Aborto legal, una deuda que ya no puede esperar

Pasaron mas de dos años desde la noche fría y lluviosa del 8 de agosto de 2018 cuando con 7 votos de diferencia y tres abstenciones el Senado Nacional rechazo el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina


Pasaron mas de dos años desde la noche fría y lluviosa del 8 de agosto de 2018 cuando con 7 votos de diferencia y tres abstenciones el Senado Nacional rechazo el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina. No importaron las demandas del movimiento de mujeres que durante meses llenaron las calles, las plazas, e instalaron discusiones en la mesa del domingo. El debate en la calle estaba ganado, pero al palacio no le importó.

Durante décadas, la historia de lucha por la legalización del aborto tuvo momentos de mayor o menor visibilidad, hasta hace poco, las mujeres sólo lo practicábamos en silencio y soledad. Fue gracias a la pelea conjunta y a la elaboración de las estrategias más disruptivas, que transformamos una decisión individual de resistencia a los mandatos que nos impone el patriarcado, en una lucha que nos constituye como sujetas de derechos que exigen justicia y libertad. Martha I. Rosenberg y Elsa L. Schvartzman, integrantes del Foro por los Derechos Reproductivos y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito afirman “La práctica del aborto es una práctica contrahegemónica, contracultural, a pesar de que las mujeres que se lo practican no siempre tengan conciencia de que están resistiendo y desafiando la identidad maternal prescripta como la identidad esencial del género femenino. Marca el surgimiento de un sujeto político dispuesto a defender esta identidad de mujer que recurre al aborto, como una identidad posible de ser legitimada en el campo de los derechos”.

El derecho al aborto seguro supone el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte sustancial e indivisible de los derechos humanos. Actualmente el acceso al aborto legal y a la atención post aborto depende, en gran parte, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica, es un privilegio de quienes tienen los recursos económicos y simbólicos para obtenerlo en el mercado clandestino, desde la provisión de abortos quirúrgicos que cuestan alrededor de tres salarios mínimos hasta la solidaridad de redes feministas para la práctica del aborto medicamentoso. Otro aspecto en que el Estado delega el cuidado de la salud en el trabajo no remunerado y solidario de las mujeres.

Por esto decimos que la Legalización del Aborto es un acto de Justicia Social y también, una deuda de la Democracia. Es la deuda de un Estado que decidió mirar para otro lado, un Estado hipócrita que en nombre de la vida decide sobre la salud, el deseo y la libertad de las miles que ingresan a hospitales por complicaciones relacionadas con abortos. Solo en el 2016, 39.025 mujeres y niñas recurrieron al sistema público, el 16 % tenían entre 10 y 19 años.

En Argentina son 11 las provincias que adhirieron al protocolo ILE: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. Dentro de las provincias que no cumplen con esta disposición están Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el territorio, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican a las más pobres. A su vez, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha hecho más difícil obtener servicios de salud reproductiva. Muchas personas gestantes se vieron obligadas a permanecer en sus hogares, lo que retrasa la detección de embarazos y la solicitud de interrupciones legales, especialmente para niñas y adolescentes.

¿Por qué si la comunidad médica, la legislación internacional, el movimiento de mujeres argentinas acuerdan en que este es un problema de salud pública, no logran lo mismo los partidos políticos con representación parlamentaria? Por qué si ya sabemos que en los países en donde el aborto es legal, la mortalidad materna asociada al aborto ilegal disminuye considerablemente, la política argentina no logra generar los consensos necesarios para darle prioridad a la salud de las personas gestantes? Sera porque el aborto es una realidad pero también es un negocio? Será porque las tareas de cuidado implican una doble jornada laboral que impide a las mujeres acceder a puestos de poder? Sera porque los mismos legisladores que mandan a abortar a sus mujeres tienen la impunidad para imponer a tantas otras el negocio de la clandestinidad?

El Presidente Alberto Fernández, se pronunció en contra de la penalización del aborto durante la campaña electoral y anuncio que enviara un proyecto de ley al Congreso de la Nación después de concurrir a la presentación del libro “Somos Belén”, de Ana Correa. La firma de Belén fue la primera de la solicitada publicada ayer en donde se insta "al Gobierno y a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas a acordar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera urgente".

La pandemia evidenció la importancia de los estados en la administración de la salud y la protección de la vida en desmedro del mercado, ya no quedan dudas de que cuando existe voluntad política los consensos se construyen. Tenemos el deber de construir una Argentina de la post pandemia mas justa, en donde el Aborto Legal se transforma en una deuda impostergable. Llego la hora de que la política deje de librar el costo de nuestra libertad a la crueldad de la oferta y la demanda, el 2020 puede ser un nuevo comienzo.


Sobre la autora: Lis Díaz, Concejal en Honorable Concejo Deliberante de Tres de febrero

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