El conflicto en Etiopía se recrudece mientras que se enfrían las respuestas de la comunidad internacional

OPINION. El avance de las fuerzas rebeldes obliga al gobierno a tomar medidas que amenazan a la frágil estabilidad de la región. ¿Con qué herramientas cuenta la comunidad internacional para evitar más derramamiento de sangre?


La guerra civil en contexto


No es posible hablar del actual conflicto bélico sin hacer mención de los hechos que lo precedieron y el contexto en el cual se inserta Etiopía en el plano geopolítico africano. Vale la pena mencionar que, para una mayor exactitud en la reconstrucción histórica (muchas veces ofuscada por parcialismos), consideraremos como base los hechos establecidos por el informe elaborado por la Investigación Conjunta del Comité de Derechos Humanos de Etiopía y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, “el comité conjunto”) sobre presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados por todas las partes en el conflicto armado de Etiopía (2021).


Etiopía estuvo durante 1998 y hasta el año 2000 sumido en una guerra con Eritrea que costó la vida de cerca 70.000 personas, pero no fue sino hasta el 9 de julio de 2018 que formalmente ambos Estados llegarían a un acuerdo de paz, luego de que una Comisión Conjunta Eritrea-Etiopía establecida en el año 2000 determinara que Eritrea había violado el derecho internacional al haber invadido Etiopía dando inicio así al conflicto bélico, lo cual más que aliviar las relaciones, se vieron tensionadas a niveles extremos produciendo estos 18 años de negociaciones entre las partes.


Una de las regiones claves en el marco del conflicto es la región del Tigray ubicada al norte del Estado y que históricamente ha contado con la presencia en el plano político del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (en adelante, “TPFL” por sus siglas en inglés) el cual será relevante como se verá a continuación.


Este grupo político en el año 2019 declinó la oferta de unirse al nuevo partido que se estaba formando detrás de Abiy Ahmed como Primer Ministro, lo cual debilitó las relaciones entre éste y el gobierno naciente. Ya entrando en el año 2020, en la región del Tigray se celebraron elecciones locales, pese a la negativa del gobierno central de realizarlas por la propagación de la pandemia de COVID-19. El resultado de estas elecciones fue una victoria contundente del TPFL, mientras que el gobierno federal declaró la elección nula y desconoció los resultados.
Aunada a la tensión creciente entre el gobierno del TPFL y la administración federal, ambos comenzaron a movilizar sus fuerzas lo cual devino que el 3 de noviembre de 2020 fuerzas del Tigray y milicias atacaran las bases de la Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (en adelante, “ENDF” por sus siglas en inglés) dando inicio a la guerra civil que actualmente amenaza a la estabilidad del país africano y de la región.


Respuestas de la comunidad internacional


Desde el inicio del conflicto se han denunciado por parte de Organizaciones No Gubernamentales y Misiones de las Naciones Unidas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (en adelante, “DIH) y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el territorio del Tigray, especialmente en lo relativo al acceso a los bienes y servicios esenciales para los civiles que se encuentran en la región y el respeto de las normas relativas a la conducción de las hostilidades por parte de los combatientes. Así, Naciones Unidas (2021) ha advertido que “la principal causa de la inseguridad alimentaria aguda en Tigray es el conflicto, ya que ha provocado un desplazamiento masivo de población, una pérdida de empleo y una destrucción generalizada de los medios de vida, así como de infraestructura crítica”.  


Sumada a la grave crisis desatada en Tigray, denuncias por parte del TPLF de que miembros de las fuerzas armadas de Eritrea estaba tomando parte en el conflicto serían luego confirmadas por el mismo Ahmed quien a fines del 2020 admitió que las fuerzas armadas de Eritrea ayudaron a las retiradas del ENDF cuando inició el conflicto bélico, sin embargo, el nivel de involucramiento de las fuerzas eritreas directamente en las hostilidades no es del todo claro. Sin embargo, pese a las denuncias del TPLF, el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres recibió garantías por Ahmed de que no había tropas eritreas en el Tigray tomando parte activa en las hostilidades, afirmación que ha sido también fuertemente secundada por el gobierno de Isaias Afwerki quien gobierna Eritrea desde 1993.


Sin perjuicio de las contundentes negativas de ambos jefes de Estado, siguen existiendo denuncias de involucramiento de Eritrea dentro del conflicto etíope, motivo por el cual el Departamento de Estado de los Estados Unidos haría un llamamiento a su inmediato retiro del territorio etíope (Bloomberg. 11 de diciembre de 2020).


Al margen de la posición tangencial de los Estados Unidos en el conflicto, las respuestas de la comunidad internacional, sobre todo en el marco del sistema de Naciones Unidas no han sido contundentes y continúan demostrando la realidad de las relaciones internacionales contemporáneas en donde el Consejo de Seguridad de la organización se encuentra paralizado.


Prueba de ello es que la situación de Etiopía aún no haya merecido un tratamiento particularizado en la agenda del Consejo más allá de notas de prensa haciendo llamados al cese de la hostilidades o reuniones a puerta cerrada con el embajador etíope ante N.U. El involucramiento en el conflicto a favor del presidente Ahmed por parte de Rusia y China podrían explicar esta paralización; durante el mes de octubre del corriente año se frustraría una reunión en el seno de ese organismo para debatir sobre el acceso de ayuda humanitaria en la región.
Así mismo, al cumplirse un año del inicio de las hostilidades se ha introducido un nuevo actor dentro del conflicto, pues el gobierno de Abiy Ahmed habría adquirido drones turcos TB2 en el marco de una acuerdo de cooperación militar firmado entre ambos Jefes de Estado en el mes de agosto del corriente año, sumándose a la cada vez más amplia lista de Estados que han adquirido o mostrado interés en adquirir este armamento y que amenaza con deshumanizar aún más el conflicto.


Sin embargo, estas adquisiciones pueden llegar muy tarde, pues el TPLF ha logrado durante los últimos días victorias fundamentales contra las ENDF y ya han declarado que su próximo objetivo será Adís Adeba la capital etíope, por lo cual la preocupación por una posible caída del gobierno y la consecuente desestabilización del Estado es cada vez mayor en la comunidad internacional.
La seguridad de la región se encuentra en riesgo.


El recrudecimiento del conflicto y la posible toma de la capital por parte de las fuerzas del TPLF no solo ha generado preocupación a nivel internacional (Estados Unidos ha instado a sus nacionales que abandonen el país africano), sino que también sirvió de alerta a nivel interno, pues el 4 de noviembre del corriente el presidente Ahmed declaró el estado de emergencia lo cual elevó las alarmas de Naciones Unidas. Así Antonio Guterres se mostró extremadamente preocupado y alertó que “la estabilidad de Etiopía y de toda la región está en juego”.
Es importante recordar cuál es el rol de Etiopía en el marco de las relaciones regionales africanas, pues representa el segundo país más poblado de África, constituye el epicentro actual de las relaciones africanas interestatales al punto de servir como sede de la Unión Africana en Addis Abeba y un factor de estabilización en el Cuerno de África, hasta el punto de que dispone más de 6.000 efectivos de las fuerzas de seguridad desplegados en zonas de conflicto como fuerzas de paz de Naciones Unidas, en su mayoría dentro del continente africano (Molfino. 2021)


El rol de Etiopía es clave para el mantenimiento de la estabilidad regional y por ello un desarrollo prolongado del conflicto podría tener consecuencias devastadoras para una región de por sí frágil.


En el marco de seguridad regional, se debe recordar que en el año 2003 entró en vigor el protocolo por el cual se creó el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana cuyo fin es asegurar por un lado la paz y la seguridad como condiciones para un desarrollo sostenible; por otro, el respeto de determinados principios relativos a la democracia como condiciones para la paz. Dicho organismo (que emula en su conformación a su símil en el sistema de Naciones Unidas) tiene según el artículo 11 la facultad de tomar las “acciones que juzgue apropiadas para apoyar los esfuerzos del Consejo de Paz y Seguridad y los del Presidente de la Comisión con vistas a la prevención de conflictos”. Sin embargo, las acciones que ha tomado este organismo en el marco del conflicto han sido insuficientes.


Por lo pronto, en el sistema universal se espera que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúna para tratar la situación de Etiopía durante el mes de noviembre, pero bajo el título “paz y seguridad en África”, por lo que todavía no es dable esperar que se considere el conflicto bajo los términos de una amenaza a la paz y la seguridad internacional.


Desde el derecho internacional ¿hay respuesta?


Dentro de la tipología de los conflictos armados, sobre todo a partir de 1945 se hace una distinción entre aquellos conflictos armados de carácter internacional (denominados “CAI”) y aquellos que son no internacionales (denominados “CANI”). El primero ha sido históricamente asociado con la guerra entre Estados, aunque los Convenios de Ginebra de 1949 y su 1er Protocolo de 1977 han extendido los hechos que configuran CAI otras situaciones.


Sin embargo, los CANI han tenido una regulación históricamente reducida por su relación intrínseca con lo que los Estados han considerado “asuntos internos”. Así, en los Convenios de Ginebra de 1949 en sus 3ros artículos se establece que está llamado a ser aplicado en caso de los conflictos armados que no sean de índole internacional y ocurren dentro de una Alta Parte contratante, consagrando seguidamente protecciones y prohibiciones que las partes en conflicto deberán respetar. Esta definición fue complementada por el 2do Protocolo a los Convenios de Ginebra de 1977 de una forma más rígida, cuyo análisis excede los fines del presente artículo.


Ahora bien se podrá preguntar, ¿estos instrumentos se aplican en la situación etíope? Pues Etiopía no solo es parte de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, sino también es parte de los 2 Protocolos adicionales de 1977, por lo que jurídicamente se encuentra obligado a respetar las provisiones de estos ordenamientos.


Según el informe del comité conjunto, el conflicto etíope es un CANI que ve involucradas a las Fuerzas Armadas de Etiopía y Eritrea contra las fuerzas especiales del Tigray, en cuyo mando está el TPLF. Así mismo, de los hechos descritos es posible deducir que el TPLF es un grupo armado que tiene un mando responsable que ejerce sobre Etiopía un control territorial parcial en la región del Tigray y este control le ha permitido organizar operaciones de carácter militar de forma sostenida y concertada.


¿Por qué ello es relevante? Si bien gran parte del DIH es de base consuetudinaria (es decir, normas que han surgido de la práctica de los Estados al cual le han reconocido carácter de obligatorio), el II Protocolo establece una provisión que valdrá la pena analizar a la luz del conflicto en el Tigray, pues se hará énfasis en cómo el conflicto ha podido ser empleado para decimar al adversario por un método más indirecto: hacer padecer hambre a la región.


El artículo 14 del II Protocolo establece una prohibición consistente en “hacer padecer hambre a la población civil como método de hacer la guerra” y por ello establece la prohibición de destruir ciertos objetos que son considerados indispensables para la supervivencia de la población civil.


Dentro del conflicto etíope ya se ha identificado cómo las partes en conflicto han impedido la entrada de ayuda humanitaria y por eso se ha advertido que en la medida en que ello sea llevado a cabo como un método de guerra para hacer padecer hambre a la población civil constituye un crimen de guerra, sea este llevado a cabo por las fuerzas armadas del Estado o por miembros del grupo armado.


Se ha denunciado que por parte del gobierno de Ahmed se han bloqueado la entrada de suministros y medicamentos a la región y señalaba el diario La Vanguardia que “según fuentes de las Naciones Unidas, el gobierno de Abiy Ahmed, ha implantado un bloqueo de facto para la ayuda humanitaria" (La Vanguardia, 29 de septiembre 2021).


Por esto, el informe recordó a las partes en conflicto que “evitar de forma voluntaria o deliberada el ingreso de la ayuda humanitaria con el fin de destruir a toda o parte de la población civil puede constituir un crimen de lesa humanidad cuando sea cometido como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población y un crimen de guerra en base al derecho consuetudinario y al Protocolo I de 1977”. (Par. 291).


Estas y otras atrocidades cometidas contra personas que no participan directamente en las hostilidades están actualmente contempladas como crímenes de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (en adelante, “CPI”), sin embargo, Etiopía no ratificó el Estatuto. ¿Entonces qué respuestas hay?


El Estatuto establece que la Corte podrá ejercer su competencia si “el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes”. Este supuesto de ejercicio de competencia ya ha justificado el conocimiento de la CPI de las situaciones de Libia y Sudán (Darfur) cuando ambos países no forman parte del Estatuto, pero el Consejo de Seguridad remitió la situación para su investigación por parte del Fiscal.


Esta posibilidad debe ser entonces analizada en el Consejo de Seguridad, en su rol de garante de asegurar la paz y la seguridad internacional, debiendo remitir la situación a la CPI para su investigación. Sin embargo, ello parece por el momento improbable, pues tanto China como Rusia, como se indicó previamente, han trabado toda oportunidad de tratar la situación de Etiopía en el seno del Consejo, requiriéndose solo un voto negativo de alguno de estos países para que todo intento de remitir la situación a la CPI se vea frustrada.


La respuesta del derecho internacional, así mismo se extiende bajo la figura de la llamada jurisdicción internacional, por la cual todo Estado tendrá la facultad de juzgar a responsables por violaciones graves del DIH, independientemente de que no se hayan cometido en su territorio. Si bien, ello se reconoce en los Convenios de Ginebra y el I Protocolo de 1977 (aplicables, como ya vimos, a los CAI), el CICR ha identificado una práctica por la cual “los Estados tienen derecho a conferir a sus tribunales jurisdicción universal en relación con otras violaciones graves del DIH. Comprenden, en particular, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo adicional II de 1977”.


Por ende la respuesta del derecho internacional en el caso del conflicto etíope dependerá entonces de (ciertos) Estados, por lo que los intereses de carácter económico y sobre todo de seguridad regional parecerán marcar el destino de la aplicabilidad del derecho internacional para juzgar a los responsables por estas violaciones.


Sobre el autor: Estudiante de derecho de la UBA y miembro del Observatorio de Defensa y Seguridad del CEPI. Voluntario de la Red SEHLAC y la ONG Un Mundo Sin Mordaza, así como participa en diferentes proyectos de investigación en el área del Derecho Internacional.

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