Canelo: "Los consensos sobre Derechos Humanos están en peligro"

En el 45 aniversario del último golpe de Estado argentino, EPD dialogó con la socióloga Paula Canelo, autora, entre otros, de La política secreta de la última Dictadura Argentina (1976-1983) y El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla y Bignone.

En el 45 aniversario del último golpe de Estado argentino, EPD dialogó con la socióloga Paula Canelo, investigadora del CONICET y autora, entre otros, de La política secreta de la última Dictadura Argentina (1976-1983) y El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla y Bignone, con el objetivo de conocer más acerca de su investigación y de lo que ella aporta para dilucidar lo acontecido en los años de Dictadura y lo que significaron para leer el momento actual, en el que pareciera necesario recuperar ciertos consensos que se creían para siempre.



EPD: Proponés una relectura a partir de los objetivos políticos-represivos frente al mainstream que pondera los objetivos económicos. ¿Cómo sería ese mainstream?

PC: Yo no vengo a plantear un mainstream que reemplace al anterior sino a proponer que el existente es insuficiente para entender qué pasó en nuestro pasado reciente. Hubo durante las últimas décadas, tanto en el plano político como en el cultural e intelectual, un consenso muy fuerte sobre la forma de entender a la Dictadura, como la mera realización del proyecto económico de la clase dominante argentina.

Esa interpretación plantea que los objetivos políticos y represivos que fueron puestos en marcha fueron solamente instrumentos accesorios de los objetivos económicos. La economía es el centro de esta clave interpretativa para entender a la Dictadura. Cuando uno escucha que “30 mil desaparecidos fueron necesarios para aplicar un plan económico que transformara a la Argentina de una vez y para siempre”, está escuchando este tipo de interpretación, donde la represión o la política son meramente un instrumento de los intereses económicos de la clase dominante. Considero que esta es la interpretación que se ha hecho, que se viene haciendo y que hoy está muy instalada acerca de la última Dictadura.

A esta interpretación mainstream se agrega otra, que sostiene que para entender a la Dictadura militar hay que entender a los civiles que participaron más que a los militares. Por ejemplo, sería más importante entender los objetivos, los planes, las medidas y/o los rasgos de personalidad de Martínez de Hoz que, por ejemplo, qué concepción sobre la “lucha antisubversiva” tenía Ramón Camps y sus consecuencias sobre nuestra sociedad.

Hoy, entonces, predomina un mainstream de sentidos que tiene estas dos patas: la interpretación centrada en lo económico y la interpretación centrada en los civiles más que en los militares.

Me parece, y esto surge de las fuentes que analizo en mis trabajos, que para entender la experiencia dictatorial hay que reivindicar o restituirle autonomía a la cuestión política.

¿Por qué se instala con tanta fuerza esta interpretación de tipo economicista? Esta es una narrativa que nació durante los años ochenta, pero que tuvo mucha fuerza a partir de los años 2000, y eso tiene que ver con la forma en la que los gobiernos kirchneristas interpretaron el pasado reciente. Ellos le dieron una fuerza incluso más acentuada que la que había tenido durante los años 80 e incorporaron a estas interpretaciones incluso al discurso gubernamental. En los años 80, la cuestión económica también había sido el centro porque en esos momentos los intelectuales, la academia y la agenda política del gobierno de Raúl Alfonsín compartían, en cierta forma, los mismos problemas. Y uno de ellos, probablemente el más importante, era la cuestión de la economía, la transformación de los agentes económicos, la deuda externa adquirida por la dictadura que le ponía limites muy estrechos al gobierno democrático.

 

EPD: ¿Qué aportes dieron las Actas secretas de la Dictadura?

PC: Durante las presidencias kirchneristas empieza a haber una política más decidida de apertura y desclasificación de archivos y los investigadores y estudiosos del pasado reciente tuvimos acceso a nuevas fuentes, de las que incluso se desconocía su existencia.

Uno de los corpus más importantes sobre la dictadura se encontró en el 2013 en el edificio Cóndor, fue llamado Actas de la Dictadura, y se trata de las actas de las reuniones que llevaba adelante la Junta Militar. Es un registro que está disponible públicamente, y es por el momento el más completo y más importante que se ha encontrado sobre la última Dictadura.

Cuando aparecen nuevas fuentes, es deseable y esperable que las interpretaciones sobre el pasado reciente empiecen a modificarse progresivamente, porque eso muestra que se avanza en el conocimiento.

Lo que estas actas muestran es que la Dictadura tuvo un conjunto de objetivos políticos muy ambiciosos, mucho más que la reforma económica, que no fueron cumplidos, y que son el gran fracaso de la Dictadura.


EPD: ¿Cuáles eran los objetivos políticos?

PC: Tenían mucho que ver con los propósitos que perseguían otras dictaduras contemporáneas a la argentina de 1976, como la chilena, la uruguaya; e incluso la brasileña, que había tenido lugar varios años antes. Todas eran dictaduras de referencia para el Proceso.

Uno de los objetivos más importantes en este sentido fue el de reforma de la Constitución Nacional, que fue llevado adelante exitosamente por Pinochet. La Dictadura argentina manejó distintas propuestas de reforma de la Constitución Nacional, con una intención muy sorprendente: quería institucionalizar nada menos que el Poder Militar en forma de un nuevo órgano constitucional.

Los militares y civiles que pensaban la política durante la Dictadura argentina querían institucionalizar, consolidar en un órgano constitucional, ese rol que habían creído cumplir las Fuerzas Armadas Argentinas sobre el sistema político desde los años 30. Esto que ellos entendían como rol de tutela, de control de los “desbordes demagógicos”, de las voluntades populares de la democracia de masas, con un sentido antipopulista muy profundo.

Querían crear lo que ellos entendían como un “Poder Corregidor”. Es muy llamativo cómo aparece en los documentos secretos esta idea, que iba a ser como una especie de suprapoder, que iba a controlar a los otros tres poderes constitucionales, y que iba a estar integrado por notables, por miembros ilustres de las Fuerzas Armadas y por algunos civiles que ellos iban a designar.

Este es un objetivo que la Dictadura no logró cumplir, porque quedó prácticamente fuera de la agenda a partir del año 1979, año en que la agenda de la Dictadura se va a transformar muy profundamente, sobre todo por el aumento de la peligrosidad del frente de los derechos humanos a partir de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Otro objetivo que me parece interesante mencionar por lo novedoso, que también había sido puesto en práctica por la Dictadura chilena, era la “municipalización de la política”: la creación de nuevas fuerzas y figuras políticas a partir de las intendencias de todo el país. El interés en los municipios responde a que este nivel de gobierno permitía no solo mantener un control territorial capilar, tal y como lo deseaba la Dictadura argentina, sino que es un espacio político controlado donde el intendente se construye como un dirigente natural, que está consustanciado con los problemas de la gente y con la política local; un nivel de la política que resulta “inofensiva” en términos de politización, ya que queda restringida a la resolución de los problemas cotidianos.

Si bien hay algunos intendentes que luego logran proyectarse a la política democrática, este también es un objetivo político trunco de la dictadura que tiene, en las fuentes, una importancia muy superior a la del plan económico.


EPD: ¿Cómo se seleccionaban estos intendentes?

PC: Hay un trabajo muy reciente que aún no se ha publicado, que escribimos junto a Juan Pablo Kryskowski, investigador del INAP, sobre la municipalización de la política en la provincia de Buenos Aires, que también requirió de un trabajo de fuentes muy importante. Lo que encontramos es que la Dictadura tuvo una estrategia muy refinada de selección de dirigentes locales, donde se observa una especie de reparto del trabajo político.

Por un lado, en lo que podríamos entender como municipios rurales, hay una fuerte presencia de intendentes civiles, que en general son notables del pueblo (comerciantes, agropecuarios, pequeños empresarios, muchos de la UCR). Mientras que en las zonas más densamente pobladas, con mayor peso de establecimientos industriales, etc., hay una presencia decisiva de intendentes militares. La municipalización no es casual, sino que está digitada de acuerdo con los objetivos políticos de la Dictadura de crear esta nueva clase dirigente, y de lograr el control territorial y político de las zonas que tenían mayor peligrosidad en términos de la lucha contra la subversión, que a nivel nacional fueron, entre otras, Tucumán, Mendoza, Rosario, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata, CABA, Córdoba. La presencia de tantos civiles locales dirigiendo municipios y siendo apoyados por la Dictadura, es muy interesante porque apoya la idea, que ya había sido señalada por otros investigadores, de que la Dictadura tuvo un plan consistente de legitimación y consenso, además de la represión.

 

EPD: ¿Cuál es el rol del endeudamiento en los objetivos económicos de la Dictadura?

PC: El plan económico de Martínez de Hoz tiene distintas etapas. La primera, basada en la modificación de los precios relativos vía una devaluación brutal; una segunda, cuando se produce la reforma financiera, que es cuando comienza el endeudamiento severo, que luego va a ser uno de los principales problemas que va a heredar el gobierno de Alfonsín. El tercero es en el año 78, cuando se combinó lo que se conoció como la tablita cambiaria, que fue acompañada por una apertura comercial, que buscó el disciplinamiento del sector industrial y su sometimiento a la competencia en el mercado internacional.

Más allá de la complejidad que tiene el plan económico de Martínez de Hoz, el objetivo general de su política económica fue quebrar esa suerte de asociación, ese triángulo que se había construido durante la posguerra entre la industria de capital nacional, el sector asalariado industrial y el Estado interventor, que tenía como una de sus principales funciones la de sostener y proteger al sector industrial. De acuerdo con el diagnóstico realizado por los militares y civiles que toman el poder en el 76, ese triángulo era el responsable de la crisis argentina y, sobre todo, de la alta conflictividad social que se venía protagonizando en el país por lo menos desde mediados de los años 60.

El resultado de la política económica es una desindustrialización asimétrica, donde sólo sobreviven los sectores que pueden adaptarse, los más concentrados, pero lo más importante es que se quiebra ese triángulo pequeña industria-asalariados-Estado. Además, en la configuración socioeconómica post 1983 van a aparecer con mucha fuerza fenómenos que empiezan a asemejar a la Argentina con otros países latinoamericanos, como el cuentapropismo, el crecimiento del sector servicios, la fragmentación laboral, el individualismo. Todo esto, que se vuelve a ver con mucha fuerza durante los años 90 de mano del menemismo, son procesos en los que la Dictadura da los primeros pasos.

 

EPD: Decís que el mainstream supone una lectura anclada en los civiles, pero ¿no creés que se demoró mucho en pensar a la dictadura como cívico-militar? En los inicios se habló solo de dictadura militar.

PC: La denominación “cívico-militar” aparece tardíamente en la escena pública, y busca señalar y destacar la complicidad de los civiles, precisamente para facilitar una de las deudas que aún hoy los gobiernos democráticos tienen, que es el juzgamiento de la pata civil de la Dictadura. Pero si uno estudia la producción bibliográfica de los 80 en adelante, claramente la atención de los analistas está puesta más en los civiles que en los militares.

Los militares aparecen como instrumento o como brazo armado de los intereses todopoderosos de los civiles. Y esto resulta realmente curioso tratándose de la dictadura argentina más militarizada de la historia, y una de las dictaduras más militarizadas de la región. Comparada con las dictaduras anteriores, hay muchos más militares ocupando cargos de gobierno y ocupando, además, los cargos más importantes de toda la estructura.


EPD: ¿Cómo ves el escenario actual, en el 45 aniversario?

PC: Hubo en los últimos años un intento político y cultural bastante consistente de transformar los consensos post 83, esos consensos que eran los pilares de las memorias sociales de los argentinos y argentinas: la legitimidad de los organismos y sus demandas de justicia, las significaciones del terror de Estado, el número de desaparecidos, etc. El gobierno de Cambiemos, puntualmente, que muestra el ascenso de la derecha argentina a la arena democrática, pone en cuestión varios de los acuerdos sociales básicos que se había ido construyendo y consolidando como una memoria social predominante sobre la historia reciente, que no habían sido cuestionados ni siquiera durante el menemismo.

Hoy, por ejemplo, uno de los éxitos culturales más importantes de las derechas es la posibilidad de discutir y poner en cuestión el número de desaparecidos y la naturaleza del terror de Estado, entre otras cuestiones. Y me parece que no son fenómenos que tengamos que subestimar ni menospreciar, porque uno de los efectos que tiene la llegada de las derechas o las centroderechas al centro del escenario político es abrirle la puerta a valores, demandas e intereses que estaban presentes en la Argentina en distintos sectores, pero que se habían mantenido marginales, o que creíamos minoritarios. Una vez que estas puertas se abren y surge la posibilidad para algunos sectores de poner a toda la sociedad a discutir si fueron 30 mil u 8 mil o el número que sea (siendo que en el fondo lo que hay que recordar es que se trató de una forma posible de articular un reclamo legítimo de justicia al Estado), hay que prestar mucha atención.

Creo que hoy, más que nunca, debemos recordar que no hay consensos sobre los Derechos Humanos en la historia reciente que no sean el resultado de luchas políticas, que son consensos que hay que construir y disputar. Creímos que de alguna forma esos consensos eran naturales, incuestionables y que iban a permanecer para siempre.

En los últimos años, incluso hoy, es evidente que esos consensos están en peligro y hay que pensar de qué forma se comienza a dar una batalla como la que dieron los organismos en el pasado, de lucha por la construcción o por la recuperación de memorias sociales compartidas, a partir de la argumentación, del compromiso, de la lucha política, intelectual y cultural, y no del abroquelamiento.

Hay que volver a poner las raíces y hay que volver a trabajar para fortalecer los pilares de estas memorias compartidas, para lograr desarmar este intento de vulnerarlas o de instalar nuevos sentidos, muchos de ellos opuestos, y en muchos casos hasta de reivindicación del terrorismo de Estado.

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