Allanamientos por el negociado de los peajes durante el gobierno de Macri

Los ordenó Canicoba Corral en las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y la compañía que le compró acciones al Grupo Macri en 2017. El juez investiga supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó esta mañana allanamientos a las oficinas de Autopistas del Sol (de la que el Grupo Macri poseía acciones hasta 2017) y Acceso Oeste, empresas concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, respectivamente, en el marco de la causa que investiga el negociado de los peajes durante el gobierno anterior.

Los operativos se dieron en simultaneo en la sede administrativa de Autopistas del Sol, ubicada en Panamericana y Thames, en las oficinas de Acceso Oeste, ubicadas en Ituzaingó, como así también en la oficina que ambas compañías tiene en la Ciudad de Buenos Aires. 

Otro de los lugares allanados fue Natal Inversiones, la firma que a mediados de 2017 le compró el 7% de las acciones de Autopistas del Sol a Sideco, una de las sociedades anónimas que integran el grupo de la familia Macri

El magistrado busca recabar información sobre la prórroga del contrato sin licitación que benefició a Ausol y Socma, dueña de parte de las acciones. Canicoba Corral busca determinar si hubo negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

La denuncia fue iniciada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, quienes pidieron investigar los contratos que se firmaron a cambio de que se retiraran las demandas que las compañías habían presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial.

Los exfuncionarios más complicados son el propio Mauricio Macri y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el extitular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; y el exjefe de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La investigación comenzó a mediados del año pasado. El exprocurador, Carlos Balbín, la extitular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli; y el extitular del extinto Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Rafael Gentili, fueron algunos de los que declararon en la causa y complicaron a los exintegrantes del gobierno.

Uno de los puntos a dilucidar es por qué el macrismo decidió postergar la concesión hasta 2030 y reconocerle a Ausol (controlada por la española Abertis) 500 millones de dólares en materia de inversiones no amortizadas, tras la denuncia de la firma ante el Banco Mundial, a pesar de haber sido denunciada por irregularidades y hasta intervenida durante el kirchnerismo.

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