Tras el fallo de la Cámara, el juez Rodríguez pidió el desafuero de De Vido

Por orden del tribunal, el magistrado solicitó a la Cámara de Diputados que le quite los fueros al exministro de Planificación del kirchnerismo para poder proceder con su detención en el marco de la causa de Río Turbio.

Tras el fallo de la Cámara Federal porteña, el juez Luis Rodríguez ordenó a la Cámara de Diputados el desafuero del exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa que investiga un supuesto fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Además, pidió al Ministerio de Seguridad que, en caso de aprobarse la solicitud de desafuero, proceda con la inmediata detención del exministro de Planificación y con su traslado a la Unidad nº 29 del Servicio Penitenciario Federal.

La Sala II de la Cámara Federal, con el voto en disidencia parcial de Eduardo Farah, había ordenado más temprano al juez Luis Rodríguez el desafuero y la detención del diputado del FPV Julio De Vido en el marco de la causa por el desvío de fondos que debían dirigirse a la mina de Río Turbio (Santa Cruz).

El juez Leopoldo Bruglia, que integra otra sala, desempató entre los camaristas que coincidieron en el desafuero y no así en la prisión preventiva, y adhirió al voto de su par Martín Irurzun. "Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación", indica el fallo.

El oficialismo ya intentó en julio apartar a De Vido de la Cámara acusándolo de "inhabilidad moral", pero no alcanzó los votos necesarios. En este caso, Cambiemos no podrá avanzar en el corto plazo en su desafuero. Es que el artículo 2 de la ley indica: "La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen en un plazo de 60 días". Así, difícilmente el exministro sea desplazado de su banca en la Cámara Baja este año. 

"Julio De Vido difícilmente pueda ignorar a los perjuicios a los intereses por él administrados", señaló el fical Stornelli en su dictamen. Además, consideró que tanto él como el exsecretario de Minería Jorge Mayoral, el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el excoordinador general de Ministerio Jaime Valvar tenían obligación de controlar los casi $265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón, pero que habrían sido desviados.

 

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