América Latina: Protesta social y Derechos Humanos

En el seminario “Estándares de investigación judicial de graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social en América Latina”, especialistas destacaron que se debe fortalecer el sistema de justicia en la región y cuidar el cumplimiento de los derechos de las personas.

Este jueves se realizó el seminario “Estándares de investigación judicial de graves violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta social en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), entidad perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto a la organización internacional Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 

Los objetivos del seminario fueron divulgar cuáles son los estándares internacionales para la investigación de graves violaciones de derechos humanos en contextos de protesta social; mostrar algunas experiencias de investigación de graves violaciones de derechos humanos en otros países de la región; y analizar los avances y relatos de la investigación y persecución de las violaciones de derechos humanos en la protesta social chilena. El Seminario quedó estructurado en cuatro módulos temáticos, y se transmitió a través del Canal de YouTube CEJA Oficial.


En el marco del seminario el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano expresó que “los sistemas de justicia penal de América Latina deben ser capaces de amparar los derechos de las personas en todo momento. Las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado son inaceptables en un estado democrático de derecho”.

Enfatizó que “es indispensable que los ministerio públicos o fiscalías de la región fortalezcan sus capacidades de investigación y persecución penal de las violaciones de derechos humanos, conforme a los principios y estándares internacionales en la materia”.

En tal sentido, Arellano remarcó que “estos delitos deben ser investigados de modo exhaustivo y perseguidos con todas la herramientas disponibles, para asegurarnos que -especialmente en democracia-, reciban no sólo un reproche moral, sino que sean perseguidas de modo exitoso, a fin de impedir la impunidad y enviar una señal clara del destierro de estas prácticas”.

Por su parte, Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA, explicó que en América Latina “los nuevos sistemas de justicia penal de corte acusatorio todavía presentan importantes dificultades para ejercer la acción penal de manera adecuada en delitos que revisten cierta complejidad como los de criminalidad económica, corrupción o crimen organizado, por poner sólo algunos ejemplos”.

“Estas limitaciones se ven agravadas en los delitos de violaciones de derechos humanos, en donde existen una serie de barreras institucionales que suelen dificultar la investigación penal y que generan un importante riesgo de que este tipo de delitos terminen en impunidad”, dijo.

Mencionó “un ejemplo muy claro de esta situación lo encontramos en Chile, en donde de un universo de 8.581 denuncias de violaciones de derechos humanos a partir del 18 de octubre de 2019, el 46% de las mismas han sido archivadas o la fiscalía decidió no perseverar en la investigación. Hasta el momento, la fiscalía chilena sólo ha logrado alcanzar una condena y está además responde a un procedimiento abreviado”

Fandiño concluyó sus declaraciones en el marco del seminario remarcando que “no se puede normalizar la impunidad en delitos de tanta gravedad y conmoción social como las violaciones de derechos humanos”.

En el evento también participaron Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF; Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Oscar Parra, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia; Claudia Martin, Co-directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University; y Salvador Millaleoacadémico Universidad de Chile.

 Igualmente, Juan Pablo Hinestrosa Vélez, profesor de las Universidades Carlos III y Externado (Colombia); Antonio Maldonado, abogado y ex-procurador ad hoc para los casos Fujimori-Montesinos; Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ, (México); Leonor Arteaga, directora del Programa Impunidad y Graves Violaciones de Derechos Humanos en DPLF; Beatriz Contreras, jefa Sede Regional Metropolitana Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile; Karinna Fernández, abogada de Londres 38 y especialista en derechos humanos; Francisco Bustos, académico de la Universidad de Chile y abogado especialista en derechos humanos; y los investigadores del CEJA, Alejandra Bocardo y Gonzalo Fibla.

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