La Mochila Argentina: una reforma laboral a la medida de las grandes empresas


En los últimos meses empezó a circular con fuerza una propuesta de reforma del sistema de indemnizaciones laborales denominada “Mochila Argentina” . Su principal impulsor es el empresario textil Teddy Karagozian, pero suscriben varios grupos económicos y confederaciones empresariales. En su planteo, se la presenta como una alternativa al actual sistema de indemnizaciones y de regulación de las relaciones laborales que traería beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores, disminuyendo la litigiosidad laboral y, por ende, solo perjudicando a los abogados que lucran con esa conflictividad. Sobre este marco, en este artículo proponemos un análisis de esta propuesta intentando problematizar las posibles consecuencias de su implementación, a fin de mostrar que ella supone una alternativa perjudicial para los trabajadores, pero también para las empresas más nuevas.

En principio, la Mochila Argentina propone reemplazar el actual régimen de indemnizaciones, según el cual si un empleado es despedido de su trabajo debe percibir, por parte del empleador, un monto equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado. Este sistema no solo funciona como un seguro de desempleo, dándole al trabajador despedido un sustento económico, sino que, sobre todo, dota a las relaciones laborales de estabilidad en la medida en que los despidos pasan a estar desincentivados.

¿En qué consiste, entonces, la propuesta de la Mochila Argentina? En líneas generales, en la eliminación del actual régimen de indemnizaciones y su reemplazo por un seguro de desempleo financiado por aportes patronales y administrado por ANSES. Las empresas pagarían una cuota variable (que, según la propuesta, va del 2 al 8,33 por ciento de la nómina salarial, tomando como criterio la antigüedad promedio de los empleados de la empresa: porcentajes menores para empresas con antigüedad promedio mayor, de modo de incentivar la perdurabilidad en los empleos) y cuando los trabajadores renuncien, sean despedidos, decidan tomar licencia o se jubilen podrán acceder a esos fondos percibiendo cada mes el equivalente al último salario, por un total de meses equivalente a la cantidad de años trabajados. Así, entienden, al eliminarse para el trabajador la diferencia entre un despido con o sin causa y para el empresario el costo de despedir o no despedir se eliminará la litigiosidad laboral y aumentarán la productividad, las inversiones y el empleo. Si es así, ¿dónde está la trampa?

Hoy en día muchas empresas constituyen previsiones por despido todos los meses. Es decir, separan contablemente una parte de sus ganancias en un fondo que ha de usarse si tienen que pagar una indemnización. De hecho, la ley les permite deducir estas previsiones del pago del impuesto a las ganancias. Desde ya, algunas lo hacen y otras no. Si una empresa pretende hacerlo por el monto total, de modo de no tener que retirar recursos de otras fuentes a la hora de despedir a un trabajador, deberá integrar en esa previsión el 8,33 por ciento del salario bruto. En este caso, en primer lugar las empresas pueden apropiarse de las rentas financieras resultantes de la inmovilización de estos fondos, dado que nunca dejan de pertenecerles hasta que pagan las indemnizaciones. En todo caso, dado que las indemnizaciones se calculan sobre el sueldo del último mes, esta rentabilidad será positiva o negativa en función de la variación esperada de los salarios, dado que con ella se deben cubrir, al pagarse las indemnizaciones, las actualizaciones de las previsiones pasadas hacia el salario último. Sin embargo, el dato más importante es que cuando un trabajador renuncia o se jubila, es decir, cuando cesa en su actividad laboral sin que medie un despido -lo que sucede en la enorme mayoría de los casos- estas previsiones vuelven a la empresa.

Es decir, las empresas pagan como indemnización el 8,33 por ciento de los salarios de los trabajadores efectivamente despedidos. Si en el largo plazo un 20 por ciento de los trabajadores cesa su actividad con un despido y un 80 lo hace renunciando o jubilándose, las empresas pagarán como indemnizaciones totales al 1,66 por ciento de la masa salarial total. Es decir, menos que el mínimo propuesto por la Mochila.

En este sentido, las empresas nuevas, aquellas cuyos empleados no tienen antigüedad en la firma, pagarán con la Mochila el 8,33 por ciento: el equivalente a las previsiones por despido en el caso de que esperen despedir a todos sus trabajadores. Sin embargo, las empresas viejas pagarán menos que eso y es probable que, en caso de pretender hacer despidos masivos o generalizados, la Mochila les reporte una ventaja.

¿Cuáles serían las ventajas para los trabajadores? En principio, claramente la habría para aquellos que disponen de distintas ofertas laborales y que planean una carrera en la que vayan cambiando de empleador. Se trata, en general, de los más jóvenes y calificados. En el actual sistema de indemnizaciones, si alguien cambia de empleo por voluntad propia renuncia al derecho a la indemnización y no la traslada al nuevo trabajo. Esto cambiaría con la Mochila. Sin embargo, al eliminarse el desincentivo a despedir todos los trabajadores pasarán a estar en situaciones laborales mucho más inestables. El empleo no es solo un ingreso, también es un plan de vida: flexibilizarlo y asignarle mayor incertidumbre es nocivo, sobre todo para los trabajadores más viejos o con menor calificación.

Sin ir más lejos, hoy en día una de las mayores problemáticas abiertas de los mercados de trabajo es el desempleo en adultos mayores de cincuenta años: demasiado jóvenes para jubilarse pero demasiado viejos para conseguir un nuevo trabajo. En muchos casos, los mayores de cincuenta conservan sus empleos principalmente por el alto costo indemnizatorio. Con la Mochila se elimina ese desincentivo, la probabilidad de ser despedidos aumenta y nada se hace con las alternativas para una nueva contratación. Así, es esperable que de aprobarse la Mochila el desempleo en mayores de cincuenta aumente.

En síntesis, si bien con la Mochila la cantidad de trabajadores que percibirá una indemnización o su equivalente será necesariamente mayor, se promueve una distribución del empleo al interior de los trabajadores a favor de los más jóvenes y de los más calificados, amplificando las desigualdades, al tiempo que se potencian las incertidumbres de la vida al dotarse de inestabilidad a las relaciones laborales.

Otro problema para los trabajadores es el cobro de la indemnización en cuotas (algo que hoy en día a veces sucede, pero surge de la negociación entre las partes). No es lo mismo percibir el monto todo junto que hacerlo mensualmente. Si despiden a un trabajador de veinte años de antigüedad, tardará poco menos de dos años en cobrar lo mismo que en el régimen actual se cobra al principio. Sin embargo, respecto al monto la propuesta tiene otro punto débil: ¿alcanzan las contribuciones patronales propuestas en su articulado para pagar las indemnizaciones prometidas? Veamos.

En una economía sin inflación y sin variación de los salarios, una indemnización equivale, como ya mostramos, al 8,33 por ciento de la masa salarial bruta total. En la Mochila se promete a los trabajadores cobrar un mes por cada año de trabajo. Es decir, el mismo monto que el de las indemnizaciones. Sin embargo, en este caso lo cobrarían todos los trabajadores, no solo los despedidos. Ahora bien, si las empresas pagan entre 2 y 8,33 por ciento de la masa salarial como contribución al fondo de la Mochila, indudablemente este no va a alcanzar para pagar lo prometido. Así, de aprobarse la Mochila hay dos opciones posibles: o los trabajadores perciben menos que lo que les corresponde o el Estado, administrando desde ANSES el fondo, paga la diferencia. Entendiendo que en la propuesta lo que parece imponerse es esta segunda opción (de manera implícita, ya que se afirma cuánto cobrarán los trabajadores y cuánto pagarán los empresarios, pero no se explicita que esos montos no son equivalentes), la Mochila no es otra cosa que un subsidio a las indemnizaciones para las empresas más antiguas, que puede provenir tanto del Estado como de las empresas más nuevas.

Si agregamos variaciones nominales nos encontramos con los mismos problemas de actualización de los ingresos que tiene hoy el sistema previsional. Se confía en que el fondo genere la rentabilidad suficiente como para que a la hora de pagarse se pueda mantener actualizado el valor de las mensualidades. La experiencia de las jubilaciones y pensiones muestra que eso no es tan sencillo, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo, y mucho menos en un sistema que no nace desde cero (con contribuciones pero sin erogaciones, como lo hicieron los sistemas previsionales) sino con un importante pasivo original.

De hecho, una de las cosas que la Mochila no plantea es el régimen de transición, el cual ya se ha mostrado particularmente problemático en cada reforma previsional: ¿a la hora de adoptarse el nuevo esquema las empresas pagarán todas las cuotas “adeudadas” por sus trabajadores en actividad? Es decir, ¿aquellas que conformaron previsiones por despido transferirán esos fondos a la ANSES y aquellas que no lo hicieron tendrán que hacer esos pagos con recursos propios? Si no fuera el caso, pero el régimen entrara en vigencia inmediatamente, estaríamos ante un subsidio inicial monstruoso por parte del Estado. Si lo fuera, las empresas tendrían que hacer frente a un gasto enorme. Si el régimen solo fuera vigente para trabajadores nuevos, con lo que no habría pasivo original y por ende ni necesidad de subsidio extraordinario ni de erogación inicial, se generarían enormes desigualdades al interior de las empresas, coexistiendo trabajadores fáciles y difíciles de despedir. Ante estas disyuntivas, la Mochila solamente hace silencio.

En síntesis, la propuesta de la Mochila Argentina ha de entenderse como un intento, principalmente por parte de grandes empresas, de socializar parte de los costos laborales y, sobre todo, de librarse de riesgos económicos asociados a la contratación. Si bien es una propuesta un poco más decente que la de la ortodoxia más rancia, que directamente pide eliminar las indemnizaciones y, en todo caso, reemplazarlas por seguros de desempleo a cargo de los propios trabajadores y no de las empresas, no deja de ser una alternativa que avanza en la flexibilización laboral y en la disolución de la certidumbre en los proyectos de vida.

En todo caso, lo que tiene sentido es aprovechar este debate para reinstalar la discusión por la necesidad de un verdadero seguro de desempleo, amplio y robusto, que permita hacer frente a las contingencias de la vida (por ejemplo, las pandemias). Esa sí es una cuenta pendiente del sistema de protección social. Es posible avanzar en nuevas estrategias sin que eso conlleve eliminar derechos laborales. En este sentido, podemos celebrar el debate abierto por la Mochila pero al mismo tiempo enfatizar en la necesidad de deconstruir sus conceptos, dado que en su mayoría parten de falacias argumentales o, sobre todo, silencios sobre sus determinaciones.

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