La Pampa, una cuarentena con permitidos

OPINIÓN. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto adhirió a lo actuado por el presidente Alberto Fernández y fue progresivamente flexibilizando actividades para paliar la demanda de diferentes sectores y aliviar el impacto ocasionado por la fuerte caída en la recaudación.


El domingo pasado en la provincia de La Pampa se vivió una jornada atípica después de casi sesenta días de aislamiento social, preventivo y obligatorio. El gobernador Sergio Ziliotto autorizó las reuniones familiares con la posibilidad de traslados dentro de los límites provinciales entre las 10 y las 18 horas. En un día con temperaturas prácticamente de verano la respuesta fue contundente, miles de automóviles se desplazaron por las rutas y el esperado reencuentro familiar fue el tema del fin de semana.

La provincia que supo llevar el nombre de Eva Perón es una de las más jóvenes (1951) y su población no alcanza a representar al 1 por ciento de la población del país. La Pampa es la tercera provincia menos poblada de la Argentina, factor que en innumerables oportunidades resulta perjudicial, aunque es un aspecto favorable en el escenario de una pandemia que impacta con fuerza  en lugares de mayor concentración demográfica.


Situación sanitaria

En la provincia de La Pampa hace más de un mes que no se registran nuevos casos de Coronavirus. Los cinco  importados que se confirmaron en un primer momento fueron dados de alta y  están bajo supervisión estricta unos 863 pampeanos que fueron habilitados a retornar a sus hogares en las últimas semanas.  El operativo para “repatriar” a estudiantes y ciudadanos que quedaron varados tras la declaración del aislamiento se da a un ritmo lento y contempla el alojamiento obligatorio en hoteles hasta descartar la posibilidad de nuevos casos.  Se dieron situaciones de estudiantes que pagaron taxis desde otras provincias y “trucharon” permisos de excepción para intentar regresar a sus hogares pero fueron advertidos, judicializados y rechazados: el temor a que se descontrole la situación epidemiológica prima ante los reclamos de quienes esgrimen dificultades económicas o de otro tipo para seguir manteniéndose fuera de la provincia.

Los recién llegados a la provincia no son controlados por el momento con testeos aunque las autoridades sanitarias esperan contar con test rápidos en lo inmediato que serán aplicados en primer término a trabajadores y trabajadoras de la salud. En cuanto a las muestras por diagnósticos de Covid-19 se analizan en los laboratorios que funcionan en los hospitales públicos de  General Pico y Santa Rosa.

La buena letra, con causa judicial y garrote no entra

Desde que comenzó la cuarentena en la provincia de La Pampa se iniciaron 8.574 causas judiciales a ciudadanos y ciudadanas que no pudieron justificar su salida a la calle. El número resulta exagerado si se lo compara con las registradas en ciudades de mayor población.  Los abusos policiales no son la excepción en la provincia patagónica, organizaciones de Derechos Humanos pidieron -aún en cuarentena- avanzar con la discusión por una nueva ley policial que reemplace a la  Ley Orgánica de la Policía de La Pampa, vigente desde la última dictadura, a la luz de los “abusos y excesos policiales en pueblos y ciudades de la provincia” durante el aislamiento.

Uno de los casos de apremios ilegales más graves sucedió en la ciudad de General Acha donde un joven peón rural -Francisco Vivamdelli-  fue detenido por supuestamente violar la cuarentena, y unos días después trasladado de urgencia a terapia intensiva del Hospital Lucio Molas de la capital provincial con golpes en su cabeza. El muchacho había ingresado a la alcaidía en buen estado de salud y la versión oficial esgrimida durante los primeros días señalaba que Francisco se había “autolesionado” arrojándose de la cama cucheta de su celda. Pero los testimonios del resto de los internos le dieron la razón a la familia: el 28 de marzo a las 7 de la mañana un grupo de policías lo sacó al patio del edificio,  lo obligó a realizar ejercicios y le propinaron una feroz paliza. Un mes después los cuatro efectivos involucrados fueron  formalizados por “vejaciones”.

Lo peor, ¿Está por venir?

La sensación en las provincias donde el COVID 19 no circula pero que de todas maneras cumplen el aislamiento genera sentimientos y posturas encontradas. Durante las primeras semanas prevaleció la certeza de que el escenario sería el peor a la brevedad. La búsqueda de lugares para asistir a posibles contagiados, la adquisición de respiradores, la interrupción de las actividades normales, las colas interminables en los supermercados con consumidores intentando “stockearse” -literalmente a cualquier precio- ante la inminencia de una tercera guerra mundial y el bombardeo de imágenes reflejando el caos en el mundo, impregnaron cierto frenesí al ritmo de una ciudad pequeña y tranquila como Santa Rosa. Con el devenir de las semanas la película de ficción adquirió los ribetes de un verdadero drama y la situación epidemiológica contenida cedió terreno al factor económico que cobró mayor relevancia. En la ciudad que fue récord de desocupados en diciembre de 2019 la caída de la recaudación en coparticipación ya era un tema antes del coronavirus, las medidas para prevenir la llegada de la pandemia resultaron un golpe de gracia para los números de los municipios que debieron  pedir auxilio a las administraciones provincial y nacional a la hora de cumplir con sus obligaciones, también para un comercio deprimido y en vías de extinción después del gobierno macrista.  

El rol del Estado

La Pampa es conocida como una provincia peronista, no es para menos, desde el regreso de la democracia los sucesivos gobiernos fueron de ese signo político. La administración provincial en general es ordenada y a pesar de la discriminación en cuanto a obras y fondos que sufrió durante el gobierno de Mauricio Macri, el 2020 arrancó sin deudas pero con preocupación por la caída de los fondos coparticipables. Entre 2015 y 2019 la interrupción en la llegada de fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales  y el aumento del desempleo derivaron en un incremento del déficit habitacional y el consecuente surgimiento de asentamientos en diferentes lugares de la ciudad capital.

La pandemia y las medidas de aislamiento pusieron de relevancia la grave crisis social heredada de la gestión macrista. Los presupuestos para asistencia social se ampliaron (en el caso de la capital se cuadruplicó) y se habilitaron líneas en diferentes municipios para administrar la demanda de miles de nuevas familias que hasta aquí no habían requerido asistencia alimentaria. El rol de las organizaciones sociales, como en todo el territorio nacional, resultó clave para contener la situación principalmente en las semanas donde el aislamiento fue total.

En términos generales el gobernador Sergio Ziliotto adhirió a lo actuado por el presidente Alberto Fernández y fue progresivamente flexibilizando actividades para paliar la demanda de diferentes sectores y aliviar el impacto ocasionado por la fuerte caída en la recaudación.

Entre las principales medidas anunciadas se destaca el otorgamiento de créditos a tasa 0 por parte del Banco de La Pampa para el pago de salarios y el aumento a los Ingresos Brutos que tributan los bancos privados en la provincia del 9 al 14%.  Ziliotto apeló a la necesidad de que “quienes más tienen más pongan” y recordó que “apelamos a la solidaridad para que den créditos a las empresas y como no la tuvimos tomamos la la decisión desde la fortaleza política de quienes más tengas más pongan”.  Un detalle importante, sólo La Pampa y San Luis   pueden tomar este tipo de decisiones con la banca privada porque no adhirieron al pacto fiscal durante la gestión de Mauricio Macri.

En la fase cuatro de la cuarentena pampeana los comercios están habilitados a abrir de lunes a viernes durante la tarde y los sábados incluso a la mañana. El sector industrial fue recientemente exceptuado y puede mantener su actividad de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Durante los feriados y fines de semana los pampeanos y pampeanas están habilitados a salir durante una hora para esparcirse, el uso del tapabocas es obligatorio. Se estima que en 14 días si la situación epidemiológica no cambia habrá un nuevo domingo para que las familias se encuentren, una suerte de aliciente para renovar el compromiso de respetar el aislamiento teniendo en cuenta que la situación podría volverse más compleja llegado el invierno.

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