El dolor de la no denuncia, un silencio disciplinador

Urge equilibrar la balanza hacia una justicia integral, en sintonía con principios y directrices convencionales con enfoque de DDHH.

El desaliento sistemático para “no denunciar” o “no reclamar” la justa reparación de daños derivados de la vulneración de derechos- particularmente los de violencia sexual- siguen entrando por una caja negra y saliendo por  un barril sin fondo.

Por ello, es que urge equilibrar la balanza de una justicia integral en sintonía con los principios y directrices convencionales con enfoque de Derechos Humanos.

La genérica ideología del descrédito y desvalorización de las instituciones, contribuye al círculo vicioso de un sistema patriarcal perverso que perpetúa, produce y reproduce la victimización secundaria, entendida como: “una forma de violencia institucional que hace referencia a la nula o inadecuada atención que recibe la víctima, una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. Este tipo de violencia refuerza la posición de víctima en la persona afectada y causa daños psicológicos, sociales, judiciales y/o económicos”

Las asimetrías enquistadas en las estructuras hegemónicas, marcan el rumbo: el camino al desistimiento. Denuncias que no llegan a serlo por impotencia, por saberse perdidosa  de antemano, frente a los privilegios de los poderosos, víctimas de un sistema que las entrampa en repetidos esfuerzos de reseteo, con proyectos de empoderamiento derruidos silenciosamente de manera sistemática.  

El laberinto tortuoso al que se ingresa la víctima para denunciar los hechos sufridos y/o reclamar la reparación integral por los daños sufridos, está minado de encerronas: tiempos legales en disley con los procesos de recuperación personal, falta de protecciones y garantías judiciales, costo emocional, físico y económico, falta de información sobre la forma de acceder a instancias judiciales de protección y procesamiento.

En clave con los aportes de Hasanbegovic, Claudia (2003) muchos estudios demuestran las similitudes entre la violencia contra la mujer y la tortura política, tanto por los métodos e impactos psicológicos de ambos sobre sus víctimas, como por la impunidad de la que gozan sus victimarios.

La Declaración de Amnistía Internacional, establece que la violencia contra la mujer en el hogar o en la comunidad es una forma de tortura por la cual el Estado es responsable internacionalmente y debe rendir cuentas cuando: a) son de la naturaleza y severidad prevista en el concepto de tortura en los criterios internacionales y b) el Estado no ha cumplido con su obligación de proveer protección efectiva.

Por su parte, la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que integra nuestra Constitución, establece que: “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica (…)”

En tanto para la reparación integral de las víctimas de violencia es necesario que las instituciones ejerciten los principios rectores sustentados en la normativa convencional: 1. La reparación adecuada para las víctimas de la violencia sexual relacionada con los conflictos implica una combinación de distintas formas de reparación 2. Las reparaciones judiciales y/o administrativas deben estar a disposición de las víctimas de la violencia sexual relacionada con los conflictos como parte de su derecho de interponer recursos de forma rápida, adecuada y efectiva 3. Las reparaciones individuales y colectivas deben complementarse y fortalecerse mutuamente 4. Las reparaciones deben hacer todo lo posible por ser transformadoras, lo que incluye el diseño, la implementación y el impacto 5. La cooperación en materia de desarrollo debe respaldar la obligación de los Estados de garantizar el acceso a las reparaciones 6. Se debe respaldar la participación significativa de las víctimas y su consulta en la identificación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las reparaciones 7. Se deben proporcionar reparaciones provisionales urgentes para abordar necesidades inmediatas y evitar daños irreparables 8. Se debe contar con reglas de procedimiento adecuadas para procedimientos que atañen a la violencia sexual y las reparaciones.

Es fundamental dimensionar las consecuencias que genera la violencia sexual en la vida, salud integral y desarrollo personal de infancias, mujeres y disidencias.

Es responsabilidad del Estado -en sus tres poderes- intervenir con políticas públicas preventivas y reparadoras despojadas de facetas sesgadas, para que victimarios dejen de ser invisibles e impunes.





Sobre la autora:  Maria Paola Casariego es abogada,  mediadora operadora en psicología social y docente con perspectiva de género. Miembra de EsTila, Espacio de Transformación Inclusiva Latinoamericana PaolaCasariego




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