Levantamiento social en Chile: tiempos acumulados y convergentes

Por: Gonzalo Delamaza


Resulta difícil establecer el punto de origen de un fenómeno histórico pues siempre existe un antecedente que explica en alguna medida el acontecimiento, y ese antecedente tiene sus propios antecedentes previos, y así la cadena puede llevarnos muy lejos en la historia pasada, tal como plantea Javier Cercas, en Anatomía de un Instante: “La historia es como la materia y en ella nada se crea ni se destruye: solo se transforma”.

Postulo que en el levantamiento social chileno (el llamado 18 O) convergen de una manera acumulativa cuatro ciclos temporales que ayudarían a entender algunos de sus rasgos principales: sus motivaciones centrales, su intensidad, su amplitud, su persistencia y su débil organicidad.

Lo inmediato fue un alza muy menor de precios del Metro de Santiago, pero que contuvo fuertes dosis de tecnocratismo, economicismo, falta de empatía, desresponsabilización del Estado y populismo “modernizador” con cargo al usuario. Todos ellos rasgos presentes en las políticas del gobierno de Piñera.

La alta votación obtenida en la segunda vuelta de 2017 convenció a la coalición de derecha que la sociedad quería una profundización más que una corrección del modelo neoliberal y que el objetivo debía seguir siendo el crecimiento económico continuo. Lo demás —ya lo había dicho el expresidente Lagos— “es música”. En este sentido, se puede decir que Piñera encendió la mecha, pero no más.

Lagos se equivocaba tanto como Piñera. Al menos desde hace 15 años se venía incrementando la conflictividad social, la impugnación de la desigualdad y la demanda de reformas en el país: los conflictos socio territoriales y ambientales; el masivo conflicto en torno a la educación; el también masivo movimiento “No + AFP” por la reforma de pensiones en 2017; el mayo feminista de 2018; por solo mencionar algunos.

En paralelo, se habían impulsado reformas “desde arriba”, particularmente durante el segundo gobierno de Bachelet (2014 – 2018): de la educación pública (desmunicipalización) y la educación superior (gratuidad); reforma tributaria y proceso constituyente. Todas ellas boicoteadas por la oposición de derecha, realizadas a medias e incluso desestimadas por el propio gobierno que las impulsó. Y más tarde sometidas a procesos de contrarreforma en 2018. El crecimiento económico continuaba, pero la insatisfacción crecía.

La crisis tuvo también otro componente: el fuerte deterioro institucional a partir de 2014. Se inició con diversos escándalos de colusión empresarial, seguidos de la evidencia del financiamiento ilegal de la política por parte de grandes grupos empresariales mayormente impunes (por la vía de la intervención política).

El fenómeno se amplió a Carabineros (montajes de inteligencia y escándalos de corrupción no aclarados); y al Ejército, por gastos reservados irregulares y viajes no justificados. La Iglesia Católica tradicional mediador en conflictos—  se vio seriamente deteriorada por los escándalos de abusos sexuales, pederastia y encubrimiento que afectaron directamente a la jerarquía.

El prestigio de la política democrática fue cayendo año a año y ya hace al menos un decenio que los partidos políticos y el Congreso aparecen en los menores niveles de confianza y adhesión ciudadana.

El modelo de gobernabilidad que se implantó en 1990 estuvo detrás de estos resultados. Sus prioridades fueron sostener el crecimiento económico sobre bases privadas, extractivistas, concentradoras y abiertas al exterior y mantener la estabilidad política de una democracia elitista y de baja intensidad organizada en dos bloques (la primera mayoría y la primera minoría) que excluían la transformación de la Constitución elaborada por Pinochet.

Ni la activa y eficaz política social focalizada en los grupos más vulnerables, ni la política representativa incorporaron mecanismos de participación ciudadana incidente que le permitieran a la población ser parte del proceso. Mientras tanto, descendía en cada elección el porcentaje de personas que concurría a votar. En la elección municipal de 2016 votó el 37% de los electores y en la presidencial de 2017 el 47%. Desde 2012, rige el voto voluntario que fortalece la participación de los sectores socioeconómicos altos.

Finalmente, señalemos que el ciclo neoliberal se inició de manera coherente y ampliada bajo la férrea dictadura de Pinochet, de la mano de los economistas de la U. Católica en 1975. Se le expandió a diversas instituciones en 1981 (las siete modernizaciones) y se le mantuvo en lo esencial en el tránsito a la democracia.

La democratización permitió corregir algunas de sus consecuencias más duras, mejorar los indicadores sociales e insertarlo en el contexto internacional. Y tuvo resultados en términos de alto crecimiento y casi nula impugnación hasta mediados de la primera década del siglo XXI. Pero sus éxitos le impidieron reformarse y se basaban en una idea antiutópica: que el destino de la sociedad depende del crecimiento económico, que la política no es una herramienta para intervenir en ello y que, consecuentemente, el Estado no debe crecer más allá de las funciones “subsidiarias” de la acción privada.

Por eso, las manifestaciones de 2019 han escrito en las murallas que “el neoliberalismo nació en Chile y murió en Chile”. Dio todo lo que podía dar, fue “exitoso” en más de un sentido y ya no tiene más para ofrecer. Ese aprendizaje tiene consecuencias globales. Es el ciclo largo de la sociedad chilena que se cierra en 2019.

*Dr. Gonzalo Delamaza – investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER)- Universidad de Los Lagos – Red DEMOS – Chile. 

Diarios Argentinos móvil