El impuesto maldito versus la aristocracia obrera


Adelanto de un libro que analiza el conflicto por ganancias durante los gobiernos kirchneristas y de Cambiemos.


El conflicto en torno del Impuesto a las Ganancias cobró una  resonancia pública y mediática inusitada entre los años 2012 y 2016 principalmente, cristalizando una de las disputas socio políticas más significativas que tuvo que enfrentar el segundo mandato de Cristina F. de Kirchner, y permaneciendo como reclamo durante el primer año de la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Si bien las demandas gremiales en torno del gravamen resonarían con menor frecuencia y amplificación política en los años posteriores (2017-2019), la disconformidad en torno del tributo no se diluyó. Las políticas neoliberales del gobierno anterior que impactaron en el mundo del trabajo y la pandemia que aqueja a la economía mundial y nacional, dejaron en una posición  de menor relevancia estas demandas tras otras problemáticas más acuciantes que afectan a los sectores trabajadores en el presente. Sin embargo, la mentada reforma tributaria anunciada por los sucesivos gobiernos y aún más en los tiempos por venir, podría colocar a esta impuesto en un lugar central del debate impositivo, habida cuenta de  la necesidad de los Estados nacionales de aumentar la recaudación destinada al gasto social y a la reactivación económica.


El Impuesto a las Ganancias es un tributo progresivo por excelencia cuya percepción ha estado presente desde el siglo XX en los países occidentales para sostener los estados de bienestar y como herramienta que apuntaba  a morigerar los procesos de desigualdad, transfiriendo ingresos desde los sectores con mayores recursos hacia el resto de la sociedad. Sin embargo en la Argentina, este impuesto que abarcara aproximadamente al 10% de la población asalariada con mejores remuneraciones relativas, inspiró cinco paros nacionales en el segundo gobierno kirchnerista y fue incorporado en las campañas electorales de los dirigentes opositores tanto así como del oficialismo. Una combinación de factores alentaron entonces el descontento de una parte de la clase trabajadora: el modo en que se actualizaba el Mínimo no Imposible (monto a partir del cual un trabajador comienza a tributar ganancias), el congelamiento de alícuotas y escalas, como también el aumento de los precios domésticos junto al incremento de los salarios nominales y reales. A esto se agregó la promulgación de un decreto del  poder ejecutivo en 2013 que en un principio fue gestionado para atender a los reclamos sindicales pero que rápidamente generó efectos adversos sobre los asalariados alcanzados por el impuesto, al incorporar asimetrías  al interior de los propios trabajadores.


La relación del gobierno kirchnerista con uno de los principales dirigentes sindicales que adoptó una posición contestataria en   relación al oficialismo, y el rol de los medios de comunicación en alentar el conflicto social, se coaligaron para darle una fisonomía particular al enfrentamiento por el tributo.


Asimismo, es posible sintetizar otros  rasgos sobresalientes de esta disputa, que de modo integral contribuyeron en aportarle su especificidad política. Por una lado,  y a diferencia de los acontecido en el año 2008 con el conflicto en torno de la Resolución 125 que había marcado un punto de inflexión en la vida pública y en donde se había fortalecido la alianza entre  el dirigente la CGT Hugo Moyano y el gobierno, la tensión  por el Impuesto a las Ganancias enfrentaba al kirchnerismo con parte de su fuerza propia. Como corolario, un sector del movimiento obrero que había sido fundamental en la coalición política y social construida por el gobierno de Néstor Kirchner se disgregaba, generando tensiones también al interior de las propias organizaciones sindicales que se hallaban  divididas en cinco agrupamientos al finalizar el último mandato de Cristina F. de Kirchner.  La dificultad de ambos actores por acercar posiciones y lograr acuerdos selló así el destino del enfrentamiento entre un sector de la dirigencia sindical  y la ex presidenta.

Por su parte, Hugo  Moyano  supo usufructuar la centralidad política adquirida en su capacidad de movilización contra el gobierno de Menem en los años noventa y ratificada en los años siguientes. Con la muerte de Néstor Kirchner, el acuerdo político con el gobierno se fue debilitando a medida que las ambiciones partidarias del hombre del camión no encontraban eco en la casa Rosada. Frente a un arco sindical fragmentado, con vertientes más dialoguistas y alineadas con el gobierno nacional, aquél  dirigente gremial  se desplazó  hacia la oposición y retomó  la lógica que lo había encumbrado en la década anterior: la acción directa.


En este marco de tensiones, el parlamento no devino en un espacio institucional privilegiado para que la temática tributaria pudiera debatirse, se ponderaran  los reclamos gremiales y se promovieran acuerdos, a pesar de los numerosos proyectos elaborados por  fuerzas del oficialismo y la oposición hasta 2015 para dirimir la disputa. Concomitantemente, el ejecutivo no supo movilizar una pedagogía pública orientada a remarcar el carácter progresivo del impuesto, la importancia de no desfinanciar el Estado y el universo minoritario de trabajadores en relación de dependencia que alcanzaba el gravamen.


Es sabido que los  medios son determinantes en la producción del sentido común dominante en una sociedad. El conflicto por Ganancias fue aprovechado y ampliamente tematizado tanto por los diarios La Nación y Clarín, ambos con posiciones marcadamente contrarias a la gestión kirchnerista, en el caso de este último especialmente después del  2008. Ello abonó sin dudas  al descontento social por el tributo, y oradó  al mismo tiempo la imagen política del oficialismo.


Con  la llegada de la coalición Cambiemos al Poder Ejecutivo en diciembre de 2015,  mutó significativamente la modalidad del reclamo por Ganancias de parte del sindicalismo, abandonando la lógica movimientista y rupturista.  Si bien en un principio  el flamante gobierno dispuso por un decreto de necesidad y urgencia la elevación del Mínimo No Imposible y la derogación del decreto de 2013, el descontentó sindical por un lado, y los dirigentes de la oposición por el otro lograron que se tratara la reforma del impuesto a fines de 2016. El Gobierno desplegó para ello una estrategia negociadora en el ámbito legislativo, promovió ciertos incentivos ligados a la coparticipación federal para ganar el apoyo de los mandatarios provinciales y concedió a la CGT modificaciones en algunas deducciones significativas, fundamentalmente para los gremios del transporte. Al fin y al cabo, el conflicto logró ser desplazado de la arena pública pero no le  dio resolución al reclamo desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores incluidos en el gravamen ni desde el monto que tributan.


La posición del sindicalismo respecto de este gravamen, la del gobierno de Cristina F de Kirchner relegando su modificación, y la de Mauricio Macri alentando un cambio parcial de la regulación con cierta urgencia por sacar el tema de la agenda pública, obturaron en consecuencia un tratamiento integral de la estructura fiscal, aspecto demandado por sectores de derecha  que buscan la disminución de los tributos con el peligro que ello conlleva en el desfinanciamiento del Estado, como de sectores de izquierda y centro izquierda, que advierten sobre el carácter regresivo que tienen algunos  impuestos como el IVA, con fuerte impacto en los sectores de menores ingresos.


Sobre los autores: Gabriela Wyczykier, Investigadora-docente (UNGS); Damián Corral, Investigador-docente (UNGS)


Diarios Argentinos