El DNU, ¿un paso hacia la democratización de la comunicación?

El presidente declaró servicio público a la telefonía, la TV e internet. ¿Qué implicancias tiene la medida? ¿Cómo son las actuales condiciones de acceso en todo el país?. EPD consultó a los especialistas Guillermo Mastrini y Juan Martín Zanotti.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el presidente Alberto Fernández declaró este viernes como "servicio público" a la telefonía celular, la televisión paga y los servicios de internet. El mandatario celebró la medida al asegurar que tiene la finalidad de "garantizarle el acceso a los que menos tienen". Desde la oposición salieron al cruce y hablaron de "estatización".

¿Qué implica este decreto? ¿Cómo es el acceso a estos servicios en la actualidad? ¿Tiene que ver la concentración que existe en el sector con la brecha digital que atraviesa el país? ¿Qué otros desafíos tiene el Estado para democratizar la comunicación? Para responder estos interrogantes El País Digital consultó a los investigadores y docentes, especialistas en comunicación, Guillermo Mastrini y Juan Martín Zanotti.

Las implicancias de declarar servicios públicos a los servicios de telecomunicaciones

Guillermo Mastrini: Básicamente el Estado tendrá a partir de ahora una mayor injerencia en la política tarifaria y en las condiciones de prestación de servicios, es decir, en su capacidad de intervención en el sector. Tendrá que garantizar a todos los ciudadanos la prestación del servicio a un precio no excluyente, lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista que este servicio deba ser prestado por el Estado, puede ser suministrado por operadores privados. Por ejemplo, la telefonía básica es un servicio público y las privatizaciones están siendo operadas por la empresa privada como Telefónica y Telecom.

Sin embargo, me parece que siempre estas cosas conviene hacerlas por leyes del Congreso, porque, así como me opuse a los DNU de Macri, me parece que no es bueno que esta cosa tan importante y con la que conceptualmente puedo coincidir, sea realizada por DNU.

Juan Martín Zanotti: Lo que hace es que el Estado pueda tener más capacidades para la regulación de los precios. La cuestión del servicio público, lo que lleva es a que se puedan establecer condiciones en torno a la universalidad, por ejemplo: del acceso en relación al no corte del servicio.  Es interesante aclarar que la figura que se utiliza en el decreto de "servicio público en competencia" tiene otras implicaciones, no sería directamente como uno podría hablar del agua, del gas, de la luz. Pero en lo que tiene que ver con comunicaciones es sin duda un acontecimiento. 

Cabe destacar que esta figura de "servicio público en competencia" para los servicios TIC es una categoría que ya había sido aprobada en una ley que es anterior, conocida como Argentina Digital, que también fue intervenida por decreto por el expresidente Macri en alguna parte de su articulado. El "servicio público en competencia" tiene algunas consideraciones respecto al servicio público, pero básicamente apunta a considerar las TICs como servicios esenciales. Y es importante por los desarrollos e inversiones que todavía resta hacer, en términos de fibra óptica, en términos de lo que tiene que ver con, por ejemplo, las comunicaciones móviles. El fortalecimiento de las redes 4G, con todo lo que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas que se están dando no sólo en la región, sino también a nivel mundial.

Recordemos que en el país ya existía una Ley de Telecomunicaciones de 1972, que reglamentaba el servicio de telefonía fija, o sea, el teléfono, que en ese momento era la tecnología que se utilizaba, ya estaba decretado como servicio público. Pero sabemos que esto no equivale de ninguna forma, como se ha dicho, de una manera irresponsable, a que haya una estatización. Porque aunque el teléfono esté dentro de la ley con la mencionada denominación, es un servicio público que está privatizado. 

A su vez, lo que acompaña el decreto, además de esta definición como servicio público, es la suspensión del aumento de los precios, que también es importante en este contexto. Pero sobretodo la medida brinda herramientas al Estado para controlar todo este tipo de servicios.

La desigualdad que expuso la pandemia

Guillermo Mastrini: Para los que llevamos más o menos el tema, conocíamos la desigualdad que había. Lo que pasa es que no se habla de estos temas porque las principales empresas de comunicación en este país son también propietarias, me estoy refiriendo al Grupo Clarín, que tiene una alta injerencia en el sistema de prestación de servicio, por lo tanto, es un asunto que queda marginado de la agenda porque sería hablar en contra de la propia empresa.

Evidentemente tenemos distintos tipos de desigualdades, acá tenemos una desigualdad que es no menor y que probablemente es la más importante, que es la geográfica. En Buenos Aires tenemos una banda medianamente ancha, para decirlo así. Cuando te alejas, salvo en algunas capitales de provincia, esa banda ancha disminuye notablemente. Lo que ocurre también es que se incrementan los costos, es decir, en el resto del país hay peor servicio, con mayor costo. 

Después, obviamente lo que hay es al interior de cada una de las ciudades una diferencia de los que pueden acceder y los que no pueden acceder. Y sobre todo, como siempre decimos hoy, ya no tanto por acceder, porque finalmente todo el mundo tiene telefonía móvil y esa es una manera de acceder a internet. Lo que es muy distinto son las condiciones en la que accedes. Eso es lo que realmente hace que exista una diferencia importante en términos de derecho.

Juan Martín Zanotti: Sin dudas que la mayor demanda de servicios durante la pandemia moviliza a tomar este tipo de decisiones desde el Estado. Quiero marcar que en el mismo decreto aparece mencionada esta situación de emergencia que estamos atravesando institucionalmente a raíz del Covid-19. Por supuesto es el empuje para disponer la suspensión del aumento de precios. Es importante decir que estas cosas deben darse en el marco institucional del Congreso, entonces habría que ver cómo se termina de instrumentar este medida.

En relación a esto, hay que decir que hay muchas desigualdades y fracturas geográficas en lo que hace a la conectividad a internet en las distintas provincias e incluso dentro de las mismas ciudades. Esta situación afecta condiciones que son necesarias para la educación, el trabajo, la producción y las instituciones de salud. Cuando uno tiene la foto de cómo operan estos servicios generalmente se quedan en las grandes ciudades, pero hay que entender que en muchos lugares del país donde las redes de internet no funcionan correctamente, son malas las velocidades de internet, es muy problemática la conectividad móvil del país. Esto tiene que ver con la renuncia de la viceministra de Educación, Adriana Puiggros, respecto a cómo se van dando algunas continuidades en materia de educación pública, ya que hay estudios que indican que la mitad de la población no accede a una computadora o tiene problema de acceso a las redes.

Ademas, es evidente que las desigualdades en términos de acceso son motivados por el fenómeno de la gran concentración de medios que hay en el país y que tienen características únicas también en la región. Hay tres grandes operadores de telefonía móvil. Sabemos que existe un actor con exceso de poder dominante, como es el Grupo Clarín. Además esta situación se da en el marco de una concentración con características conglomerales, que tiene que ver con que un mismo operador, es el predominante en cuestiones de entretenimiento, pero también en cuestiones de telecomunicaciones. A este multimedios se le permitió tener una parte de la telefonía móvil, además es el principal productor de contenidos para televisión, es el máximo cable operador también. Entonces, sobre todas estas vías se apoya esta posición que es depredatoria y que impide la competencia de otros operadores y condiciones más o menos parejas.

Desafíos del Estado para democratizar la comunicación

Guillermo Mastrini: Bueno, yo creo que hay como dos niveles, uno efectivamente es la promoción del acceso abierto, esto sigue siendo un tema, sobre todo en el resto del país. Para eso hubo una inversión alta, que fue la red federal de fibra óptica llamada la red FEFO en su momento. El kirchnerismo invirtió mucho en el desarrollo y el macrismo aprovechó la red, una óptica de capacidad instalada, y aumentó notablemente la conexión a partir del enganche de la red de fibra óptica. Sin embargo, y pese a que se ha crecido mucho, todavía falta bastante, principalmente en las localidades del interior, para que haya una buena cobertura de calidad y a un precio razonable. 

La segunda cuestión tiene que ver con los contenidos, la promoción de la diversidad, el fomento a un mayor pluralismo informativo. En este caso, el DNU no atiende estos elementos, puede ser que después haya otras políticas que se enfoquen en este tema. Hay otro proyecto vinculado al diputado Carro que promueve la mayor pluralidad en los medios. Creo que también por ahí se puede hacer una política y hay elementos. Existe una parte importante de la Ley de Servicio de Comunicación Visual que sigue vigente y que se puede aprovechar para promover mayor diversidad.

Juan Martín Zanotti: Respecto a este punto, anotaría varias cosas. Creo que esta medida es un buen indicio de la recuperación de una iniciativa estatal para regular a los distintos sectores de infocomunicacionales. Pero bueno, hace falta trabajar en lo que es el sostenimiento de medios más pequeños, de medios comunitarios, sin fines de lucro, públicos. Los que no son los medios centrales, los que no son los principales operadores

También hay que abordar la cuestión de la distribución de la pauta oficial en estos medios. Todas estos aspectos de generar fondos, de impulsar fomento. Y a su vez, por supuesto, la cuestión del derecho universal a internet, por ejemplo, que es otro tema que estaba ingresado en la agenda legislativa argentina, pero bueno, con este DNU también se acelera. En términos de democratización de las comunicaciones, creo que hay que ir por ese lado, establecer la infraestructura para que mejoren los servicios, una iniciativa que me parece que desde el Gobierno se está pensando en una articulación público privada. 

Por último, considero que hay que fortalecer algunas normas e instituciones que ya existen, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre todo, poder atender a los actores más pequeños y al federalismo, que es una cuestión bastante desatendida en relación a la comunicación y los medios.



Diarios Argentinos