Audiencia Pública para analizar descongelamiento de tarifas

Enargas convocó oficialmente hoy a una audiencia pública para iniciar el descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos de transporte y distribución por redes.

Imagen de Steve Buissinne


El próximo 16 de marzo, a partir de las 9:00, se llevará a cabo una audiencia pública de manera virtual, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para analizar las tarifas sobre transportistas y distribuidoras en el precio del Gas. 

La Resolución47/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial convoca a los a los usuarios, empresas, expertos y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores, entre otros.

Esta normativa determina que "las Licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural deberán presentar ante esta Autoridad Regulatoria y hasta el 26 de febrero de 2021 los cuadros tarifarios de transición por ellas propuestos, así como la información de sustento de estos que permita poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y usuarias, el contenido propuesto para el Régimen Transitorio".

El registro de "participantes y oradores" se abrirá el 01 de marzo de 2021, a través de la web del organismo.

La tarifa del gas, al igual que la de otros servicios públicos, está congelada desde el segundo trimestre de 2019. Ello genera un aumento en el gasto del Estado nacional en concepto de subsidios a las compañías operadoras y es una de las principales causas del déficit fiscal que el gobierno busca reducir.

Federico Bernal, interventor de Enargas, designó a Caren Kalafatich, Andrea Elena Manzi y Francisco Verbic (todos funcionarios del ente) como "Defensores Oficiales de los Usuarios y Usuarias de Gas", agentes "ad hoc" de la Audiencia Pública N°101. 

Bernal indicó que la convocatoria es el primer paso del proceso de renegociación, y que las tarifas deben ser justas, razonables y que se puedan pagar, como pidió el presidente Alberto Fernández".

Y completó: "El servicio público de gas por redes es un servicio público esencial y un derecho social, protector y promotor de derechos humanos. Implica la participación real y directa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicos, con los alcances establecidos por la reglamentación".

El funcionario solicitó la participación de los usuarios porque es esta "una genuina oportunidad de participación ciudadana para proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y las usuarias".

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