El impuesto a la herencia, la meritocracia y la desigualdad


En los últimos días, diversos funcionarios del gobierno nacional plantearon la necesidad de discutir los alcances del impuesto a la herencia, el cual existió en Argentina de manera intermitente durante el siglo XX y fue derogado finalmente por la última dictadura militar en 1976, curiosamente antes de que finalizara la sucesión del padre de su primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

Si bien hoy en día la potestad de cobrar ese impuesto es de las provincias y unas pocas lo hacen -entre ellas, la Provincia de Buenos Aires-, los criterios son heterogéneos y en muchas de ellas no se tributa -por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires-. Lanzar la discusión a nivel nacional podría permitir armonizar los tributos e incluirlos en las negociaciones por un nuevo pacto federal entre el Gobierno Nacional y los gobernadores provinciales, las cuales se relanzaron recientemente.

En muchos países, sobre todo de altos ingresos, los impuestos a la herencia son significativos. En general tienen mínimos no imponibles elevados, viviendas familiares eximidas y alícuotas progresivas. En ciertos casos la herencia por parte del cónyuge también está exenta. Algunos países en los que estos tributos existen son Estados Unidos, España o incluso Chile. En Japón la alícuota máxima llega al 55 por ciento. En Corea del Sur, al 50 por ciento.

En términos conceptuales, la herencia es el principal transmisor intergeneracional de la desigualdad. Más allá de los méritos personales, la probabilidad de “triunfar” (entendiendo ese triunfo como el éxito económico) siendo hijo de padres ricos es mucho mayor que siendo hijo de padres pobres. Es cierto, no todo se dirime en la herencia sucesoria. Tener padres ricos permite acceder a mejor educación, tener contactos para conseguir empleo, poder postergar el inicio laboral priorizando la escuela, acceder a tecnología, libros, etc. Sin embargo, el trasfondo es la diferencia de ingresos y riqueza como elemento central. En América Latina, más del 80 por ciento de los millonarios son hijos de millonarios.

Si bien los indicadores más habituales sobre desigualdad, como las brechas o el índice de Gini, refieren a la desigualdad de ingresos (es decir, comparan flujos), en los últimos años, y principalmente a partir de la obra monumental de Thomas Piketty, primero en Europa y luego en todo el mundo, se ha empezado a poner de manifiesto la importancia de la desigualdad de riquezas (es decir, de stocks): la discusión sobre la herencia como transmisora o reproductora  intergeneracional de la desigualdad entra en esta categoría, y por eso mismo ha tomado particular fuerza recientemente en todos los rincones del planeta. De hecho, detrás de prácticamente cualquier unicornio o gran empresa innovadora hay una fortuna familiar que permitió que esta se pudiera construir.

El pensamiento liberal clásico plantea que el progreso humano y social tiene como principal bandera el premio al esfuerzo y al mérito. Es decir, que la humanidad mejorará si las instituciones ofrecen los mejores incentivos para que el mejor desempeño individual sea recompensado. En términos económicos, incluso puede ser el mercado la institución que premie o castigue, no necesitándose instrumentos adicionales. El trasfondo filosófico antecede al liberalismo y puede encontrarse en el iluminismo, sintetizado en la máxima de Immanuel Kant y la insociable sociabilidad: todos nos veremos beneficiados si cada persona persigue su propio interés. El homo economicus de la economía política clásica, con Adam Smith a la cabeza, recoge esta premisa. Desde ya, tanto Kant como Smith sugieren que la validez de este principio depende de ciertas precondiciones institucionales. El corolario de ellas es la igualdad de oportunidades: para organizar una sociedad en base al mérito, es necesario que todos cuenten con las mismas posibilidades de acceder a él.

Uno de los principales herederos de esta tradición será John Stuart Mill, economista y filósofo inglés de mediados del siglo XIX, uno de los principales exponentes del liberalismo, educado en el utilitarismo pero también en el social-liberalismo. En sus Principios de Economía Política llegó a plantear la necesidad de un impuesto a la herencia casi absoluto, limitado en su cuantía y solo a descendientes directos. Algunas lecturas de Stuart Mill sugieren incluso la abolición de la misma. En el fondo, la premisa sustantiva es que las herencias impiden que la sociedad efectivamente reparta premios y castigos en base al esfuerzo relativo.

En el siglo XX el neoliberalismo reformuló esta lógica dándole un lugar principal a la competencia. Lo que asegura que el mercado asigne los incentivos correctos para repartir méritos según premios y castigos es la competencia entre unos y otros. Así, lo que las instituciones deben garantizar es que todos estemos sometidos a ella. Así, la igualdad de oportunidades deja de ser necesaria en tanto con condiciones de competencia alcanza y sobra para asegurar la meritocracia.

El ejemplo más claro de esta diferencia está en el rol de los monopolios: mientras que para el liberalismo clásico todo monopolio -estatal o privado- era nocivo, pues implicaba que algún actor pudiera tener un poder exagerado, y entonces era misión del Estado asegurarse de que el mercado funcionara correctamente, para el neoliberalismo solo el monopolio estatal o constituido por la fuerza es malo: si se trata de un monopolio que llegó a serlo por ser el mejor, más productivo, más eficiente, pero no hay ningún elemento extramercantil que impida que otros ingresen a competir, ese monopolio no tiene nada de malo. Al contrario, el monopolio es un premio por ser el mejor. La promesa del monopolio puede ser un incentivo a esforzarse.

Traducido a las herencias, mientras el liberalismo clásico entendía que estas debían ser limitadas, vía impuestos u otros caminos, para asegurar la igualdad de oportunidades, el neoliberalismo entiende que la promesa de poder legarle a los herederos la fortuna puede ser un incentivo para esforzarse más, producir más, hacer más méritos.

En el fondo, el neoliberalismo constituye una forma de liberalismo despreocupada por la igualdad de oportunidades y, por ende, por cualquier criterio de igualdad. Por eso mismo se trató de un paradigma que resultó muy atractivo para los sectores dominantes y, justamente, si algo ha aumentado en el mundo en los últimos cincuenta años, desde que el neoliberalismo se hizo con el dominio de las políticas públicas, los libros de texto y los medios de comunicación, ha sido la desigualdad. Al contrario, la desigualdad pasa a ser deseable.

El problema es que la retórica neoliberal no se ha deshecho de la meritocracia como valor fundamental. Al contrario, nunca ha dejado de reforzarla y de usarla como criterio para rechazar las políticas sociales, las políticas de ingresos o las leyes laborales. Es decir, el neoliberalismo embandera la meritocracia y rechaza discutir la desigualdad como problemática.

El meollo de la cuestión es que meritocracia y desigualdad de oportunidades son categorías contradictorias. Como bien lo reconoció el liberalismo clásico -que, entre otras cosas, promovió la universalización de la educación pública-, una sociedad no puede erigirse desde el reparto de premios y castigos al mérito y al esfuerzo si se trata de una carrera en la que los puntos de largada son demasiado diferentes.

Si la meritocracia requiere igualdad de oportunidades y la herencia es el principal transmisor de la desigualdad de riquezas, los defensores de la meritocracia deberían apoyar la instalación de impuestos a la herencia, del mismo modo que deberían hacerlo con la educación pública y gratuita. Sin embargo, lamentablemente poco ha quedado del viejo liberalismo, que tenía alguna coherencia y una importante mirada progresista, y el significante “liberalismo” ha quedado atrapado en las categorías neoliberales, completamente contradictorias y cada vez más aferradas a un conservadurismo rancio.

Las reacciones de gran parte del espectro político autoidentificado como liberal, desde sectores de Juntos por el Cambio hasta exponentes de la ultraderecha, manifestando su rechazo a un impuesto a la herencia, no hace más que dar cuenta de la trampa en la que han caído los significantes liberales. Así, quizás, para quienes no adhieren al liberalismo y sí reconocen que la desigualdad social y económica es un problema, puede ser una oportunidad para recuperar para sí algunas banderas verdaderamente progresistas del viejo liberalismo y dejar asentado que el nuevo liberalismo poco tiene de reformista y mucho de conservador.

En cualquier caso, es hora de poner a la(s) desigualdad(es) en el centro del debate público. América Latina es, luego del sur de África, la región más desigual del mundo. Esta tiene múltiples implicancias. Transformar las estructuras vigentes en beneficio de los más desfavorecidos requiere combatir los cimientos de esa agobiante desigualdad. El impuesto a la herencia puede contribuir a ello.

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