Zona de riesgo

Por: Sergio De Piero

El Gobierno de Cambiemos administra el 42% de votos recibidos hace apenas un mes. Lo hace ante situaciones inesperadas. Pero también, llevándolo a una zona que uno creería innecesaria. Empecemos por la primera: el submarino “ARA San Juan” no logra ser ubicado en la inmensidad del Atlántico Sur. Con él, 44 miembros de la fuerza están desaparecidos. El mensaje dado por el Gobierno, por momentos confuso, es que no quedan esperanzas de encontrarlos con vida.

El horizonte para el oficialismo parece despejado de problemas mayores, gracias a su triunfo electoral. Disfruta del 42% obtenido en las elecciones de octubre que le han abierto una importante cantidad de puertas que conducen, una a una, hacia su proyecto general de país que está empezando a dibujar con más precisión. Los peronistas que han colaborado en el Congreso con el oficialismo desde su asunción en 2015 (peronistas cuyo desempeño electoral en octubre tendió a ser más bien pobre) han ratificado su apoyo al Gobierno en leyes como la reforma previsional, las modificaciones en la legislación laboral y tributaria. Para ello, ha sido clave el acuerdo con todos los gobernadores, salvo Alberto Rodríguez Saa, que se negó a firmarlo. Senadores ya ha aprobado en comisión, con una leve modificación, la reforma previsional. El camino de las reformas institucionales se allana. Y de pronto, desaparece el submarino “ARA San Juan”. Inicialmente manejado con distancia y poco tratamiento en los medios televisivos, la preocupación comenzó a crecer, hasta que llegó la comunicación de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Austria, respecto del registro de una explosión (con fecha de comunicación a las autoridades argentinas que aún no conocemos con precisión). A partir de ese momento, todo lo que era incertidumbre fue tragedia. Y ese salto es el que el Gobierno no supo o no se preparó para dar. Avisos informales a los familiares para comunicarles la peor de las noticias, para luego retroceder y pedir que se  deben aguardar comunicaciones oficiales. Familiares furiosos. Mensajes contradictorios. El gobierno de los expertos en comunicación del infalible Durán Barba ingresa en una zona de errores que solo siembra incertidumbre. La probable tragedia del submarino abre, incluso, heridas recientes: una mujer, familiar de uno de los 43 gendarmes muertos en 2015 cuando volcó el micro que los transportaba hacia la provincia de Jujuy, afirma ante medios de comunicación que el Gobierno nunca se vinculó a ellos ni dio respuestas a sus reclamos. Emergen antiguos fantasmas empujados por el accidente actual y un manejo poco político de la información y de la comunicación (quizás para el partido que propuso la “revolución de la alegría”, le sea complejo tratar con estos escenarios). En ese desmanejo, el Gobierno señala a la Armada como responsable de la situación; el silencioso ministro Oscar Aguad inició la apertura de 40 sumarios administrativos, en torno a responsabilidades por la situación del submarino, mientras cuenta con la ventaja no ya de ser interpelado por el Congreso, sino siquiera de dar una conferencia de prensa.  Los costos que debe pagar el Ejecutivo parecen mínimos.

Al finalizar la semana, se conoció el informe de la autopsia de Santiago Maldonado. El Gobierno podía respirar: la pericia no arrojaba evidencias de violencia sobre el cuerpo de Santiago. El clima de la opinión pública en general,  sin dudas con el respaldo electoral del 22 de octubre, parece abrirle al Gobierno una salida que lo exculpa de responsabilidades en la muerte del joven. Sin embargo, como han expresado la familia y organismos de derechos humanos, quedan muchas preguntas por contestar porque, al mismo tiempo, nadie cree que Santiago Maldonado haya muerto porque voluntariamente ingresó al río. Y el problema es que el Gobierno no puede responder ninguna de las preguntas: ¿cómo llegó hasta el río? ¿En qué circunstancias se ahogó? Los gendarmes que lo estaban persiguiendo, ¿por qué dejaron de hacerlo? ¿Por qué tardaron casi 80 días en encontrarlo? ¿Quién activó el celular de Santiago el 2 de agosto? Y siguen las dudas. El cuerpo no registra marcas de violencia. Pero las incertidumbres en torno de su muerte se acumulan de a montones; el Gobierno apuesta al agotamiento de la demanda social, para evitar contestarlas.

Pero nos aguardaba más. El sábado por la tarde se conoció que un agente de la Prefectura, en circunstancia que aún no conocemos, mató al joven Rafael Nahuel, miembro de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, en Río Negro. Varios medios se apresuraron a informar que se trató de un “enfrentamiento”; algunos, incluso, dieron a conocer calibres de armas que se supone poseían los jóvenes, pero que jamás se vieron. Como si la muerte de un muchacho de 22 años a manos del Estado no fuera poca tragedia (o quizás justamente por ello), los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano dieron rienda suelta a la utilización del término “terrorista” para calificar al accionar de grupos de la comunidad Mapuche, bajo el impreciso calificativo de RAM, cuya existencia es, en realidad, un misterio.  La simple razón, nos dice que, luego de lo que vivió la historia argentina ante las acusaciones de “terrorista”, la palabra casi no debería ser utilizada por un funcionario público.  Ante un “terrorista”, el Estado suspende toda garantía y en estos días avala el asesinato de un joven, todo indica, por la espalda. Así, el Gobierno elige ingresar y arrastrarnos a todos, como sociedad, a una zona de riesgo, cuyos contornos hoy se vuelven desconocidos. ¿Dónde se pondrá un límite respecto de lo que el Estado no debe hacer o tolerar en sus propias filas? Si un grupo de personas, cuyas armas son palos y piedras, son señaladas como terroristas, ¿quién quedará potencialmente ajeno a recibir ese calificativo? ¿Seguirá la prensa hegemónica acompañando esta escalada, que no es solo semántica?

Se habla de un gobierno de los CEOs. Empresarios, gerentes y economistas que, fuera de su campo específico de acción, no encuentran palabras para pronunciar, pero que son responsables de distintas áreas del gobierno nacional. La “comunidad de los negocios” parece ser su patria. Lo que suceda extramuros, se torna un mundo cuyas especificidades les parecen ajenas; sea la seguridad de un submarino o el accionar y protesta de un grupo de trabajadores, desocupados o de comunidades indígenas. Quien habite en la comunidad de los negocios tendrá su lugar; fuera, por ahora, solo niebla.   

*Sergio De Piero es editor del sitio http://www.artepolitica.com/ 

Diarios Argentinos móvil