El sueño americano que nunca llega

PEW Research Centre (2017) estima que el 23% de todos los inmigrantes extranjeros en los Estados Unidos se encuentran en el país de forma ilegal. El número, que en cifras ronda unos diez millones de habitantes, ha visto picos de ascenso y tensión considerables desde que la crisis política y económica en Centroamérica se acrecentó a partir de, al menos, el año 2014.


La autora es integrante del Grupo Amauta


PEW Research Centre (2017) estima que el 23% de todos los inmigrantes extranjeros en los Estados Unidos se encuentran en el país de forma ilegal. El número, que en cifras ronda unos diez millones de habitantes, ha visto picos de ascenso y tensión considerables desde que la crisis política y económica en Centroamérica se acrecentó a partir de, al menos, el año 2014.

Lo que en su tiempo fue preocupación en la frontera sur por la inmigración mexicana, hoy adiciona a los migrantes que escapan de duras situaciones humanitarias en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. La lucha estadounidense contra la inmigración ilegal ha destinado hasta hoy recursos de todo tipo imaginables: económicos, legales, militares, muros, alarmas y vigilancia constante.

A su vez, quienes estudian la política exterior estadounidense tienden a caracterizarla como liberal en el discurso pero realista en el accionar. Sin embargo, la gira por América Latina de la actual vicepresidente Kamala Harris ha dejado ver quizás por primera vez desde el inicio de la actual gestión en palabras claras y concisas con cuánto realismo Estados Unidos ve a los inmigrantes.

En su paso por Guatemala y en una rueda de prensa conjunta con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, Harris declaró: “No vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras...si llegan ilegalmente serán enviados de vuelta”, dejando en un sentido silencio a la sala.

La declaración - aunque acompañada de promesas de ayuda - no solo es tan sintética como dura, si no que respaldada por los hechos. El mismo día, desde Washington, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaraba por unanimidad que los ciudadanos admitidos en el país mediante la garantía del estatus de protección temporal o TPS no podrán ser candidatos para una green card, el único documento que podría darles residencia permanente y ciudadanía en el país. En la actualidad los nacionales de doce países poseen el amparo del TPS incluyendo a Haiti, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

El fallo de la Corte afecta a un número estimado alrededor de 400.000 personas que residen en los Estados Unidos de forma legal bajo este sistema. Incluso si los mismos lo hacen hace décadas o si sus descendientes son nacidos en suelo norteamericano, para la determinación de la justicia el carácter de protección de su ingreso no es equivalente a su admisión a la ciudadanía.

Así el panorama se vuelve cada vez más desalentador para quienes buscan llegar al país de la libertad. El ingreso ilegal se ve cada vez más truncado y limitado por el riesgo físico que representa a los migrantes, que en la desesperación de escapar sus condiciones, siguen recurriendo a estas vías. Por otra parte, el camino legal requiere los esfuerzos y recursos económicos para no caer en lo que quizás sea el entramado burocrático más extenso de mundo. En las frecuentes palabras de asociaciones civiles de TPS: vivir bajo la constante amenaza de deportación, difícilmente puede ser llamado protección.


REFERENCIAS

Pew Research Center (2017) Key findings about U.S. immigrants. Recuperado de https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/



Sobre la autora


Magalí Torres es Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales (UADE). Coordinadora Institucional en Politólogos Al Whisky, colaboradora en Escenario Mundial y en el Área Medio Oriente del CEPI-UBA. 

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