La Justicia Electoral frenó el subsidio del Gobierno para desocupados

El Frente de Todos había presentado una medida cautelar para que no se ejecute. La jueza Servini explicó que busca "evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente".

La jueza con competencia electoral nacional, María Servini de Cubría, le ordenó hoy al Gobierno nacional de Mauricio Macri no pagar el subsidio de $ 5000 para desocupados que había anunciado previo a las elecciones generales del 27 de octubre. 

La magistrada hizo lugar a una medida cautelar que presentó el Frente de Todos, el espacio que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En el fallo, explicó que se busca "evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente".

La decisión de ir a la Justicia por parte del frente opositor se dio tras una publicación periodística del periodista Mariano Martin en Ámbito Financiero, en la que se reveló cómo estaba organizando el reparto del subsidio a través de municipios con intendentes de Cambiemos o dirigentes y candidatos locales del oficialismo nacional. 

La medida había sido tomada a través de la Resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, firmada el 3 de octubre por el responsable de esa dependencia, Fernando Prémoli, pero que recién fue publicada en el Boletín Oficial el martes 8. Todo bajo la orden del Ministerio de Producción y Trabajo, conducido por Dante Sica.  

El Gobierno lo denominó "Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo": un pago de $5000 por única vez para desocupados "mayores de 18 años", quienes no debían percibir otros ingresos a través de prestaciones sociales o previsionales. Se había calculado que llegaría a 114 mil personas de todo el país.

Servini señaló que la inscripción para este beneficio tenía como fecha tope de cobro el 8 de noviembre y consideró que esto tenía "el posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional".

"Esta situación podría redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”, sostuvo la jueza.

Y resolvió: "En base a lo expuesto y a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones del próximo 27 de octubre, con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente, corresponde disponer, en forma previa a la sustanciación de este proceso, una orden de restricción al Sr. ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Sr. Dante Sica".

Con esta medida, la magistrada obligó al Gobierno a abstenerse de "disponer de los fondos" del subsidio "hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo". El Ejecutivo nacional podrá apelar ante la Cámara Nacional Electoral.


Los detalles del subsidio

Al presentarse en la Justicia, el Frente de Todos argumentó que la medida violaba el artículo 139 del Código Electoral de la Nación, que establece una pena de uno a tres años para quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”. 

Además, reclamaron que la decisión no fuera publicada en su momento en el Boletín Oficial y aseguraron “que existen testimonios de intendentes y dirigentes que confirmaron que el beneficio creado fue prometido a los votantes a cambio de apoyar a los ejecutivos que lo conceden y se han remitido planillas con datos personales de los futuros posibles beneficiarios".

El total del gasto había sido calculado en $570 millones, con la posibilidad de ampliarse $80 millones. El plazo para el cobro estaba estipulado para el 8 de noviembre. Además, ya estaban definidos los destinos del dinero:
$153 millones irán a Lomas de Zamora; $62 millones al partido de San Martín; la provincia de Chaco $37 millones, Formosa $34 millones, Rosario $30 millones; Santa Fe $28 millones; Mar del Plata $27 millones, y Corrientes $26 millones, entre otros.

En algunos distritos donde gobierna el peronismo, los encargados de administrar y entregar el subsidio eran dirigentes y/o candidatos de Juntos por el Cambio. Así lo denunciaron, entre otros, los intendentes Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) o Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas).

"El concejal, a través de la gobernadora María Eugenia Vidal, gestionó un bono de $5000 para todas aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de 16 años; no estar percibiendo seguro por desempleo; no percibir jubilaciones/pensiones; no trabajar en relación de dependencia; no tener empleados a cargo; no contar con monotributo; no estar percibiendo planes sociales/planes de empleo. Todas aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos se pueden anotar este JUEVES de 09:00 a 18:00 hs en las oficinas de Juntos por el Cambio", rezaba una publicación realizada por el candidato del oficialismo nacional en uno de esos municipios que gobierna el Frente de Todos.

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