Trata de personas: esclavitud en el Siglo XXI

La OIT calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, cifra que incluye a las víctimas de trata para explotación sexual y laboral. 1,8 millones son de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la dimensión de este fenómeno en la Argentina?



El 3 de abril de 2002 Marita Verón fue secuestrada en la esquina de su casa en la provincia de Tucumán. Víctima de una red de trata de personas, la desaparición de la joven conmovió al país y permitió visibilizar un delito y una problemática hasta entonces fuera de la agenda y del radar del Estado.

La trata de personas es una violación grave de los Derechos Humanos que “implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona con fines sexuales, trabajo forzoso o alguna otra práctica análoga a la esclavitud”. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, cifra que incluye a las víctimas de trata para explotación sexual  y laboral. 1,8 millones de ese total es explicado por América Latina y el Caribe ¿Cuál es la dimensión de este fenómeno en la Argentina?

La nacionalización del caso de Marita Verón provocó la organización de distintos actores de la sociedad civil y obligó al Estado argentino a dar respuestas ante el problema de la trata. La complejidad del tema no es menor: en muchas ocasiones, las organizaciones delictivas que están detrás de las redes de trata cuentan con la complicidad de autoridades policiales, judiciales y políticas, y tienen vínculos transnacionales. Desentrañar esta trama supone un desafío inmenso.

¿Qué se hizo desde el Estado? En 2007, el decreto presidencial 1.281 creó el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia sus Víctimas, en el ámbito del Ministerio del Interior. Un año después, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.364, a través de la cual convirtió en delito federal la trata de personas. La normativa castiga “la captación, el transporte o traslado, y la acogida o recepción” de personas con fines de explotación, sexual, laboral o para la extracción de órganos. Las penas dispuestas por este delito van de los tres a los diez años. Si las víctimas son menores de 18 años, las condenas pueden ascender a los quince años de prisión.

Algunas estadísticas contribuyen a echar luz sobre el fenómeno de trata de personas en la Argentina. Casi 10 mil víctimas fueron rescatadas desde 2008, el 91% es mayor de edad y más de la mitad son extranjeras.














¿En qué medida se castiga el delito de trata en el ámbito de la justicia argentina? ¿Cómo es la ejecución penal? ¿Cuál es el perfil de los condenados? La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, que tiene por objeto prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en las causas por trata y delitos conexos, ofrece información sistemática al respecto.

Tras superarse las 100 sentencias condenatorias solo por el delito de trata, esta agencia judicial, que depende de la Procuración General de la Nación, publicó un informe con el análisis de dichas sentencias. Tras la sanción de la ley 26.364, hubo un total de 220 personas condenadas en el marco de 106 sentencias por el delito de trata entre 2009 y 2014. Otros 16 casos terminaron en absolución luego de la realización del juicio. Es decir, sobre un total de 122 sentencias existentes en el período indicado, el 87% contempla fallos condenatorios, en tanto que el 13% restante registra sentencias absolutorias.





¿Qué nos dicen estos números respecto del accionar de la justicia argentina? En términos comparativos, la tasa de castigo del tráfico de personas en nuestro país es alta. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) del 2014, un 15% de un total de 128 países relevados no registró ni una sola condena en alguno de los años del período reportado, lo cual da cuenta de un grado de impunidad absoluta. 26% de los países reportaron entre 1 y 10 condenas. Otro 26% alcanzó entre 10 y 50 sentencias condenatorias. En tanto que solo un 16% de las naciones logró condenar a más de 50 personas en al menos un año por este tipo de delito. En este último grupo se encuentra la Argentina.






Sobre este punto limítrofe que conecta a la Argentina con Bolivia transitan cada día de manera irregular unos 900 menores. Cruzar la frontera no es un escollo complejo: a pocos metros del paso internacional hay pasajes fronterizos que evaden el control estatal. Se estima que cada año alrededor de 10 mil niños y niñas entran por este paso a la Argentina. La ONG Esclavitud Cero consigna que hay niñas bolivianas de 12 a 13 años que son ofrecidas para todo servicio en nuestro país, a cambio de 2.500 dólares al año. En un reportaje publicado por el diario El Tribuno, Jorge Oporto Ordóñez, ex Defensor Departamental de Potosí, señaló que “las autoridades suponen que un buen número de los niños, niñas y adolescentes que son vendidos cuando cruzan la frontera están trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras otros han tenido un destino de explotación sexual”.




La trata de personas es la forma en la que la esclavitud se manifiesta en pleno Siglo XXI. Cada año, millones de personas, especialmente niñas y mujeres, ven sustraída su vida, su libertad y sus derechos para realizar trabajos forzados -entre ellos, de explotación sexual- en la clandestinidad absoluta. Es necesario generar más herramientas institucionales que permitan proteger a las víctimas, perseguir y penalizar a los criminales y generar más conciencia sobre la aberración que supone este delito.