El Salvador: ¿en la deriva autoritaria?

Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, se enfrenta a masivas protestas en rechazo de la reforma constitucional y la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal.


La autora es integrante del Grupo Amauta


Bukele llegó a la presidencia el 1 de junio de 2019 con tan solo 37 años, un estilo informal y un gran activismo en las redes sociales donde catapultó su popularidad. Así, el joven presidente ha contado con un amplio margen de apoyo desde el inicio de su gestión que se reforzó durante el contexto de la pandemia. Sin embargo, en las últimas semanas se han visto movilizaciones de miles de salvadoreños en protesta de las diversas medidas controversiales que ha aplicado el presidente, ganando el adjetivo de “Dictador”.

De esta manera, entre las medidas “autoritarias” que han impulsado la movilización del pueblo salvadoreño se destacan: la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal -convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo-; la búsqueda de la reforma constitucional para establecer la reelección inmediata; y el avance sobre los demás poderes, lo que constituye una grave regresión democrática.   


Reelección presidencial y avance sobre la separación de poderes

Es curioso el hecho de que mientras toda la población salvadoreña estaba atenta a la promulgación del proyecto de Bitcoin, paralelamente se ejecutaba una dudosa interpretación de la Carta Magna por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña (CSJ), la cual aprobó la reelección presidencial consecutiva.

De acuerdo con el artículo 152 de la Carta Magna, no puede ser candidato a presidente quien “haya desempeñado la Presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial. Sin embargo, los magistrados consideraron que la interpretación había sido errónea.

Según el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), "Es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y, de hecho, el Constituyente de 1983 obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva". El único requisito que presenta esta sentencia es que "el presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos" al inicio del siguiente período, por lo que si Bukele se postula para los comicios de 2024, deberá renunciar seis meses antes de terminar su actual mandato. Esta salvedad pretende evitar la violación de la "prohibición de prevalerse del cargo para realizar propaganda electoral".

Este accionar se suma a un conjunto de gestiones de carácter antidemocrático que viene llevando a cabo el oficialismo.

A partir de mayo, Bukele pasó a tener un control mayoritario sobre la Asamblea Legislativa luego de la victoria contundente en las elecciones. Este predominio habilita el poder absoluto para controlar el poder judicial y los órganos de segundo grado, como la fiscalía. De este modo, durante la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa se dio la destitución del Fiscal General y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por miembros afines al Ejecutivo, sin seguir el debido proceso y sin justificativo. Asimismo, el pasado 31 de agosto se llevó a cabo otro avance sobre el poder judicial mediante la modificación de la Ley de Carrera Judicial que forzó la jubilación de los jueces mayores de 60 años. 

Tanto los Estados Unidos como las Naciones Unidas condenaron este accionar y llamaron al respeto por el Estado de Derecho y por la independencia judicial.


La imposición del Bitcoin como moneda de curso legal 

Con el mismo enfoque arbitrario, a principios de septiembre entró en vigencia la Ley Bitcoin, la cual fue aprobada a los pocos días de ser anunciada por el presidente Bukele, sin consulta popular ni debate legislativo. De esta manera, El Salvador se convierte en el primer país del mundo en legalizar el uso de esta criptomoneda y, por lo tanto, todos los comercios y empresas se ven obligados a aceptarla como medio de pago.

Se podría decir que esta medida fue la que impulsó el quiebre de la popularidad que Bukele venía gozando. Si bien sigue manteniendo un gran índice de apoyo, la heterogeneidad de las personas que se manifestaron en contra de este accionar y del avance sobre las instituciones demuestra el alcance del rechazo popular.

Este rechazo unánime frente a la introducción del Bitcoin como moneda de curso legal se explica por las consecuencias negativas que puede llegar a tener debido a su alta volatilidad. La gran fluctuación que posee esta criptomoneda -pasó de costar aproximadamente 10.000 dólares en septiembre de 2020, hasta tocar un máximo de 63.000 dólares en abril de 2021, para luego caer a 30.000 dólares en julio- puede fomentar ataques especulativos que conlleven a un caos en el sistema monetario salvadoreño y que se vea afectado el valor de los ahorros, las jubilaciones o los salarios.

Entre los impactos inmediatos de esta medida se pueden enumerar los siguientes:

Renuncia a la política monetaria propia: si bien el país optó por la dolarización de la economía en el 2001, ahora no solo estaría condicionado por las vicisitudes de la economía norteamericana, sino también a las inestabilidades del mercado financiero.

Falta de transparencia con la población e incertidumbre sobre los supuestos beneficios: esta medida se ve más dirigida a potenciales inversores que a la población en sí misma, lo que genera grandes dudas sobre los aparentes beneficios. De hecho, las clases sociales bajas pueden verse perjudicadas por su alta volatilidad y la falta de liquidez.

Riesgos intrínsecos a la criptomoneda: su inestabilidad fluctuante, las dificultades técnicas a la hora del uso de “Chivo Wallet” -la billetera virtual creada por el Estado para efectuar los pagos en Bitcoin- así como el desconocimiento financiero por parte de la población salvadoreña.


¿La democracia de El Salvador pende de un hilo?

Como consecuencia, lo que se observa en El Salvador es que un presidente autodenominado “millenial” llega al poder con un amplio respaldo popular, sin identificarse con ningún partido político, ni ideología, en un país donde la gran mayoría de la población tiene una visión negativa de la democracia.

Con el control total de la Asamblea Legislativa y, subsecuentemente, con el poder absoluto sobre la Corte Suprema de Justicia, Bukele llegó al poder por la vía democrática pero ahora activa diversos mecanismos que lo perpetúan en él. El mayor hito de estas acciones antidemocráticas se encuentra en el proceso de reforma constitucional -sin participación, ni consulta ciudadana-, pero en el que se pretende introducir algunos elementos perniciosos, como la eliminación de la prohibición de partido único, la posibilidad de legalizar grupos armados y el aumento de competencias del Ejecutivo.

Paralelo a estos sucesos, Bukele anunció desde una conferencia de Bitcoin en Miami y en inglés, la imposición de esta criptomoneda lo que deja severas dudas sobre los beneficios que realmente puede ofrecerle a la mayoría de la población salvadoreña.

Aunque habrá que seguir de cerca cómo evoluciona el proceso de reforma constitucional y su repercusión en las calles, lo que se percibe es un rápido avance, en cuestión de meses,  del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, eliminando cualquier contrapeso que limite su accionar. Si bien el mandatario cuenta con un alto margen de popularidad, la introducción del Bitcoin representó un golpe a su credibilidad y se convirtió en una medida altamente impopular que deja al descubierto sus avances inconstitucionales. ¿Podrá Bukele prescindir del apoyo popular que lo llevó al poder?



Sobre la autora

María Jazmín Tisera es estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).


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