferentes frentes según la categoría.



  • Fortalece el vínculo entre partidos políticos y alianzas, y entre partidos políticos y ciudadanos.
  • Ordena las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
  • Aumenta los incentivos para que las primarias sean una instancia de competencia entre candidatos de una misma agrupación y no un anticipo de la general.



Este es uno de los puntos que mayor consenso genera aunque hay quienes sostienen que debilita el espíritu de apertura de las primarias.





La iniciativa oficialista plantea que la fórmula presidencial sea abierta, es decir, que el vencedor de la primaria pueda seleccionar a su acompañante en la boleta, incluyendo al candidato perdedor. 




  • Ofrece un mecanismo de compensación para los perdedores de una interna.
  • Provee una herramienta para alcanzar alianzas estratégicas entre los líderes partidarios.



Se restringen los derechos de la ciudadanía, al quitarle la posibilidad de incidir en la selección del candidato a vicepresidente.







Se promueve un conjunto de modificaciones para el efectivo cumplimiento de la legislación electoral, sobre todo en relación a la sanción de ilícitos:

A. Procedimiento Electoral Sancionador: para la persecución de delitos, faltas y todo ilícito electoral.
B. Cuerpo de auditores contadores: llevarán a cabo el control del financiamiento político, una tarea compleja que requiere de las capacidades y medios adecuados para su efectiva realización.
C. Creación de la figura Fiscal General ante la Cámara Federal Electoral.






  • Jerarquiza el problema de las faltas y los delitos electorales.
  • Otorga nuevos instrumentos al Estado para hacer efectiva las sanciones y penas que corresponden al incumplimiento de la legislación electoral.




  • Es una respuesta limitada al problema de la transparencia del financiamiento electoral.
  • No profundiza el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos.
  •  Si no se cuenta con un cuerpo de auditores a la altura de esta problemática, será difícil garantizar la actividad política sea financiada en forma lícita.






Se dispone la realización de un debate presidencial obligatorio de manera pública para todos los candidatos a presidente en las elecciones generales y en segunda vuelta (de ser necesaria).



  • Promueve el componente deliberativo en el marco de la campaña electoral.
  • Tiene un enfoque equitativo, al permitir que las fuerzas minoritarias participen del debate (algo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o España).
  • Es una práctica crecientemente utilizada a escala global.



  • Las limitaciones del formato televisivo pueden reducir temas complejos a tratamientos livianos.
  • Con solo dos instancias de debate el electorado no alcanza a conocer las diferentes propuestas de los candidatos en las diferentes temáticas.





Pretende desarrollar un mejor procedimiento de traspaso de mando, para lograr una transición ordenada, responsable y transparente de la gestión del gobierno saliente y el nuevo gobierno electo.



Después del desprolijo traspaso de mando entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, se generó la necesidad de limitar el margen de discrecionalidad de los actores políticos, con una regulación legal que favorezca los términos de la transición de gobierno.


No hay argumentos en contra.






Una verdadera reforma de la política no puede dejar de lado la cuestión del financiamiento de las campañas electorales y de la política en general. La creación de nuevas instancias de fiscalización de la ley electoral que propone el gobierno, aunque necesaria, es insuficiente. La relación entre dinero y política es cada vez más compleja y delicada y, sin embargo, sabemos muy poco sobre cómo funciona esta trama. Transparentar los mecanismos de recaudación de los candidatos y los partidos es un requisito ineludible para elevar la calidad de nuestro sistema democrático.

En nuestro país, la legislación sobre financiamiento político prohíbe las donaciones anónimas, la realización de gastos electorales por terceros y el aporte de las empresas para las campañas. Así, en cada elección, los argentinos asistimos a la ficción de que los partidos y los candidatos reciben fondos únicamente del Estado y de pequeños contribuyentes.

Es imperioso avanzar hacia un mayor conocimiento de la identidad de los donantes y una articulación efectiva de los órganos de control. Cualquier reforma será incompleta si no se dispone a quitarle opacidad a la relación entre política y dinero, generando las condiciones para contar con un esquema de financiamiento partidario y electoral más equitativo y transparente.