El puñal bajo la toga

La importancia de una obra que expone el juzgamiento del rol de la justicia federal durante la última dictadura militar.

“La mente de un miserable solo puede odiar y hacer el mal. Lo justos aman”.

George Bataille


Hace pocos días, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) publicó de manera online el libro "La justicia federal al banquillo de los acusados" del abogado querellante en los juicios de lesa humanidad en Mendoza, Pablo Salinas, y publicado en 2017, libro que continúa el camino trazado por ¿Usted también, doctor?, de Juan Pablo Bohoslavsky, editado por siglo XXI en 2015, que también compila trabajos de distintos autores sobre la complicidad de jueces, fiscales y abogados durante la dictadura.

Creo que la edición de este tipo de materiales es un hecho importante en la historia del derecho de nuestro país, porque se trata de profundizar y complejizar el concepto de complicidad civil -tal como lo hizo Hannah Arendt-, para demostrar que las masacres, como la ocurrida entre 1976/83 en Argentina, no pueden ser llevadas a cabo sin la participación de personas que formaron parte del mismo tejido comunitario sobre el que se descarga el terror.

Un juez, un fiscal, un médico de la morgue, un defensor oficial, etc.; personas que formaron parte del misma sociedad civil igual que muchas de las víctimas. Victimarios y víctimas conviviendo en el mismo entramado social. Hay veces que en la misma pertenencia, clase, trabajo, vecindad. La banalidad del mal es un lugar, una complacencia, un hacer inmediato-mediato que producía efectos concretos en la cadena criminal desplegada; y como aporte, debe ser sometida a juzgamiento.

En el aparato organizado de poder genocida cumplían funciones aquellos que daban órdenes y las ejecutaban en una misma cadena de mandos (policías, militares, escuadrones), pero también los que no, y formaban parte de la misma población civil, sacaban provecho económico, dádivas, aportaban ideas, normas, confeccionaban expedientes, y firmaban todo tipo de documentos a sabiendas que encubrían la desaparición forzada o alguno de sus engranajes.

En esta distribución de responsabilidades se manchan las manos los que jalan el gatillo o aplican tormentos, como aquellos que después hacen todo lo posible por evitar que se sepa lo ocurrido, sentados en sus escritorios. Ahí estaba la función de la justicia que era –constitucionalmente- investigar los crímenes que la dictadura estaba cometiendo en ese momento. No hacer la vista gorda. No participar y encubrir esos crímenes. La banalidad del mal judicial, otro lugar de los asesinos de escritorio.

“El puñal homicida se encontraba oculto bajo la toga de los juristas”, decía Vormbaum de los juristas del régimen nazi. Al establecerse paralelismos entre la represión Argentina 1975-1983 y el caso de la Alemania de posguerra, sobre todo en aquellos vinculados al juicio de Nüremberg y la condena a los jueces del régimen nacionalsocialista, surge la pregunta sobre cómo juzgar a los que juzgaban bajo un régimen del terror, ¿cuál era su responsabilidad?; pero sobre todo la pregunta: ¿Qué es un genocida de escritorio?

Los “genocidas de escritorio” estaban allí, en esa cadena mediata del plan criminal; y, en el caso del Poder Judicial, consistía en convalidar lo actuado por el sistema represivo; encubrir, pero también –está demostrado en mucho de los casos– hasta participando en interrogatorios o negando la ayuda para salvar vidas.

La obra de Salinas tiene el mérito de ir contando su trabajo como querellante durante el juicio de Mendoza; sus impresiones, el diario de cada audiencia enfrentando con coraje los rostros de Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Evaristo Carrizo, todos ex jueces de la justicia federal mendocina, que continuaron ejerciendo su cargo en democracia hasta que la lucha de los organismos de derechos humanos, y la tarea memorable del Ministerio Público Fiscal (Omar Palermo, Dante Vega, Pablo Garciarena), pudieron llevarlos al banquillo de los acusados. Algo que no se pudo hacer del mismo modo en todas las provincias, y que aún sigue siendo una deuda de los juicios de lesa humanidad.

Por eso los genocidas judiciales son una deuda pendiente en nuestro país, y difícilmente podremos sanear nuestro poder judicial, si no la purgamos o no hacemos justicia con las rémoras de sus integrantes; entre ellos, el cuestionamiento de sus prácticas e imaginarios cuya matriz procede de aquellas épocas. Una suerte de Nunca Más judicial. Dejar atrás su impronta de casta autoritaria enquistada en el tiempo y que hoy vemos en expresiones como el law fare contra opositores políticos, o en la impunidad frente a reiteradas violaciones a derechos humanos de la actualidad.

En este sentido, el libro sirve como interpelación a los poderes judiciales en un momento bisagra del país, en el que se habla de democratizar y reformar la justicia federal argentina, poniendo en cuestión su función para que en el futuro no se repitan estos esquemas autoritarios; y en esta interpelación se ponga sobre la mesa qué tipo de juez hoy la sociedad argentina necesita.

El libro se puede descargar desde aquí.


Sobre el autor: Julián Axat es poeta y abogado.

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