La falacia de la inclusión cultural

OPINIÓN. En un continente atravesado más intensamente por las desigualdades que cualquier otro en un mundo intensamente desigual, la centralidad de la inclusión social puede forzar errores conceptuales a la hora de pensar cómo deben garantizarse los derechos culturales desde el Estado. En un momento donde vuelve a ponerse en discusión el modelo social que queremos en nuestro país y en nuestra región, queremos llamar la atención sobre el peligro de caer en la trampa de buscar la “inclusión cultural”.

La cultura comienza a ser una responsabilidad asumida por parte de los Estados a partir de la irrupción del internacionalismo a nivel global, a mediados del siglo XX. Esto se dio como respuesta ante la tragedia de la IIGM: los gobiernos comenzaron a asumir el compromiso de generar determinados “pisos” de garantía de derechos para la ciudadanía en su conjunto, en agendas como Educación o Salud, ampliando exponencialmente el catálogo de derechos humanos. En nuestro país, con la reforma constitucional de 1994, decidimos incluirlos con rango constitucional en nuestro marco jurídico. Los derechos culturales tienen su origen en la Carta Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sancionada en Bogotá en 1948, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese mismo año.

Cómo se comenzó a atender esta “nueva” agenda por parte de la política pública es un tema en debate en nuestra región -al menos- desde los años 80, cuando un grupo de científicos sociales intuyó que las políticas culturales podían servir estratégicamente para consolidar la recientemente recuperada democracia, cuya sustentabilidad política aún estaba en cuestión. Hasta ese momento, el Estado se había limitado a la reproducción de los circuitos tradicionales de las Bellas Artes[1], eventualmente incluyendo algunas expresiones folklóricas siempre en perspectivas que insistieran en un modelo de ciudadanía cultural occidental y monocultural, cerrado a la diversidad. Las élites gobernantes habían interpretado los compromisos asumidos (derechos culturales para la ciudadanía en su conjunto, en el marco de una mirada que progresivamente iría aclarando su posición valorativa de la diversidad cultural, como la posibilidad de costear con fondos públicos la producción, exposición, circulación e instancias de legitimación del arte de cuño occidental que estas mismos grupos sociales habían adoptado como patrimonio propio, y recurso para sostenerse en la cima de una sociedad taxonomizada, organizada sobre la “distinción civilizatoria”, que buscó distinguir a “los cultos” -puntualmente aquellos que se hicieron con las tierras y el Estado en el marco del proceso de organización nacional- de “los bárbaros”, que vendrían a ser todos aquellos que porten marcos ontológicos, epistemologías (formas de conocer el mundo y explorarlo) prácticas culturales, repertorios simbólicos, idiomas. O rostros comprometedores, lambrosianamente hablando. Todos “negros”, en lo cotidiano (incluso, “negro de cabeza” o “de alma” quien piense la sociedad argentina con lentes contemplativos hacia los sectores populares). En la matriz liberal de quienes forjaron el país a su antojo, desde su mirada ideológicamente condicionada, y a través de un relato de la Argentina como Europa en América, las artes eran un reducto inaccesible para la negrada, que carecía de herramientas para entenderlo.

 La gestión cultural -campo disciplinar que analiza, diseña e implementa políticas culturales- ha señalado ya “el carácter antagónico y dilemático de la cultura que se construye entre la “alta cultura”, o el espacio de la cultura como siempre se ha entendido e institucionalizado, y las necesidades básicas insatisfechas”[2]. 


Los intelectuales de los 80, buscando recuperar la apropiación comunitaria del espacio público, debilitada por la acción de la última dictadura, que instaló el miedo y la desconfianza como valores centrales de su modelo social (forzando al exilio y desapareciendo artistas, aplicando censura, y quemando libros, dentro del catálogo de horrores), comenzaron a promover -entre otros dispositivos- la realización de grandes eventos en el espacio público. 


Esa herramienta, válida en un principio, posiblemente indispensable, fue progresivamente perdiendo el argumento que la justificaba con el propio devenir histórico y la transformación de la sociedad argentina. Se forma la primera contradicción estructural de las políticas culturales hegemónicas. 

Creemos que estas tienen actualmente dos vertientes: por un lado, la neoliberal que busca que la dimensión económica de la cultura invisibilice su naturaleza política, atravesada por tensiones a las que a su vez atraviesa y reconfigura. La “narrativa oficial” para la región es la Economía Naranja postulada por el Banco Interamericano de Desarrollo (si, una política cultural pensada por un banco, dicen mis amigos colombianos de la Unidad Nacional de Artistas). Por el otro lado, la vertiente progresista, que no logra identificar cómo romper esa matriz constitutiva y la administra con mayor inversión, cambiando los modos, y alterando contenidos. Genéricamente, podemos indicar que -a grandes rasgos- oscilan entre el eventismo y la democratización cultural. Por el primero entendemos el sostenimiento de la lógica de grandes eventos en el espacio público, cuarenta años después del momento en el que fue necesario, muchas veces guiado por un mal criterio de “capitalización política”, que percibe virtud en el hecho de mostrar candidatos con artistas famosos[3]. Por lo segundo, se entiende la intención de volver accesibles experiencias (bienes y servicios culturales) a poblaciones estructuralmente privadas de su consumo. Es aquí donde queremos poner el foco.



En principio, “democratizar la cultura” suena bien y necesario; pero no solamente es insuficiente, sino que encierra algunas trampas peligrosas.


El progresismo no logra comprender el hecho de que -junto con la “experiencia sensible”- circulan determinadas miradas del mundo, formas de sentirlo. Que los diferentes territorios y comunidades de nuestra sociedad tengan contacto con todos los lenguajes artísticos y corrientes es necesario, pero ¿es eso lo que sucede cuando se aplica este paradigma? Cuando se evalúa cuáles son los contenidos que circulan (y cuáles los que no), aparece nuevamente la cola de la distinción civilizatoria. Generalmente se trata de contenidos que condensan una mirada, problemas, formas de abordarlos e intentar resolverlos, propios de la mirada occidental, moderna y eurocéntrica. Esto afecta incluso qué se entiende por arte y qué no (quisiéramos preguntarnos dónde se decidió que las áreas públicas de Cultura trabajen primariamente con Arte, pero quedará para otro artículo). Podrán ser creadores con un marco ideológico / político más cercano a los ideales emancipatorios, pero las formas, los contenidos y los lenguajes son indefectiblemente aquellos que se configuraron desde el iluminismo eurocéntrico. Entonces “cultura para todos” puede sonar muy bien, siempre que sea la “cultura de todos” la que se difunde y divulga. Programar ballet en una villa –“llevando cultura” diría el funcionario o la gacetilla de turno- no estaría mal, siempre que lo que se produce ahí también pueda acceder a presentarse ante los públicos del ballet. Si seguimos negando que nuestros territorios son culturalmente densos, rebosantes de creatividad y a la espera no tanto de las condiciones materiales para producir, sino por sobre todas las cosas un apoyo diferencial para que lo producido circule y se legitime, seguiremos inundando de ceniza la potente brasa creativa que conjuga nuestro pueblo. Claro que -siguiendo la corrección política clásica de la progresía- esto generalmente se complemente con una “caridad creativa” compensatoria, generando capacidades de creación simbólica en comunidades “vulnerables” (¿no serán vulneradas?) que después sufren la impotencia (en el sentido más literal de la palabra) de trascender a través de ellas, dado que solo logran mostrarlas en el dispositivo barrial más cercano. 


La “inclusión cultural” es de cartón, como los ploteos que se ponen en las fachadas de los edificios que se van a remodelar para mostrar lo pitucos que van a quedar.


La democratización actúa como placebo de la progresía bienpensante, que -extasiado por la ampliación de derechos civiles, sociales, económicos y políticos- extiende la narrativa de la inclusión irreflexivamente al terreno cultural. Todos somos sujetos de cultura (exceptuando a alguien que se haya criado entre animales, sin contacto humano, se aclara por las dudas), aunque el Estado mire estructuralmente para otro lado. Si la “inclusión cultural” procura incluir a algunos a la cultura de otros, sin viceversa, es colonialidad: reproducir la matriz de dominación que nos legó la experiencia de dominación europea. Entendiendo que la unidad nacional conlleva la comprensión de su diversidad cultural, debemos aceptar que la tensión entre inclusión y diversidad solo puede salvarse desde una perspectiva intercultural, que valore los intercambios entre grupos, identidades y culturas sin reservas, indistintamente de dónde provienen, siempre que sea en un marco de respeto y de intercambio natural, sin otro tipo de interés. En nuestra perspectiva, solo una verdadera transformación de la política pública en cultura puede desandar el nudo gordiano en el que se encuentran atrapados los derechos culturales de la totalidad de la ciudadanía argentina. Acceder a la cultura es mucho más que consumir lo que otros producen, especialmente cuando esos otros son muy pocos y reproducen una mirada de nuestras realidades que es ajena, y que a la postre viene demostrando la virulencia de su fracaso.

Desatar el potencial transformador de la producción simbólica -lejos de lo latoso que es “el arte” hegemónico para las mayorías en nuestro suelo- privando a la capacidad creativa de nuestro Pueblo de las restricciones que la asfixian (o las fuerzan a ser funcionales a un deber-ser ajeno al propio para convertirse en sustentables) nos daría herramientas para construir un futuro deseado colectivamente. Esa es la función social del arte. Además de perdernos los mejores talentos de las actuales generaciones, y seguir perdiendo terreno en el mercado iberoamericano -en épocas en las que nos vendría particularmente bien exportar producción cultural con mayor volumen- nos perdemos la posibilidad de pensarnos desde el nosotros, y buscar alternativas propias para transitar un siglo que nos va a presentar desafíos que nunca como Humanidad atravesamos.


Sobre el autor: Director de la Cátedra libre de Gestión cultural de la FA UNLP. Miembro de Fundación Urbe.


   

 REFERENCIAS

[1] Sobre esto, escribí con mayor profundidad recientemente en el dossier sobre derechos culturales de la serie “Documentos de trabajo sobre problemáticas comunes al AMBA”, publicado en octubre de 2020 por la Fundación Urbe. Disponible en https://urbe.com.ar/wp/wp-content/uploads/2020/11/Dossier%20Cultura%20Octubre%202020.pdf

[2] Lacarrieu, M. (2009: 111) ‘Cultura-Inclusión: reflexiones críticas acerca de una relación’, Indicadores culturales UNTREF. Disponible en: http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores_culturales/2009/Cultura-Monica Lacarrieu.pdf.

[3] Ver Ciudadanía Cultural. El Derecho a la Cultura de Marilena Chaui (2013, RGC Ediciones).

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