Trece sindicalistas procesados por el bloqueo a la planta Orión

Se les atribuye el delito de entorpecimiento de los servicios públicos. Este suceso tuvo lugar en el marco de una protesta de estatales contra las leyes que modificaron el sistema previsional y la obra social.

La titular del Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Sur, María Cristina Barrionuevo, procesó a trece empleados estatales por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, a causa del bloqueo a la Planta Orion - YPF el 11 de abril de 2016. Este suceso tuvo lugar en el marco de una protesta de estatales contra las leyes que modificaron el sistema previsional y la obra social en Tierra del Fuego.

Según la resolución judicial, a los acusados se les atribuye “haber impedido, estorbado o entorpecido el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de provisión de sustancias energéticas (tales como combustibles) de las Instalaciones de YPF de Ushuaia, conocido como “Planta Orión, mediante el corte de dos sectores de la avenida Perito Moreno, uno frente al Muelle del Área Naval Austral y otro frente a la altura del Nº 1032 de dicha arteria, el día 11 de abril de 2016, pasadas las 7 horas”.

Los procesados son el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hipólito Carlos Córdoba; José Darío Gómez, Alberto Alejandro Alfires Gallardo, Lilian Carolina Galli, Laura del Carmen Barría Mansilla, Antonio Faustino Delgado, Marcos Fabián Narvaez, Manuel Sacarias Oyarzo Colipai, Rubén Darío Paredes, Luis Fernando Millanguir, Roberto Carlos Camacho y Raúl Oscar Bombares. Además del delito de entorpecimiento de los servicios públicos, Nadine Belén Calvo fue procesada por los delitos de incendio y daños agravados.

En otro sentido, la jueza Barrionuevo sobreseyó a Mabel Liliana Baiz del delito de entorpecimiento de los servicios públicos, incendio y daños agravados, y a Marcos Fabián Narváez y Antonio Faustino Delgado, de los delitos de incendio y daños agravados. Hipólito Carlos Córdoba quedó sobreseído del delito de intimidación pública, por el cual fue acusado por la fiscalía.


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