El cuento de la esposa

Niegan el derecho al aborto a una mujer sanjuanina porque su ex pareja se opone.

Crédito: La Vaca


En la provincia de San Juan, a cuatro meses de sancionada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una mujer cuya identidad se preserva decide interrumpir la gestación de un embarazo no deseado de entre 10 y 12 semanas. Seguramente se ilusiona pensando en que si su decisión hubiera tenido lugar tan solo unos meses atrás, o bien no hubiera podido realizarse un aborto legal y seguro, o bien hubiera implicado arriesgarse a un proceso penal que podría conducirla a la cárcel. Además, como si eso fuera poco, la inseguridad que implicaban las prácticas clandestinas hubieran puesto en grave riesgo su salud y su vida. La sanción de la Ley Nº 27.610 permitió que esta mujer recobrara la confianza en el sistema democrático, que luego de un extenso proceso de debate legislativo logró ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes en Argentina. Sin embargo, el sistema patriarcal le tiene una sorpresa, pues ha sacado de debajo de la manga un instrumento aliado cuando de impedir sostener el patriarcado se trata: las cloacas de lo más rancio del Poder Judicial.

Todo empezó cuando ella decidió interrumpir el embarazo y su ex pareja (quien todavía es su cónyuge), presunto progenitor del feto, se opuso presentando una medida cautelar ante Juzgado de Familia Nº 1 de la provincia de San Juan, cuya jueza Marianela López se declara incompetente afirmando que "la protección de la vida de la persona por nacer excede el ámbito” de su competencia. El caso fue derivado al Juzgado Civil Nº 11, en el que la jueza Amanda Días rechazó la medida cautelar a través de la cual el hombre conocido como Franco solicitó que se le ordene a su esposa la abstención de practicar cualquier tipo de acto que implique la interrupción de su embarazo. De esta forma, la jueza resolvía en contra de frenar la voluntad de la mujer de acceder al aborto.

Esta decisión provocó reacciones diversas en San Juan, de las cuales quiero destacar el comunicado de la Asociación “Abogados por la Vida”, que en su repudio se refiere en todas las ocasiones a Amanda Días como “el juez”, resaltando la necesidad de proteger “los derechos del padre y la vida de su hijo” y afirmando que se estaba ante un claro acto de “discriminación contra el hombre y sus Derechos Humanos”. En sus redes, que cuentan con miles de seguidores, defienden con vehemencia el rol de los “padres desde la concepción” y se refieren a los potenciales embriones abortados como “víctimas del feminismo”. En un ingenioso giro argumental, posicionan a los varones como las víctimas de la violencia y  construyen al feminismo como peligroso, como asesino, como temerario.

La decisión fue apelada por Franco y sus abogados en base a varios planteos, entre ellos que debería haberse convocado al Asesor de Menores del Ministerio Público, y que no haberlo hecho demuestra un “alarmante desprecio de los derechos del niño por nacer”. Fue así que el caso llegó a la Sala III de la Cámara Civil provincial, a cargo de Juan Noguera Ramos, Sergio Rodríguez, Juan Pérez, quienes rápidamente redactaron una sentencia favorable a la cautelar y solicitaron a la mujer que se abstenga de realizar cualquier práctica que interrumpa el embarazo no deseado. Con una imaginación admirable, los magistrados forzaron argumentos jurídicos para obstaculizar el acceso al derecho al aborto, a tal punto que no es necesario haber estudiado Abogacía para detectar lo burdo e inconsistente en términos legales de lo argumentado en el fallo. En una verdadera aberración jurídica, buscaron instalar la idea de que estamos ante una laguna respecto a si el presunto progenitor tiene o no derecho a impedir la práctica de la IVE sin su consentimiento, o si la ley lo despoja de él y le brinda a su cónyuge plena libertad para decidir por sí sola.

Sostuvieron que, en el marco del matrimonio, les cónyuges se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común y que la toma de decisiones sobre aspectos importantes en la relación conyugal requiere de la confluencia de ambas voluntades. En otras palabras, por el hecho de estar casada legalmente, aunque separada de hecho, ella tendría que contar con el consentimiento de su ex pareja y presunto progenitor del feto para decidir abortar. Queda claro que para estos tres jueces no estamos ante un embarazo no deseado y la posibilidad o no de que la mujer acceda al derecho de interrupción voluntaria en cumplimiento de la ley, sino ante relaciones de familia, y es por eso que sostienen que “el disenso sobre asuntos de trascendencia familiar gestada a partir de la concepción, no puede estar sometida a la voluntad potestativa de ninguno de los cónyuges”. Esto le otorgaría a él un inexplicable poder de veto, que más allá del debate filosófico o conceptual, no encuentra ningún sustento jurídico en la legislación vigente.

En una suerte de viaje al siglo pasado a través de la pluma judicial, estos señores, con una desfachatez solo propia de quien se cree (o sabe) impune, le dicen a las mujeres sanjuaninas casadas que, para interrumpir el embarazo, deberán contar con el acuerdo de sus cónyuges. El mensaje es claro: los derechos de las mujeres empiezan donde terminan los de los varones. Y aunque no es nuevo el planteo sobre qué pasa si el progenitor quiere continuar el embarazo que se desarrolla en un cuerpo ajeno, la Ley de IVE fue contundente respecto a que la decisión de abortar hasta la semana 14 inclusive de gestación es potestad indelegable de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. 

La reacción de los grupos “provida” no tardó en llegar, y los Abogados por la Vida celebraron en sus redes sociales con frases del estilo “Franco logró salvar a su hijo, revientan las feminazis”. Imposible no pensar en la pedagogía de la crueldad, a la que tantas veces ha hecho referencia Rita Segato, al leer a abogados y magistrados (así, en masculino) regocijarse al lograr manipular nuestras leyes como una marioneta al servicio de cercenar la libertad de las mujeres a decidir.

A todos ellos, el movimiento feminista les tiene una mala noticia, y es que no vamos a dar ni un paso atrás en la búsqueda de una sociedad con igualdad entre los géneros. Para las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ que el Poder Judicial nos diera la espalda y fallara en nuestra contra fue siempre la regla: aquello con lo que crecimos pero a lo que nunca nos acostumbramos. Por eso luchamos, por eso activamos con otres, por eso nos formamos, por eso alzamos la voz ante cada injusticia del machismo y del patriarcado del que muchos jueces parecieran sentirse responsables de representar, perpetuar y defender a través de sus sentencias. Nótese, a lo largo de esta nota, el intento deliberado no utilizar el término “justicia” para hacer referencia al Poder Judicial. Durante la últimas horas del 2020 los feminismos logramos un triunfo histórico que culminó una lucha de décadas: el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. En las últimas semanas, gracias al accionar de varios sectores del Poder Judicial, la agenda a futuro cobra más claridad: no vamos a descansar hasta no lograr una reforma judicial con perspectiva de género, una reforma judicial feminista que nos acerque un poco más a ese ideal de justicia.


Sobre la autora: Macarena Kunkel es Abogada y Lic. en Relaciones de Trabajo, docente e investigadora de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

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