La criminalidad organizada ambiental: los motores ocultos de la degradación ambiental

¿Cuántos títulos leíste esta semana sobre el cambio climático? ¿Y cuántos de ellos incluye la incidencia del crimen organizado?

¿Cuántos títulos leíste esta semana sobre el cambio climático? ¿Y cuántos de ellos incluye la incidencia del crimen organizado? Los crímenes medioambientales a menudo se subestiman y no reciben el tratamiento que merecen. La ignorancia social y la falta de voluntad política convierten a los delitos ambientales en el nuevo campo de acción del Crimen Organizado Transnacional.

Las prácticas criminales ambientales se han convertido en uno de los mercados más lucrativos, de menor riesgo y de mayor crecimiento de los últimos tiempos en América Latina. La connivencia entre los funcionarios públicos, importantes poderes económicos y financieros, y las redes criminales explican los bajos niveles de cooperación regional para abordar los delitos ambientales. Ciertamente, son escasas las veces que las instituciones públicas han coordinado efectivamente su localización, investigación, procesamiento y sanción. Esta impunidad explícita que encubre los delitos ambientales permite que el tráfico de recursos naturales sea una actividad de bajo riesgo para los criminales. 

Otro aspecto esclarecedor del auge de la criminalidad organizada ambiental es que la interacción entre el mercado ilegal y el legal es extremadamente laxa. Los recursos que se roban, explotan y trafican no son ilegales per se, por lo que existen numerosos métodos de blanqueo en lo que a su comercialización respecta. Es decir, el tráfico ilícito de recursos naturales se entrelaza con la formalidad en rápidos y cortos pasos.


Destruir para sobrevivir: los diversos agentes del crimen organizado ambiental

La organización del mercado ilegal de recursos naturales comienza en poblaciones pequeñas y aisladas, sirviendo como centros de abastecimiento y transporte de madera, oro y especies protegidas, entre muchas otras. Estas comunidades están a menudo en desventaja no sólo porque dependen de aquellos recursos para subsistir, sino también porque carecen de proyectos alternativos de ingresos. A ello se le suma que no existe evidencia contundente de presencia estatal que provea de asistencia social y económica.

La desolación y la informalidad producen el éxodo hacia otras formas de ingresos, haciendo así que aquellos pueblos se involucren en la deforestación ilícita, la minería ilegal, el tráfico de madera o el de flora y fauna protegida. Así es como las áreas más impenetrables de la Amazonia constituye uno de los escenarios más llamativos para el crimen organizado. Las organizaciones criminales ejercen control territorial y poder de extorsión en forma de impuestos y violencia, mientras que articulan diversas actividades ilegales en la zona.


Delitos ambientales y las manifestaciones del CO en América Latina

Las singularidades de las ecorregiones de América Latina y el Caribe crean una gran diversidad de ecosistemas, especies y recursos, que la convierten en un punto estratégico para las redes delictivas. Las manifestaciones del crimen organizado en la región son complejas, multifacéticas y suelen entrelazarse entre sí.

En este sentido, la explotación de la minería ilegal, como ocurre con la selva de Madre de Dios en Perú, ha desarrollado esquemas de lavado de activos que involucran a países vecinos como Colombia y Ecuador; de trata de personas, tráfico ilícito de explosivos y del vertido de residuos peligrosos como el mercurio y cianuro. Todo esto a costa de la salud de miles de seres humanos y el equilibrio de los ecosistemas.

El cultivo ilegal de campos de coca lleva a la degradación ambiental, pues se acaparan tierras y se las deforesta en virtud de convertirlas en terreno de cultivo. Eventualmente, estas áreas se utilizan como corredores del narcotráfico. La conjunción de rutas y experiencias del crimen organizado es valiosa, dado que facilita la ilegalidad y maximiza todos los recursos con los que cuenta. Por ejemplo, a veces la madera se usa para transportar cocaína, tallando agujeros en los troncos y ocultando los paquetes dentro.

Más aún, la relación costo-beneficio del tráfico ilegal de madera es prominente, puesto que varias naciones aún no lo han tipificado como delito, las penas para los traficantes son exiguas y otras actividades delictivas, como el narcotráfico o la trata de personas, drenan fuerzas y recursos oficiales para su persecución.

El tráfico ilegal de especies está clasificado como la tercera actividad delictiva más lucrativa del mercado oscuro. Sin duda, el creciente número de redes internacionales de comercio criminal organizado de vida silvestre representa una de las mayores amenazas para la biodiversidad. El aumento de esta actividad se debe a la expansión desmedida del mercado ilegal de especies silvestres a nivel internacional, que se nutre de una demanda constante de especies en peligro de extinción u onerosas. Esto también incluye la sobrepesca de especies locales y regionales, que desestabiliza el equilibrio natural de las aguas circundantes y amenaza la supervivencia de las especies.


¿Qué hacemos entonces?

Todo lo anteriormente dicho arroja una serie de cuestiones en torno a la respuesta de las autoridades estatales y a la indiferencia de las sociedades latinoamericanas frente a la criminalidad organizada ambiental. Si bien no es un tema de investigación y difusión masiva, la evidencia demuestra que los países de la región que han desarrollado marcos regulatorios respecto a los delitos ambientales no han alcanzado niveles de implementación significativos.

Sin tecnología, capital humano especializado, voluntad política y presión social, cualquier medida que se pretenda establecer estará destinada al fracaso o al conformismo de resultados deficientes. Los futuros cursos de acción nacional e internacional frente la criminalidad ambiental requieren un nuevo enfoque estratégico y juicioso sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la sostenibilidad del planeta.

Por otro lado, la dimensión internacional de estos crímenes y su vinculación con la delincuencia organizada no solo hacen que la cooperación transfronteriza sea una pieza fundamental, sino también da cuenta de la cantidad y diversidad de actores involucrados. A efectos de abordar la problemática de manera integral, es imprescindible identificar los distintos agentes del proceso de la criminalidad organizada ambiental. La interacción entre la criminalidad, la informalidad, la vulnerabilidad y el sector formal debería ser el objeto de referencia del análisis que las entidades gubernamentales llevan adelante. Una vez comprendida la magnitud y complejidad del fenómeno es que los Estados podrán proyectar estrategias diferenciadas, que permitan atacar el problema desde sus raíces. 

No obstante ello, la defensa del medio ambiente no es competencia excluyente del Estado. Evitar crisis humanitarias y climáticas es responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas, e implica instruir a la sociedad en forma colectiva para fortalecerla frente a Estados y poderes económicos cómplices, corruptos e indiferentes.


Sobre la autora: Sofía Vega Buono es estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Lanús. Investigadora Junior del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT). Miembro del Grupo de jóvenes Investigadores, Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

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