La deuda como límite económico y político

OPINION. Cerró la primera mitad del año, y empieza a acelerarse el calendario electoral. Así podría resumirse la agenda económica del 2021.


Una mitad con sinsabores. La recuperación económica en el primer trimestre alentó expectativas de un dinamismo mayor al esperado en el presupuesto, aunque ya en abril aparecieron señales de ralentización. La expectativa de inflación también se sobrepasó, del 29% original a una estimación de mercado en torno al 48%. Esto a pesar de que el tipo de cambio y las tarifas actuaron como anclas, que no pudieron contener la inercia del ajuste, guiada por la recomposición de ganancias empresarias, ni el impacto de la suba de los precios internacionales. Aún no se han recuperado los puestos de trabajo perdidos en los últimos años, ni el valor de los salarios. Por ello, la lucha contra la pobreza queda restringida a las transferencias estatales, que además se han limitado (por ejemplo, por la ausencia de un nuevo pago de IFE).

En el frente externo, los precios internacionales han ayudado a lograr un superávit significativo, que alimenta lentamente las reservas, al menos mientras se sostienen los controles cambiarios. Estos probarán su eficacia en un año electoral. Por el lado fiscal, contra las diatribas ortodoxas, el déficit primario apenas fue del 0,1% del PBI, ampliándose al 0,5% si se consideran los pagos de intereses. Este “casi” doble superávit alimenta las ilusiones de un kirchnerismo 2.0, donde por la virtud de la expansión económica pueda existir una estrategia de ganar-ganar entre diferentes sectores y clases sociales. Por supuesto, esto no duró antes. Y no parece poder terminar de arrancar ahora.

Es que la amplia coalición gobernante contiene, permite enfrentar exitosamente, pero no queda claro que pueda terminar de definir el programa de gobierno. Diferentes fuerzas sociales cruzan el gobierno. Y aunque se suele pretender enfatizar la presencia y prioridad de trabajadores/as y empresarios PyME, lo cierto es que grandes empresas y acreedores tienen un lugar privilegiado.

En la mitad del año que arranca se llevarán a cabo las elecciones legislativas, lo cual promoverá –como suele ocurrir y como el gobierno se encarga de remarcar semana a semana- un impulso a la actividad económica. Nueva ronda de paritarias y revisión de las cerradas, aumentos de asignaciones, haberes y salario mínimo, todo arrimando al límite del aumento de precios, para recomponer el poder adquisitivo. Más obra pública, siempre visible en año electoral, que sube bastante (120%) aunque sigue representando una parte relativamente pequeña del gasto público. Tarifas pisadas, que presionan las cuentas públicas al requerir mayores transferencias desde el Estado hacia las empresas prestadoras. Todo el escenario montado para salir airoso de la contienda legislativa, incluso ante la adversidad de la pandemia.

¿Podrá el gobierno llevar adelante esta estrategia? Depende de varios factores, aquí resaltamos uno, que persigue como fantasma la política económica argentina desde hace décadas. La deuda. No hay sorpresa: solo énfasis.

El legado de Cambiemos es, en este sentido, un verdadero peso muerto. El crecimiento acelerado de la deuda pública deterioró todos los indicadores de sostenibilidad: magnitud respecto de exportaciones y PBI, moneda de denominación, jurisdicción, tipo de acreedor. La imposibilidad de pagar en los tiempos establecidos obligó al gobierno del Frente de Todos a tomar el tema como prioridad. Rápidamente se buscó –y logró- cosechar apoyos internacionales para ello. Y locales, no olvidemos que la misma fuerza política que endeudó al país votó la ley de Sostenibilidad de la deuda que propuso el ministro designado para la tarea, Martín Guzmán.

Pero estalló la pandemia de la COVID-19 y esto demoró todo. Para agosto se anunció el acuerdo con acreedores privados en el extranjero, evitando la cesación generalizada de pagos. El mismo se basó en extender plazos de maduración y una relevante baja de las tasas de interés, lo cual permitió cierto ahorro aun sin grandes quitas de capital. Pero especialmente permitió ganar algo de tiempo, para enfrentar la siguiente batalla en el mismo campo, ahora con los Estados, de manera bilateral y multilateral. El 2021 es el año del Club de París y el FMI.


¿Sostenibilidad?


La idea de sostenibilidad de Guzmán es, sintéticamente, que los servicios de la deuda sean compatibles con el crecimiento del producto, de la mano de los resultados fiscal y externo. Una definición razonable, casi contable, que choca contra el desmanejo ejecutado por Cambiemos. Una ecuación en la que el propio Guzmán admite –incluso desde antes de la gestión, en calidad de académico- la necesidad de contemplar la variable política para garantizar su consistencia.

Para que la ecuación tenga sentido, sin embargo, la deuda debe haber sido utilizada para generar ese crecimiento económico y –si está nominada en moneda extranjera- del superávit externo. De no haberlo hecho, la ecuación se vuelve una asociación espuria, que puede coincidir solo por azar. No teniendo la deuda una asociación causal previa con la inversión, ajustarla ahora al sendero de expansión de la actividad, los recursos fiscales y externos supone una reducción de los servicios. Esto requiere la anuencia de los acreedores, aceptando una reducción de sus acreencias, que hasta ahora no se ha demostrado probable. Caso contrario, es necesario ajustar la ecuación del otro lado, lo cual no deja mayor espacio a su validación política. Aquí se encuentra atascado Guzmán y el gobierno de Alberto Fernández desde hace año y medio, ahora frente a elecciones.

Los acreedores externos, los mismos que canjearon los bonos hace menos de un año y cobran su primera cuota el patrio día del 9 de julio, quieren ver acumularse reservas que les garanticen pagos. Y presionan entonces por mayor ajuste fiscal y mayor impulso a las exportaciones. Algo similar a lo que requieren los Estados reunidos en el Club de París, que aceptaron el mes pasado un pago parcial a cuenta, a cambio de insistir con la urgencia de un acuerdo con el FMI –y demorar pagos a China. En un movimiento de pinzas, todos insisten en darle poder al cancerbero del sistema financiero internacional, el organismo que tiene capacidad de imponer programas económicos por la vía de recomendaciones y condicionalidades –algo que no pueden hacer de forma directa acreedores privados ni Estados de forma bilateral.

La negociación con el Fondo sigue en buenos términos. El sobrecumplimiento fiscal de Guzmán en la primera mitad de año fue un gesto para esta negociación, al mismo tiempo que un resguardo ante los gastos por venir. El Fondo enfrenta una auténtica crisis global de deuda, para la cual hasta el momento ha tenido insuficientes iniciativas. De su capacidad prestable, apenas puso a disposición un cuarto, de la cual prestó efectivamente la mitad. Considerando que se trata de la crisis más general y profunda en un siglo, no parece ser una determinación fuerte de lidiar con la crisis. Menos aun con generar alivios de deuda, algo que reserva a cuentagotas a los países más pobres. El FMI ha ofrecido a nivel global 50.000 millones de dólares para lidiar con la pandemia, un 12% menos de lo que puso a disposición del gobierno de Macri hace 3 años.

Para la Argentina, economía de tamaño medio, el alivio no llegaría. Ni siquiera como gesto de aceptación de la co-responsabilidad por haber otorgado un crédito para financiar la fuga de capitales, contraviniendo su propio estatuto. No habría una quita, ni tampoco una extensión de plazos a 20 años, como era la expectativa inicial del gobierno. La discusión estaría trabada en reducir –ni siquiera eliminar- los sobrecargos aplicados por exceder la cuota prestable al país. Una concesión ínfima en un contexto absolutamente delicado. El nuevo préstamo, que extendería la devolución a 10 años, sería uno de facilidades extendidas, que –de acuerdo con los procedimientos del fondo- llegaría con requisitos de reformas.

No sabemos cuáles serán estas reformas, porque dependen de la paleta que elija el propio gobierno argentino, para garantizar su aplicación en término. “Elija su propio martirio”. Sabemos que requerirán consolidación fiscal, que impedirá sostener las políticas fiscales expansivas. Se puede prever que pedirán gradual apertura de la economía, lo cual supone la quita de controles de capitales y cambiarios que han ayudado a que la crisis no sea peor. Y sabemos que, igual que los acreedores privados y un segmento de fervientes neodesarrollistas, pedirán incrementar las exportaciones. Porque la restricción externa parte del supuesto que la deuda se tiene que pagar, y los plazos no dan para acumular suficientes reservas. Por ello, urge vender al exterior todo lo que se pueda. Incluyendo litio, soja, salmones y cannabis. Todo.

Y aun así, las cuentas difícilmente den para pagar a los acreedores privados y al FMI en estos plazos, motivo por el cual, el escenario más probable es hacer la tarea que se nos manda, para poder volver a reestructurar dentro de unos años. Pero esto implica mantener el sendero marcado por los acreedores, algo que va contra las promesas de campaña del Frente de Todos, y que difícilmente le permita retener el voto fuera del círculo de convencidos/as.


Una sostenibilidad más amplia


La sostenibilidad tal como la entiende Guzmán está jaqueada no solo por el origen espurio sino por la dinámica de la ecuación. Justamente, vincular el origen de la deuda a su dinámica actual y futura implicaría discutir su propia legalidad, algo que no está dado de antemano. En el canje del año pasado se tomaron al menos 3 bonos cuestionados ante la ley, permitiendo un “lavado de cara” de los títulos, que se alejan así de su origen ilícito. Similar a lo que ya ocurrió antes con las deudas originadas en la dictadura que aun reclama el Club de París. El acuerdo ahora en negociación con el FMI está judicializado por varios frentes, puesto que no respetó las normas más básicas del Estado de derecho. ¿Cómo aceptar y reestructurar una deuda que se asume de legalidad cuestionable?

Más aún, ¿cómo es que se asume que el derecho de los acreedores a cobrar –de cuya legalidad se duda- tiene prelación sobre los derechos humanos de la población argentina? Al reestructurar, el gobierno está intercediendo en la definición de una prioridad que va contra su propio discurso. Esto ha sido planteado desde la propia coalición de gobierno, mediante la proclama del 25 de mayo, donde se exige poner la vida y la salud antes que la deuda. Es algo que diferentes organizaciones sociales se han encargado de enfatizar en el debate público mediante un Juicio Popular a la deuda y el FMI. Se trata de buscar una noción más amplia de sostenibilidad, que ponga la vida antes que la deuda.

Quienes razonan a favor del arreglo, asumen que los costos de un default son los que afectarían a la vida en el país, debidos a los sobrecargos, los juicios, el cierre de potenciales líneas de crédito en organismos multilaterales (por ejemplo, los créditos que sostienen mucha de la obra pública), incluso pérdidas de preferencia en ciertos mercados. Sin embargo, no se contempla en esta cuenta que en las últimas décadas los esfuerzos denodados por cumplir estos compromisos (como los que impulsó antes el propio kirchnerismo con la estrategia de “desendeudamiento”) no han atenuado las demandas de acreedores –privados y oficiales. Una cesación de pagos liberaría recursos para atender la urgencia de la crisis, y sería además una poderosa herramienta de negociación ante los acreedores. Una menor presión de pagos inmediatos permitiría repensar qué bienes o servicios la Argentina pretende vender al mundo, en lugar de vender lo que existe, tal como está, con la urgencia primarizante del pago próximo.

Por supuesto, un camino de este tipo estaría signado por el repudio de los acreedores y sus corifeos locales. Incluso acarrearía la necesidad de revisar otros ángulos de la estructura económica, como la participación en YPF de fondos acreedores como Blackrock. Pero al mismo tiempo permitiría mejorar la vida de la población argentina, al disponer de más recursos para comprar vacunas o alimentos, además de ganar consensos políticos. Más cerca de una utopía es pensar que arreglar con los acreedores, esta vez, dará un resultado distinto.


Sobre el autor: Francisco Cantamutto (IIESS UNS-CONICET, SEC)


Diarios Argentinos