Como cada junio: derechos e identidad LGBTIQ+ en América Latina

Como cada junio, el mundo se tiñe de arcoíris y expresa su ORGULLO conmemorando las luchas de la comunidad LGBTIQ+ y celebrando los derechos conseguidos. ¿Qué nos enseña América Latina?


Junio nos enseña acerca de la historia, el respeto, la diversidad y la construcción en conjunto. Junio se vuelve emotivo cada año al recordar a quienes nos precedieron y lucharon por los derechos conseguidos. Junio nos invita a cuestionar nuestra realidad, impugnar el statu quo y dar respuesta a las necesidades de los miembros de la comunidad LGBTIQ+. En este marco, América Latina se posiciona como pionera en materia de derechos aun cuando persisten cuestiones pendientes que deben ser atendidas.



Para comenzar, el mito fundacional del movimiento LGBT se construyó tras los disturbios en el pub Stonewall Inn el 28 de junio de 1969 (Estados Unidos), cuando un grupo de gays, lesbianas, transexuales, drag queens y otras personas se resistieron frente a la violenta redada policial en dicho bar neoyorquino e iniciaron una ola de protestas que duraron varios días. Tras ello, comenzó a conmemorarse el día del orgullo alrededor del mundo.

No obstante, hacia 1967 Argentina ya se encontraba en el camino hacia la visibilización de la población y las problemáticas LGBT con la creación de la organización “Nuestra Historia”, primer grupo de orientación homosexual en América Latina, que daría paso a la fundación del Frente de Liberación Homosexual (FLH) en 1971.

Mientras que en la Argentina la dictadura entraba en su fase más represiva y apuntaba a las personas homosexuales, en otros países de la región como Brasil, México y Colombia aparecían las primeras organizaciones representativas de las feministas, gays, lesbianas y otros colectivos marginados. Las discusiones en el seno de estos espacios giraban entorno a sus vivencias y represiones, a su status como grupo autónoma y al significado de “ser homosexual”, sin llegar a un consenso al respecto.

A partir de la década de los ochenta, el movimiento resurge con fuerza frente a la aparición del VIH/SIDA que tomó gran cantidad de vidas y se convirtió en la principal lucha de la comunidad. Como nunca antes, el colectivo era polemizado y adquiría atención pública, tanto a favor como en contra. Asimismo, la presencia en los medios comenzó a crecer –generalmente de la mano de la burla, la ridiculización y la crítica -, junto con la discriminación y la violencia por parte de la sociedad.

Los ‘90 se caracterizaron por la pluralidad y diversidad, por lo que surgieron nuevas organizaciones en toda Latinoamérica, adquiriendo mayor relevancia las designaciones de “lesbianas” y “gays” en vez de “homosexuales” (luego incluyendo a transexuales, transgéneros, bisexuales, intersexuales, etc.). Si bien esta expansión del colectivo dio más visibilidad a sus miembros y problemáticas, también aumentó la fragmentación dentro la comunidad, creando tantos subgrupos, subculturas, estilos de vida y cosmovisiones de cómo ser y sentir, como de personas dentro del acrónimo LGBTI.

Con este camino recorrido, América Latina ingresa al siglo XXI con otros aires, permitiendo la promulgación de normativas específicas para la protección y promoción de la ciudadanía de las personas LGBTIQ+.

Repitiendo su rol de pionero, Argentina establece el primer derecho a nivel nacional relacionado a la comunidad LGBTIQ+ en 2002: el derecho a la adopción. Tras ello, Uruguay reconoce la libertad de expresión de las personas del colectivo (2004). Y de este modo, América Latina comienza un “efecto dominó” en la expansión de los derechos en la región.

Así, los países latinoamericanos lograron la promulgación de distintas normativas, a nivel nacional o federal, como son: el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad autopercibida, la rectificación de la documentación acorde con la propia identidad, la adopción, la reproducción asistida, derechos a pensiones y herencia, derecho al trabajo digno y a la no discriminación en el mismo, derecho al voto para personas trans, derecho a la libertad de expresión, entre otros.  

De este modo, el continente americano se posicionó a la vanguardia respecto a la legislación LGBTIQ+ si lo comparamos con otras regiones del planeta. No obstante, el avance de los derechos para gays, lesbianas, trans e intersexuales se ha dado de manera desigual –respecto a su cantidad e intensidad- a lo largo de América Latina. De hecho, los más de 60 derechos conseguidos en las últimas dos décadas se concentran en tan sólo 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay), mientras que en el resto no se encuentran regímenes específicos para la protección y promoción de la diversidad sexual e identitaria.

Debe aclararse que la homosexualidad continúa siendo penalizada en 9 países latinoamericanos, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Jamaica sólo para relaciones entre hombres, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia sólo para relaciones entre hombres, Guyana y Venezuela en el sector militar. No obstante, a diferencia de otros continentes, en esos países no hay pena de muerte y las penas de prisión –exclusivamente relacionadas a la orientación sexual- no son aplicadas, en coincidencia con las normativas internacionales.

En este sentido, es posible encontrar tres instrumentos internacionales que amparan específicamente a la comunidad LGBT. En primer lugar, los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2006) que estipulan los estándares internacionales vinculantes para la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, a la vez que orienta las formas de aplicar la legislación internacional de DDHH a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género a nivel nacional.

En segundo lugar, la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013) es el primer instrumento jurídico a nivel regional y el único a nivel global que incluye a las personas LGBT como sujetos de protección. Dicho acuerdo reconoce que los estados miembros de la OEA tienen la obligación de adoptar políticas nacionales y regionales sin distinción alguna por motivos de sexo, edad, orientación sexual, identidad y expresión de género; sumado al llamado por la erradicación total e incondicional de todas las formas de discriminación.

Por último, resulta importante destacar la Opinión Consultiva N° 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) para el colectivo trans, puesto que éste instrumento determina el derecho de cada persona a definir su identidad de género de manera autónoma, así como el derecho a que la información personal que aparezca en sus registros y documentos de identificación correspondan con su identidad de género autopercibida -sin requerir de intervenciones quirúrgicas u hormonales, ni modificaciones corporales de ningún tipo-, siendo estos derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos (1978).

De esta manera, el umbral de los derechos para las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias y queers ha avanzado a nivel nacional, regional e internacional. No obstante, las leyes no logran proteger de manera efectiva a la población LGBTIQ+ en América Latina.

En consecuencia, la región experimenta una gran brecha entre la teoría y la práctica, es decir, entre los derechos conseguidos y el ejercicio de los mismos. En efecto, la homofobia cultural parece dar respaldo a políticas no explícitas pero cómplices de la represión a lo diferente.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la comunidad LGBTIQ+ fue de las más golpeadas, demostrando que la homofobia y transfobia son tan letales como el virus. En el último año y medio crecieron las denuncias respecto de las dificultades que tienen las personas del colectivo para acceder a la salud, sumado a que gran cantidad de ellas trabajan en el sector informal y no poseen cobertura médica. En este sentido, la Comisión Interamericana de DDHH hizo un llamado a los estados miembros para que garanticen los derechos de igualdad y no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en relación a las medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria.

Esta situación nos interpela acerca de las oportunidades y los desafíos que aún enfrenta el colectivo LGBTIQ+. Por ello, como en el pasado, la comunidad debe redefinirse entorno a las múltiples formas de “ser” y “sentir”, admitiendo la existencia de numerosas demandas insatisfechas, de una pluralidad formas de luchar y del reconocimiento de que la lucha no termina si no es así para todxs.

Como cada junio, recordamos que la orientación sexual, la expresión de género y la identidad son un asunto político. Como cada junio, observamos la transformación de los derechos LGBTIQ+ en América Latina y el mundo como un ejemplos de que los movimientos sociales que nos precedieron pudieron (y pueden) triunfar sobre la cultura machista y homofóbica. Finalmente, como cada junio, hacemos un llamado para lograr una mayor aceptación en la sociedad de las diversas especificidades de la disidencia sexual con el fin de lograr su reconocimiento, respeto e igualdad.





Sobre el Autor

Axel Schwindt es estudiante avanzado de la Lic. en Relaciones Internacionales. Joven Investigador en el Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario (GEIRSA) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

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