¿Alguien vio alguna vez un Derecho Especial de Giro?

OPINIÓN. En su última reunión anual, el Comité del Fondo Monetario Internacional reafirmó su voluntad de asignar a los países miembros un monto equivalente a 650 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro: ¿Cómo debe usarse en la Argentina?

En su última reunión anual, que concluyó el 8 de abril, el Comité del Fondo Monetario Internacional (viene a ser la asamblea de sus miembros) reafirmó su voluntad de asignar a los países miembros un monto equivalente a 650 mil millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que utiliza el FMI). No fijó fecha, pero le solicitó al directorio del FMI que presente una propuesta concreta. No debería tardar.

Será la cuarta vez que el FMI distribuye DEGs; la última fue en 2009, para responder a la crisis financiera internacional que estalló en 2008. Pero en esa ocasión el monto fue muy inferior, apenas la cuarta parte de lo que se piensa distribuir ahora.

El objetivo de esta emisión es reforzar las reservas internacionales de los países y, de esta forma, ayudarlos a recuperarse de la crisis de la pandemia. Cada país miembro recibirá una parte en función de su cuota en el FMI. Esto limita la efectividad de la medida, puesto que la mayor parte de las cuotas (el 57%) está en manos de los países desarrollados, que son los que menos necesitan aumentar sus reservas. Con todo, esta liquidez suplementaria es muy oportuna para la Argentina: al poseer un 0,67% de las cuotas del FMI, el país recibirá el equivalente de 4.350 millones de dólares, lo cual aumentará las reservas brutas en un 10%, y casi duplicará la parte más líquida de las reservas.

Surge entonces la cuestión de cómo utilizar ese financiamiento extra. Al respecto, el senador Oscar Parrilli (con el apoyo de otros senadores del Frente de Todos) ha presentado un proyecto de declaración para que el Senado le solicite al Ministerio de Economía que le dé un destino específico. Pide concretamente que esos fondos financien políticas públicas que apunten a resolver los problemas derivados de la pandemia, en las áreas de salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, y no se utilicen para el pago de las deudas que el país mantiene con el FMI y el Club de París. Concluye el texto: “lo fundamental, en estos momentos, no son tanto los equilibrios fiscales o monetarios sino garantizar el equilibrio social de nuestro pueblo”.

Esta iniciativa levanta varios interrogantes.

El primero tiene que ver con el uso de financiamiento externo para cubrir gastos primarios en pesos. Esto parece ir en contra de la ley 27.612 (Boletín Oficial del 3 de marzo de 2021), que fue promovida por estos mismos senadores, y que en su art. 3 reza: “La emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39 de la ley 24.156 de Administración Financiera.” Puede argüirse que lo ahora propuesto no contradice la letra de la ley, puesto que los gastos vinculados a la pandemia entrarían en las excepciones previstas, pero sí va en contra de su espíritu: el gasto corriente en pesos debería cubrirse con fuentes internas, si las hay disponibles, y no corresponde tomar deuda externa, o reducir activos financieros externos, con tal fin.

Esto nos lleva a un segundo interrogante, que tiene que ver con la forma práctica en la cual una asignación de DEGs puede servir para reforzar el gasto social. Es obvio que el gobierno no podrá distribuirlos entre la población, ya que esa moneda solamente puede circular entre Bancos Centrales y algunas instituciones financieras internacionales (cabe aquí parafrasear a Perón: “¿Acaso alguno de ustedes vio alguna vez un DEG?”). El gobierno argentino debería entonces, primero, canjear los DEGs (en el FMI) contra divisas convertibles, como el dólar o el euro, y luego cambiarlas en el Banco Central. Obtendría así los pesos para gastar dentro del país: al día de hoy, algo más de 400 mil millones de pesos.

Ahora bien, ese dinero entrará a la caja del Tesoro, en donde se confundirá con los pesos provenientes de los ingresos corrientes, algunos previstos por el presupuesto, y otros que se percibirán por encima de lo presupuestado: el producido por el aporte extraordinario sobre la riqueza, las retenciones que superan las previstas debido a la subida de los precios de las exportaciones, o los recursos tributarios derivados de un crecimiento nominal del PIB superior al anticipado en la ley de presupuesto 2021. El gobierno podría cumplir formalmente con el pedido del Senado sin incrementar el gasto social más allá de lo que de todos modos estaba ejecutando, o que tenía previsto. Bastará para ello que utilice para otros fines los recursos provenientes de otras fuentes y que tenía asignados al gasto social. El dinero es fungible.

Otro interrogante se refiere al destino que se dará a los 4.350 millones de dólares que quedarían en el Banco Central. Esos dólares sirven solamente para pagos externos: el BCRA se los puede vender a los importadores, a las empresas extranjeras que quieran girar dividendos, o al propio gobierno para pagar deuda externa. O sea que, si quisiera, el gobierno podría recomprar los dólares que le vendió al BCRA, y pagarles con ellos al FMI o al Club de París. No habría forma de distinguir los dólares provenientes del canje de los DEGs de aquéllos provenientes de, por ejemplo, la cosecha de soja. De nuevo, el dinero es fungible.

Si el objetivo es impulsar un aumento del gasto social, lo más sencillo es hacer esa solicitud, con la subsiguiente enmienda del presupuesto. También los vencimientos de capital de la deuda con el FMI y el Club de París requerirían de una enmienda del presupuesto, ya que no está previsto hacer esos pagos este año.  En efecto, se lee en el presupuesto: “Respecto a los pagos de principal al Fondo Monetario Internacional (USD 3.735 millones) y Club de París (USD 2.100 millones), se asume la postergación de los vencimientos más allá de 2023.”

Como vemos, el gobierno tenía como objetivo explícito postergar el pago de esos vencimientos, mucho antes de la declaración propuesta. De este modo, los DEGs reforzarían las reservas internacionales y ampliarían los márgenes de maniobra en los mercados financieros y de cambios, que para eso sirven las divisas. También es cierto que la asignación de DEGs facilitaría la realización de aquellos pagos si las gestiones para reestructurarlos fracasaran. Pero lo que debe quedar claro es que es posible aprovechar esos DEGs para a la vez aumentar el gasto social y pagarle al FMI o al Club de París.

Tenemos entonces que distinguir entre el uso de los pesos y el uso de los dólares que se obtienen con el financiamiento externo: los pesos (que el Tesoro consigue cambiando los dólares en el Banco Central) sirven para el gasto interno; los dólares (y los DEGs) para los pagos externos. El financiamiento externo tiene ese carácter dual, y no entenderlo puede llevar a debates estériles, como el que existe en torno a para qué sirvió la deuda externa que contrajo el gobierno de Macri. Algunos dicen: para cubrir el déficit fiscal (en pesos); otros dicen: para fugar capitales (en dólares). Y las dos cosas ocurrieron, no son incompatibles.

Así, es posible garantizar un volumen de gasto social si se fuerza el canje de DEGs en dólares, y de estos en pesos, pero eso no impediría utilizar las divisas para realizar pagos externos. Es factible atender ambos frentes. Pero no es necesario usar los DEGs para aumentar el gasto social. En aras de la simplicidad, sería preferible dejar los DEGs en las reservas internacionales, para ser utilizados cuando se los necesite, y financiar el nivel deseado de gasto social con fuentes internas.

En suma, el proyecto de declaración que comentamos tiene una indudable importancia política, pero muy escasa relevancia económica.

Un último punto, a mi entender problemático, que levanta el proyecto de declaración es la contradicción que plantea entre los equilibrios macroeconómicos y los equilibrios sociales. Por cierto, los equilibrios monetarios y fiscales no son un objetivo en sí mismos, a diferencia de los “equilibrios sociales”.  Los primeros son medios, no fines; en cambio, son objetivos centrales de la política económica la reducción de la pobreza y la elevación del nivel de vida de la población, incluyendo la cobertura de sus necesidades de salud y educación. También está claro que es necesario y urgente reforzar decididamente el apoyo público en esta área, la del gasto social, sobre todo si se agrava la pandemia.

Pero no podemos desvincular, y mucho menos contraponer los distintos frentes: si se desmadra la macroeconomía, no hay forma de evitar que se acelere la inflación, se agrave la pobreza y se afecte la educación, la salud y el nivel de vida de la población. Del mismo modo, una mejoría de la situación social es buena para la macroeconomía, porque supone más demanda, más actividad, más inversiones y más ingresos fiscales. No parece correcto, por ende, oponer objetivos económicos y objetivos sociales. Podemos conseguir buenos resultados en todos los ámbitos: el interno y el externo, el económico y el social. Esos frentes están todos indisolublemente atados entre sí, y si descuidamos uno, los afectamos a todos.


Sobre el autor

Alfredo Calcagno es Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París I. Ex funcionario internacional de CEPAL y UNCTAD. Anteriormente trabajó en el Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina y el Centro de Economía Internacional. Actualmente enseña Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes. Entre sus publicaciones recientes figura Manual del Estado (con Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno).

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