La modernización estatal, otra promesa incumplida

Por: Juan von Zeschau

Columna de opinión escrita en coautoría con Martín Astarita (@elloropoltico)

El gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri inició su gestión en diciembre de 2015 con una presunción respecto del funcionamiento de la maquinaria estatal. Atrapado en anticuadas lógicas burocráticas, demasiado grande y disfuncional, y con severos vicios de clientelismo y poca profesionalidad de sus trabajadores, el Estado argentino, según Cambiemos, exigía una inmediata reestructuración.

La modernización es el concepto clave para comprender la orientación de la reforma estatal que ha guiado a la gestión macrista. Aunque en la Argentina distintos proyectos políticos a lo largo de la historia han recurrido a este concepto, en Cambiemos asumió un significado propio y específico: el Estado se encontraba rezagado en comparación con los sectores más dinámicos del sector privado y con el modelo de administración pública predominante en los países desarrollados.

A fin de concretar su objetivo modernizador, el gobierno nacional dispuso la creación de un Ministerio con ese nombre -hoy reducido a Secretaría- y elaboró un Plan de Modernización del Estado en marzo de 2016. El documento, elaborado sin convocar a gremios estatales, universidades o instituciones de referencia, partía de un diagnóstico impreciso según el cual nuestro país contaba con un “Estado poco cercano a la gente”. Para revertir esa situación, la estrategia oficial propuso tomar como eje de la modernización la incorporación de nuevas tecnologías. La aplicación de softwares de gestión documental, “ecosistemas de innovación tecnológica”, charlas “webinar”, tableros de comando o el fomento de las redes sociales como canales de participación ciudadana, fueron algunos de los mecanismos utilizados en estos cuatro años.

Esta impronta tecnologicista de la gestión Cambiemos, sin embargo, no vino acompañada de una política integral tendiente a fortalecer las capacidades estatales. Por el contrario, fue utilizada para propagar la idea de una modernización a toda marcha, mientras que, al mismo tiempo, se producía un profundo y deliberado deterioro en el empleo público.

El extinto Ministerio de Modernización, rebautizado popularmente como Ministerio de los despidos, tuvo un rol protagónico en este proceso. Desde diciembre de 2015, se avocó a la tarea de reducir la cantidad de trabajadores estatales, contrató consultoras privadas para los análisis de “dotaciones óptimas” y en base a criterios y balances que nunca se dieron a conocer, llevó adelante una política de despidos masivos en la que las motivaciones ideológicas prevalecieron.

El resultado fue una sensible disminución en la cantidad de empleados públicos nacionales. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo, el sector público nacional pasó de 743.376 empleados en 2015 (segundo semestre) a 697.370 empleados en 2018 (segundo semestre), o sea, casi 50 mil trabajadores menos. Cabe aclarar que esta cifra es inferior a la cantidad de despidos totales que hubo durante estos cuatro años (lamentablemente no hay estadísticas oficiales al respecto), pues no tiene en cuenta la incorporación de nuevo personal realizado por el gobierno, a contramano de su prédica de eficientizar y reducir el gasto público. Para reforzar la paradoja, no es ocioso recordar que Cambiemos incrementó en un 25% el número de cargos políticos (1), según se desprende del “GPS del Estado” elaborado por CIPPEC.

En cuanto a la regularización de los agentes públicos, todos los concursos aprobados en 2015 (que implicaron revisión de antecedentes, exámenes y que finalizaron la totalidad del proceso) fueron revocados por la gestión de Cambiemos. La Resolución 379-E/2017 de Jefatura de Gabinete, por ejemplificar, dejó sin efecto decenas de cargos con solo una firma. 

Llamativamente, la actual gestión reservó la apertura de concursos particularmente a la denominada “alta dirección”, y entre 2017 y 2019 los llamados a concursos se avocaron en gran medida a brindar estabilidad a los funcionarios políticos, sobre todo a partir de la derrota electoral del 11 de agosto de 2019.

Con respecto a la formación del trabajador estatal, el INAP, instituto perteneciente al Ministerio de Modernización, amplió el número de cursos virtuales autogestionados, en un intento de aumentar la cobertura. Su lógica cuantitativa, sin embargo, no prestó demasiada atención a la mejora de la calidad de los contenidos y la pedagogía. Resultan extravagantes los cursos del estilo “Espíritu Emprendedor en el Estado”, “Taller de Valores”, “Design Thinking”, “Blockchain en Gobierno”, “Storytelling” o “Business Intelligence”. Sus programas parecen más adecuados a un departamento de marketing del sector privado que a una oficina pública.

Por otra parte, la incorporación de tecnología en el ámbito público -colocación de cámaras de seguridad en los lugares de trabajo, implementación de controles biométricos, entre otros– estuvo orientada no tanto en mejorar la prestación de servicios sino en reforzar los sistemas de control y sanción sobre los empleados públicos.

En definitiva, tras cuatro años de gestión, es posible afirmar que la modernización estatal pregonada por el macrismo es una tarea inconclusa. Las nuevas tecnologías, aplicadas en forma parcial y con una visión sesgada, no fueron acompañadas por una mejora de las capacidades del Estado, especialmente en lo que se refiere al empleo público. Extrañamente esta es una variable que recibe poca atención entre quienes manifiestan preocupaciones institucionales, pero indudablemente la eficacia del Estado para alcanzar sus objetivos depende en gran medida de las condiciones en que trabajan los empleados públicos. La incertidumbre y el temor a perder el empleo, la pérdida de poder adquisitivo, y una continua prédica oficial que apunta a desprestigiar la figura del empleado público frente a la sociedad no parecen las mejores herramientas si lo que busca verdaderamente fortalecer y modernizar la maquinaria estatal. La modernización tecnológica es importante, nadie lo duda, pero nunca podrá reemplazar a las preguntas acerca de “para qué” se incorporan TICs o “qué tipo” de Estado es el que necesita la Argentina para alcanzar el tan ansiado desarrollo.



(1) Información extraída del “GPS del Estado: Radiografía 2017/2018”, CIPPEC (revisión 7/11/2019): https://www.cippec.org/publicacion/gps-del-estado-radiografia-2017-2018/

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